La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve ningún delito. Esta es la valoración del ministerio público sobre la incorporación a las candidaturas de EH Bildu, para las elecciones del 28 de mayo, de 44 personas condenadas por delitos de terrorismo. En un decreto de solo tres páginas firmado esta misma mañana, el ministerio fiscal ha decidido archivar las diligencias incoadas a raíz de la denuncia de la asociación Dignidad y Justicia, interpuesta el pasado 11 de mayo, porque querían, además de impugnar las listas, abrir una causa penal contra los dirigentes de las formaciones.
La denuncia también fue ampliada el pasado 16 de mayo, donde la asociación impulsora recogía el anuncio de siete candidatos de la formación abertzale de no recoger el acta si salían escogidos. Una decisión del partido que los denunciantes consideraban que no producía ningún cambio en la primera denuncia. El ministerio fiscal ha respondido hoy abriendo las diligencias para, acto seguido, archivarlas, porque no ha detectado «ningún tipo de infracción penal».
«Análisis riguroso de la denuncia»
En el escrito de archivo, la fiscalía asegura que ha llevado a cabo un «análisis riguroso de la denuncia» y «después consultar los documentos oportunos, referentes a las condenas impuestas y su cumplimiento, respecto de las personas a las cuales se hace expresa referencia en el escrito de denuncia, concluye que los hechos no son constitutivos de ninguno ilícito penal». De hecho, los fiscales de la Audiencia Nacional detallan que han pedido el certificado de antecedentes penales de todos los denunciados por la asociación.
En este contexto, fiscalía recuerda que la circular 2/2022 de 20 de diciembre de la Fiscalía General del Estado, que regula la actividad extraprocesal del ministerio público en el ámbito de la investigación penal así como la documentación aportada, obligan al archivo de la denuncia. Ahora bien, el mismo decreto avisa a los denunciados que la competencia sobre listas electorales es responsabilidad de las Juntas Electorales, que llevan a cabo el control de la legalidad de las candidaturas presentadas por partidos, coaliciones, federaciones o agrupaciones.
