La presidenta de la sección penal de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, se ha arremangado. Fiel a su estilo pragmático, ha comenzado a dirigir uno de los juicios estrella de este 2026, la operación Kitchen, con mano de hierro pero con suficiente cuidado para no poner más pan que queso en una vista oral bastante compleja. De hecho, la imagen de la funcional sala de vistas de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares ya era bastante contundente.
En la primera fila, delante de los ojos de los magistrados, estaban sentados de izquierda a derecha, un exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía Eugenio Pino y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas. Y, en el estrado de las defensas, un viejo conocido del tribunal, el comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo, que, como abogado, participa de su defensa.
Todos acusados, con diversos niveles de gravedad, por encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y soborno. Un caso más que turbio que destapó las marrullerías de la policía patriótica y destapó la caja de los truenos de dispositivos como la operación Cataluña. En este escenario, la sala penal ha empezado un juicio por las cuestiones previas, una fase que será densa a la vista de la cantidad de acusaciones y de defensas que participan de una vista oral que se prevé que se alargue hasta el 30 de junio. La petición de excluir las grabaciones clave de la instrucción, la falta de competencia de la Audiencia Nacional y la falta de delimitación de los delitos han sido las bases de las cuestiones previas.
Más datos para incorporar
El ministerio fiscal ha solicitado incorporar más pruebas, consistentes en audios que fueron confiscados en los registros del domicilio del comisario Villarejo en el marco de la macrocausa Tándem. Y la acusación popular del PSOE también ha reclamado incorporar más audios para poder articular aún más la acusación. Por parte de la defensa, el abogado de Jorge Fernández Díaz, Jesús Mandri, ha negado la competencia de la Audiencia Nacional porque no hay «conectividad» entre la causa Tándem y la «mal llamada pieza 7» que es la que hoy ha comenzado el juicio.
Es decir, que, según ellos, la operación Kitchen, contratar con fondos reservados al chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas para conseguir documentos sensibles para los dirigentes populares, no tiene nada que ver con la «red de corrupción de Villarejo». Asimismo, se ha sacudido las pulgas de este operativo y ha apuntado hacia la cúpula policial y a su segundo, Francisco Martínez, cualquier responsabilidad, negando tener ninguna. Además, ha reprochado a las acusaciones que le hayan añadido delitos por los cuales no ha sido investigado por la Audiencia Nacional. El objetivo era delimitar el objeto de la acusación y anular las grabaciones. Pedro Colina, abogado de Francisco Martínez, también se ha sumado a las cuestiones previas de la defensa de Fernández Díaz.
