Quedarse en medio. Esta es la posición del ministerio fiscal ante la petición de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de retirar la cuestión prejudicial que presentó sobre la aplicación de la ley de amnistía que tenían pendiente después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En un informe al que ha tenido acceso El Món, la Fiscalía Superior de Cataluña no muestra ninguna oposición a retirar una cuestión prejudicial y lo deja en manos de la sala. Al fin y al cabo, el ministerio público recuerda que no instó la cuestión prejudicial y que fue a iniciativa del tribunal. Por otro lado, recuerda que la sentencia del TJUE está relacionada con la malversación por la que están acusados los dos líderes de ERC, pero, en todo caso, esta relación la debe valorar la sala y si «da por contestadas las preguntas», retirar de oficio la cuestión y dictar la resolución pertinente.
El fiscal del caso, y teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña, Pedro Ariche, asegura en su escrito que «más allá de pronunciamientos genéricos que puedan trasladarse al presente procedimiento, no detectamos una completa identidad entre las cuestiones abordadas y resueltas por las sentencias del TJUE». En esta línea, el fiscal, en su escrito de cuatro páginas, recuerda que el ministerio público no consideró procedente, en julio de 2024, la presentación de las prejudiciales, y que estaba a favor de aplicar la ley del olvido penal a Jové y Salvadó.
En manos de los togados
Ariche afirma que deberá ser la sala del TSJC la que, si entiende que las dudas planteadas en su prejudicial ya han quedado resueltas por la sentencia del TJUE, «proceda de oficio a retirar la cuestión formulada, o mantenerla en caso contrario». En definitiva, se lava las manos a pesar de enfatizar que el ministerio público se pronunció a favor de la amnistía para los dos secretarios generales que Oriol Junqueras, tenía como presidente y como consejero de Economía.
