Ochenta años después del fin de la II Guerra Mundial y de la caída del régimen nazi y del Holocausto, la fiscalía española ha anunciado que comienza a investigar la colaboración del régimen franquista con el de Adolf Hitler. Este lunes, la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y en base a la ley de memoria democrática, ha anunciado la «incoación de diligencias de investigación para aclarar las responsabilidades pertinentes» de las autoridades franquistas españolas que tenían todo el poder del Estado.
Delgado investigará la «existencia de una posible estrategia conjunta entre la dictadura española encabezada por Francisco Franco y el Régimen Nazi en la detención y posterior exterminio». La Fiscalía centrará las tareas en los desaparecidos y muertos en los campos de exterminio y de concentración. Especialmente, en los campos de Mathausen (Austria) y Gusen (Alemania) donde fueron «sometidos a trabajos forzados, tortura, desaparición y asesinato».
El Registro Civil, el origen
Según explica la Fiscalía, Delgado solicitó al Fiscal General liderar esta investigación tras tener conocimiento del expediente tramitado por la magistrada del Registro Civil Central para la inscripción del fallecimiento de los 4.435 españoles muertos, principalmente en esos campos. Una cifra dura porque muchos nombres y restos aún no han podido identificarse.
La incoación de estas diligencias tiene por objetivo aclarar las graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas en el contexto de crímenes contra la humanidad. La decisión coincide con la celebración del 80º aniversario de la liberación del campo de exterminio de Mauthausen. En todo caso, Delgado considera que es necesario esclarecer estas responsabilidades que, a su juicio, no han prescrito los delitos.
Delgado toma esta decisión con la toga de fiscal especializada aunque la sala contenciosa del Tribunal Supremo consideró que su nombramiento había sido irregular. Una resolución que se recurrió ante el Tribunal Constitucional que inadmitió los recursos interpuestos.
