Sherlock Holmes advertía a su querido Watson que es un error clamoroso confundir algo extraño con algo misterioso. Y tenía razón. Por ejemplo, una larga instrucción judicial sirve para poder resolver algo misterioso, pero nunca con cosas extrañas. Una premisa que se ha evidenciado en la primera parte de la jornada de este martes en el juicio de la operación Mito, la macrocause por narcotráfico, narco transporte y blanqueo de capitales contra la presunta organización de José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. Un caso en el que, en la pieza de blanqueo, la fiscalía ha implicado como acusado a Gonzalo Boye –el abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont–, que se ha sumado a la casi cincuentena de personas procesadas.
Después de la jornada de ayer, en que el balance fue favorable a las defensas, este martes tocaba la segunda parte de la declaración de uno de los testigos estrella de la acusación, la inspectora de la UDEF 127.263, instructora de los atestados de esta causa. Los abogados de los acusados ayer hicieron fiesta mayor aprovechando que la malvolencia hacia Boye del fiscal Ángel Bodoque y de la policía les hizo perder los márgenes de la acusación y descubrió las costuras de las pruebas incriminatorias. Unas costuras que esta mañana han brillado con luz propia al confirmarse que la policía confiscó un documento que contenía casi toda la estrategia de defensa de Boye. Y fue en uno de los registros precipitados después de que uno de los procesados cambiara la declaración, dos años después de la primera, para incriminar al abogado del exilio.
Una segunda parte complicada
Con esta experiencia previa, esta mañana ha proseguido la testifical de la policía. En un ambiente notoriamente tenso y espeso, ha continuado el interrogatorio del abogado de Boye, Eduardo García. El letrado ha hecho incisivas preguntas y con un tono equilibradamente impasible ha presionado a una testigo que se mostraba reacia en algunas de las respuestas y en clara incoherencia con los detalles que ha dado la otra instructora de los atestados que ha declarado posteriormente, la agente 129.615, también adscrita al grupo 12 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).
El magistrado presidente del tribunal, Félix Alfonso Guevara, se ha tenido que remangar y ha recortado las alas al abogado, que había encontrado detalles en los que incidir en «el extraño» atestado escrito contra Boye. Guevara ha entrado con el comodín de poner el sello de «impertinente» a un buen puñado de preguntas ante la sorpresa del letrado, que ha pedido explicaciones, educadamente, de las zancadillas del magistrado. «¡Quiero que pregunten!», ha exclamado Guevara, «y no que pierdan el tiempo». García no se ha arredrado y ha continuado el interrogatorio sin apenas más interrupción. El mensaje había quedado claro. Muchos detalles en los que incidía en las preguntas, el tribunal ya los tenía claros, incluso en documentos aportados justo antes del juicio por parte del equipo defensor de Boye. «Las conclusiones las hacemos nosotros», ha recordado el magistrado.
Documentos de la defensa en manos de la policía, la fiscalía y la jueza instructora
El abogado ha subrayado con sus preguntas a la inspectora por qué habían registrado el despacho de Boye y por qué se llevaron un material determinado. El «no lo sé» o «piense que hace siete años de esto», han sido los primeros amortiguadores, pero a medida que el letrado indagaba en los atestados, el argumentario policial se reducía. Así ha subrayado que el atestado de 23 de septiembre de 2019, clave para la acusación, se escribe a raíz de la declaración inculpatoria de Manuel Puentes Saavedra, testigo repentino de cargo, después de dos años de investigación, incriminando a Boye y a cambio de poder salir en libertad provisional de acuerdo con el fiscal instructor, Ignacio de Lucas. «En todos los párrafos de este atestado aparece la declaración de Puentes Saavedra… ¡y son siete páginas!», ha señalado García.
El abogado ha comenzado a repasar el material que confiscaron en el despacho a raíz de esta declaración, como el móvil, una memoria USB y documentos de donde extrajeron chats de Whatsapp entre Boye y el despacho de abogados que lleva el caso, García Peña y Andújar. Y lo que es más grave, un documento de 52 páginas a doble columna donde se detallaba la estrategia de defensa. Es decir, en una banda estaba la declaración de Puentes Saavedra y en la otra las respuestas de la defensa de Boye. Todo esto, documentos clave en la estrategia de defensa que llegó a manos de la policía, de la fiscalía y de la jueza instructora sobre la imputación de blanqueo por haber dirigido legalmente la reclamación, ante el Sepblac, de 890.000 euros confiscados en el aeropuerto de Barajas a Manuel González Rubio y cuatro más imputados en la operación Mito. Para la defensa, la admisión de que se confiscó este documento y que se «hicieron los apuntes que estimaron oportunos» por parte de la policía avala la tesis de la «investigación prospectiva» donde además de elaborar una imputación se vulneró el derecho del secreto profesional de Boye, de sus abogados, de otros implicados en el caso, así como del principio de igualdad de armas que debe regir un juicio justo.
