Respuesta en Twitter del Departamento de Interior a la sanción de 601 euros impuesta contra Josep Rafael, el testigo que retrató y grabó al mosso que pegó al exvicepresidente del Parlamento Josep Costa durante la concentración contra la cumbre hispano-francesa de enero. Ha sido Sònia Andolz, la directora general de Administración de la Seguridad, la responsable de la aplicación de la ley de seguridad ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, la que ha contestado a raíz de la publicación de la noticia d’El Món. En un hilo de Twitter, Andolz –un cargo que depende directamente del consejero de Interior, Joan Ignasi Elena– asegura que hoy por hoy solo se ha comunicado al afectado «la incoación del procedimiento», obviando que en la comunicación que le han enviado ya ofrecen al testigo denunciado reducir a la mitad el importe de la multa con la condición de que no haga alegaciones: si lo acepta el procedimiento ya sería irreversible.
En su hilo, Andolz incluso acusa a la población de no saber leer las resoluciones, cosa que sí que saben hacer los juristas. En todo caso, fuentes de Interior aseguran a El Món que la sanción todavía no es firme y que, si se presentan alegaciones, las estudiarán. Fuentes de la defensa de Josep Rafel acusan a Interior de «rectificar utilizando un tecnicismo estúpido».
En su hilo de tuits, Andolz también culpa al Estado de la existencia de la ley mordaza y de su carácter obligado, a pesar de los supuestos esfuerzos que hace el departamento para rebajar los efectos. «La ley 4/2015 (llamada ley mordaza) tiene muchos artículos de diferente aplicación», indica Andolz. «Desde que llegamos, trabajamos para reducir el impacto de esta ley restrictiva sobre los derechos y garantías de la ciudadanía. No es sencillo: es una ley estatal de obligado cumplimiento», se desgañita. Curiosamente, la multa llegó justo cuando el departamento se vanagloriaba a principios de la semana pasada de rebajar el contenido sancionador de la ley.
«Una notificación casi automática»
Andolz continúa manifestando que «el funcionariado tiene que poder ejercer sus funciones sin intromisión y con garantías y es responsabilidad nuestra poder dar herramientas para esta aplicación más progresista de la ley». De hecho, asegura que «así lo estamos haciendo». «No es rápido: un expediente tiene diferentes fases hasta que es firme», insiste. «Cuando una persona recibe un acuerdo de iniciación, está recibiendo una primera notificación casi automática a consecuencia de una acta que recoge unos indicios», resalta Andolz. «Entonces la persona puede hacer alegaciones y es aquí cuando se aplica la interpretación progresista jurídica que estamos promoviendo», añade. «Hasta que no hay una resolución, no hay ninguna sanción. Y las resoluciones, en este caso, las firmo yo y asumo la responsabilidad. De todas las que han resuelto archivar sin sanción desde junio de 2021, también», sentencia.
La defensa de Josep Pagès, sin embargo, ve en las palabras de Andolz una rectificación en toda regla, aprovechando que la sanción todavía no es firme a la vista del alboroto que ha levantado. Y más cuando las imágenes objeto de sanción son prueba penal en un juzgado por lesiones. «Es un tecnicismo estúpido, porque el mismo acuerdo ya avanza que, si pagas la mitad de la sanción y no haces alegaciones, queda todo liquidado«, subrayan desde su defensa. «Solo faltaría que no pudieras hacer alegaciones en un procedimiento sancionador, sea este caso o una multa de tráfico», arguyen. «En la administración no existen las resoluciones ‘casi automáticas'», ironizan las mismas fuentes. Así mismo, recuerdan que incoar un expediente de este tipo genera un
