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El ministerio público considera que la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debe ser quien decida la aplicación de la amnistía a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dejando de lado las cuestiones prejudiciales presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El primer teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña y especialista en delitos de corrupción, Pedro Ariche, ha presentado un informe en respuesta a la petición de las defensas con el que aportaba las sentencias del TJUE, del Tribunal Constitucional y las interlocutorias sobre la malversación de los procesados del 1 de octubre. Un escrito con el que los abogados solicitaban al tribunal retirar las cuestiones prejudiciales que presentaron y mantuvieron después de las dos primeras sentencias del TJUE que avalaban la ley del olvido penal para el independentismo.

El fiscal insiste en su escrito, de cinco páginas y al que ha tenido acceso El Món, que el ministerio público no instó en su día la interposición de cuestión prejudicial ante el TJUE. De hecho, es bastante similar al informe presentado el 30 de julio que se expresaba en los mismos términos. Sin embargo, apuntando que seguía la instrucción general de la fiscalía para aplicar la amnistía. Por lo tanto, el ministerio público constata que nunca apoyó llevar el caso a la jurisdicción europea.

Su posicionamiento es claro. Así la fiscalía considera que «deberá ser la misma Sala la que, sobre la particular comprensión del delito de malversación de caudales públicos por parte de autoridad o funcionario público que ha hecho el Tribunal Constitucional y ha aplicado el Supremo, proceda de oficio a retirar la cuestión formulada». En cambio, si considera que no tiene nada que ver o hay diferencias entre los delitos imputados a Jové y Salvadó, que las mantenga. La sala aún no se ha pronunciado.

El fiscal Pedro Ariche, en un moment de la vista
El fiscal Pedro Ariche, en un momento una vista al TSJC

No es exactamente igual

De todas formas, el fiscal Ariche hace un punto y aparte, y analiza el contenido de las resoluciones aportadas y las dudas expresadas por el TSJC sobre si las cuestiones resueltas por el TJUE también resuelven las planteadas por la sala. El fiscal concluye que «no capta una completa identidad entre el abordaje específico del delito de malversación de caudales públicos por parte del Tribunal Constitucional» en la sentencia de Dolors Bassa y «la concreta perspectiva» del tribunal. Ariche recuerda que la cuestión del TSJC «descansa no en las consecuencias de la secesión de una parte del territorio de un estado miembro de la Unión Europea sino en la comprensión adecuada del término corrupción en el ámbito propio de las Directivas» que el tribunal citó para comprender el alcance y el significado de la malversación en términos de derecho europeo.

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