En el país de la Virgen negra y el gorila blanco todo es posible. Incluso que el ministerio público pida el archivo de una causa contra varios manifestantes independentistas acusados por la Generalitat y por Vox por unos disturbios en un mitin electoral de la formación en Vic (Osona), en el contexto de la campaña para las elecciones al Parlamento del año 2021. El pasado mes de octubre, el Gobierno y Vox presentaron sendos escritos de acusación en los que pedían juzgar a varios activistas por diversos delitos. La fiscalía, en cambio, solicitaba el sobreseimiento del caso. Ahora, el ministerio fiscal ha dado un paso más y, en un nuevo escrito al tribunal de instrucción de Vic número 4 al cual ha tenido acceso El Món, pide la absolución de los cinco acusados porque considera que no se ha acreditado que ninguno de los imputados tuviera ninguna responsabilidad en el lanzamiento de huevos, botellas y petardos que hubo o que «violentaran las furgonetas» de Vox. Así, el ministerio público, delegado especial de los delitos de odio en la fiscalía de Manresa-Vic-Igualada, ha propuesto varios medios de prueba para acreditar y defender su posición, como los interrogatorios de los acusados y una ingente cantidad de prueba documental que conforma los atestados de los Mossos d’Esquadra. La defensa del caso ha interpretado el escrito como una ayuda indiscutible en el proceso a la hora de plantear el escrito de defensa.
La Generalitat y Vox van a la par
Las diligencias se iniciaron el 6 de febrero de 2021, a raíz de un acto electoral de Vox en la plaza Mayor de Vic, donde participaban el entonces secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, y el cabeza de lista por Barcelona, Ignacio Garriga. Varias convocatorias concentraron a decenas de personas al grito de la lucha antifascista y lanzaron piedras, huevos, latas y paquetes de harina cuando los líderes de Vox los tildaron de “sucios” y “totalitarios”. La imagen de la jornada se la ganó un joven que se subió a una furgoneta de la comitiva política de Vox. Una vez finalizado el acto también hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
El escrito de acusación de la Generalitat pedía penas de hasta seis meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad del artículo 550 del Código Penal y 240 euros de multa por un delito de lesiones a tres de los encausados, así como responsabilidad civil por importe de 731,52 euros. En cuanto a Vox, subía el listón y los acusaba de un delito de alteración del orden electoral, de desórdenes públicos, de un delito de odio, otro de atentado contra la autoridad, y también de delitos de lesiones y de daños. Las penas que reclama la formación ultra ascienden hasta los 8 años y medio de prisión, multas de 2.880 euros y una indemnización por responsabilidad civil de diez mil euros.
