La Guardia Civil ha registrado este miércoles por la mañana el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por orden del Tribunal Supremo. El magistrado Ángel Luis Hurtado ha dado luz verde a la Guardia Civil para buscar documentos, correos electrónicos y mensajes de su móvil en la causa que tiene abierta contra Ortiz por presunta revelación de secretos sobre la causa por fraude fiscal de Albert González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado del Supremo explica que ha ordenado la diligencia “con el objetivo de proceder a la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y otros efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos”. La entrada al despacho de Ortiz se podía llevar a cabo a partir de las 10:00 de la mañana de este miércoles. Fuentes judiciales han explicado que la Guardia Civil ha sido puntual y que antes del mediodía ya habían finalizado el registro.
El juez ordena intervenir móviles y ordenadores
En el marco de la investigación, el juez instructor también ha autorizado la “intervención de documentación en soporte papel o informático que tenga relación directa con los hechos investigados”. También ha permitido la “intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente”, de “cualquier tipo de material” que se haya podido “usar o que pudiera servir como indicio o prueba de la comisión de los hechos objeto de investigación”.
El juez también ha ordenado a los agentes que se lleven todos los teléfonos móviles del fiscal general, así como cualquier otro dispositivo electrónico que llevase consigo y ha autorizado el volcado de sus cuentas de correo, perfiles de redes sociales y cualquier otro repositorio de Internet.
El Supremo insta a Ortiz a buscar abogado
El magistrado Ángel Luis Hurtado había instado al fiscal general del Estado a buscarse un abogado para que lo defienda en la causa por revelación de secretos. En el auto, el juez explica que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguex Fernández, está representada por la Abogacía del Estado, pero que “no consta ninguna representación por parte de Álvaro García Ortiz” y procede a requerirle que “designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión”.
Fuentes judiciales han adelantado a Europa Press que será la misma Abogacía del Estado quien se encargue de representar a García Ortiz durante el procedimiento judicial. Asimismo, Hurtado ha dado cinco días a las acusaciones populares personadas –Fundación Foro Libertad y Alternativa, Manos Limpias, el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) si se quieren agrupar, tal como prevé la ley. En cambio, el magistrado explica que resolverá en otro auto las diligencias que Alberto González Amador, que actúa como acusación particular, ha pedido practicar, así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que pide Manos Limpias.
