En pleno debate sobre la competencia de la Audiencia Nacional para poder juzgar a la familia Pujol Ferrusola, el tribunal ha ordenado, antes de nada, evaluar el estado de salud del presidente Jordi Pujol. El objetivo es valorar si puede participar en el juicio contra él y su familia que comienza el 24 de noviembre en la sede del Tribunal en San Fernando de Henares, en Madrid.
La sala ha dictado una providencia con la decisión después de que la defensa del expresidente, que ahora tiene 95 años, presentara dos informes y solicitara justamente que lo visitara un forense para evaluar su estado de salud. El hecho de que el juicio dure semanas y se celebre en Madrid y el delicado estado de salud del expresidente impulsaron a los abogados de la defensa a intentar que el presidente no tenga que viajar y pueda hacer su declaración desde Barcelona.
Una larga instrucción
El juicio que debía comenzar el 8 de noviembre ya se ha pospuesto para el 24 de noviembre, pero ahora habrá que decidir sobre cuestiones previas como si el caso debe ser juzgado en la Audiencia Nacional o en los tribunales ordinarios de Barcelona. La familia Pujol enfrenta acusaciones de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la hacienda pública y frustración de la ejecución. La fiscalía solicita 9 años de prisión para Jordi Pujol, y penas que van de los 8 a los 29 años para sus hijos y Mercè Gironès, expareja de Jordi Pujol Ferrusola.
La vista oral llega después de una larguísima instrucción que cerró el titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tras archivar varias piezas separadas como la famosa pieza de los «tres mil millones de los Pujol». El caso se remonta al año 2014 con una duplicidad de investigaciones impulsadas por la policía patriótica a través de denuncias preparadas como la de la expareja sentimental de Jordi Pujol Ferrusola.
