Nueva vuelta de tuerca el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona para evitar que la amnistía pase por encima la causa del Volhov. El magistrado Joaquín Aguirre ha dictado una interlocutoria con la cual considera investigados por un delito de traición y de malversación a Carles Puigdemont, Artur Mas, Jordi Sardà, Elsa Artadi, Víctor Tarradellas, Francesc de Dalmases, Carles Porta, Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye, Natàlia Boronat, Alexander Dimitrencko y Zeus Borrell. Todo ello por la presunta trama rusa del Proceso. Al periodista Carles Porta lo imputa porque estaría al corriente de una virtual reunión catalano-rusa el 26 de octubre de 2017 que solo el juez se traga. Incluso, apunta que es «periodista y amigo del presidente Puigdemont» y que participó «los actos previos y posteriores» con los «emisarios rusos».
La interlocutoria, de 56 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, el juez se compromete a remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo para que procese Puigdemont. En definitiva, el juez abre una pieza separada por la supuesta «injerencia rusa» en el proceso independentista del Primero de Octubre de 2017. Una injerencia que ya fue descarta por un contundente archivo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, después de meses con la causa secreta. De hecho, el caso lo ha reabierto y ha continuado la instrucción cuando la Audiència de Barcelona ordenó terminarlo. El juez se ha obsesionado a vincular el Kremlin con el Proceso de Cataluña a base de creativos relatos donde mezcla la causa del Tsunami Democrático o los Comités de Defensa de la República, los CDR.
Potencia extranjera y guerra híbrida
A lo largo de la resolución judicial, el magistrado, ayudado por los analistas del Cuerpo Nacional de Policía, considera que los encartados trabajaron «la concertación con una potencia extranjera», como era Rusia, «para favorecer la secesión de una parte del territorio español». Un hecho que, a parecer suyo, «constituiría un delito de traición, puesto que del relato efectuado queda indiciariamente acreditado que se han utilizado elemento de la guerra híbrida».
En este sentido, el magistrado vuelve a armar su relato con información de prensa, y con las conversaciones obtenidas de los móviles confiscados en la razzia de octubre de 2021 cuando estalló el sumario Volhov, donde extrajeron agendas y aplicaciones de mensajería de diversas. Un mezcla a conveniencia que el juez transforma con una «estructura piramidal» donde arriba de todo sería Puigdemont y por debajo se ubicarían «Alay y Boye, que desarrollarían la tarea intelectual y de planificación de las diferentes acciones dirigidas a conseguir contactos próximos al gobierno ruso para ganarse el reconocimiento de Rusia en una eventual república catalana que, como se ha denominado excelsamente, para los sucesivos líderes políticos del proceso ha sido uno de los requisitos para conseguir convertirse en un estado».
Muchos datos y Carles Porta
En la resolución el juez se autocita y asegura que «ha revisado otra parte importante de la abundante documentación existente (aunque no toda) a las diferentes piezas de la presente causa». Una revisión que, según Aguirre, «le ha permitido encontrar datos que identifican personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos, otros miembros influyentes de partidos políticos de la extrema derecha alemana o italiana y con intereses a establecer relaciones de influencia política y económica con el gobierno de Cataluña, si este se independizaba de manera unilateral de España, o bien se iniciara una guerra entre la Unión Europea y Rusia».
Sobre Carles Porta, el juez extrae supuestas conversaciones con Víctor Tarradellas, sobre detalles de la virtual negociación con representantes rusos. Unos
De Artur Mas a Pedro Sánchez, los espías rusos
La delirante interlocutoria del juez Aguirre, apunta el presidente Artur Mas como uno de los sesos de la trama rusa. Por el magistrado, Mas «eligió la reivindicación identitaria catalana como medio para propulsar su permanencia al poder, creando una conciencia excluyente de colectividad propia diferenciada del resto de España, si bien susceptible de amistad fraternal con otras colectividades parecidas a su como el País Vasco, siente el enemigo de la colectividad catalana España». Incluso, le imputa la difusión del lema «España nos roba».
En cuanto a Pedro Sánchez, el delirio sale del todo de madre. Así a la resolución, asegura que «si en el futuro a algún historiador le interesara hacer una investigación sobre la injerencia rusa al proceso como ejemplo del que, según la Prensa, parece haber sucedido en otros países de Europa, situaría como fecha de inicio real de la investigación judicial de tal injerencia el día 18 de mayo de 2018, casualmente el mismo día en que se firmó la sentencia del llamado caso GÜRTEL, que se notificó una semana más tarde». «Esta sentencia», prosigue, «hizo caer el Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy y dio entrada al gobierno a una coalición liderada por el PSOE junto con otros partidos políticos de corte marcadamente independentista». «Esta coincidencia histórica marcaría el devenir de la investigación judicial de la injerencia rusa», concluye relacionando la entrada de Sánchez a la Moncloa con el Kremlin.
Continúa contra Tarradellas
La resolución también sigue la pieza sobre la malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en la concesión de subvenciones públicas por la Diputación de Barcelona, el Departamento de Presidencia, la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo y el Ayuntamiento de Barcelona a las entidades Fundación CATMÓN y la Asociación IGMAN. Aguirre también pide en calidad de testigo lo clonado de los teléfonos móviles que la Guardia Civil hizo a los investigados David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler i Josep Lluís Alay.
