Después de la Semana Santa, los dos grandes partidos de la política española, PP y PSOE tendrán que pasar por un segundo viacrucis. En este caso judicial. Este lunes, los primeros en sentarse en el banquillo de los acusados serán toda una generación del PP, con el exministro del Interior de Mariano Rajoy Jorge Fernández Díaz al frente, por el caso Kitchen. Un operativo policial de la brigada política del Ministerio del Interior que sirvió, de rebote, para destapar los métodos, los procedimientos y los ejecutores de lo que sería la operación Cataluña. Será en la Audiencia Nacional después de una larguísima instrucción dirigida por el juez ya jubilado Manuel García-Castellón, dentro de la macrocausa Tándem, sobre las actividades del comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo.
Y, por otra parte, al día siguiente será otra generación, en este caso del PSOE, con el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, por el caso Mascarillas, en esta ocasión lo harán en el Tribunal Supremo. Un sumario que destapó las presuntas maniobras de miembros del PSOE para cobrar comisiones aprovechando la pandemia de la Covid y la compra y distribución de material sanitario. Un caso que ha generado otra derivada que ha llevado al relevo de Ábalos en la secretaría de Organización, a Santos Cerdán, negociador del acuerdo de investidura con Carles Puigdemont en la cárcel, por unas supuestas comisiones a cambio de obra pública.
La Kitchen, un desastre de la «piedra Rosetta de la corrupción»
La Kitchen es el paradigma de la superación de los límites de la policía patriótica. En resumen, fue una operación encomendada por parte del ministerio del Interior, a la brigada política ubicada en las cloacas del Estado. El objetivo era recuperar los «papeles de Bárcenas», es decir, la multitud de documentos que tenía Luis Bárcenas, extesorero del PP, sobre las irregularidades de los populares y sus conexiones con estructuras de corrupción. Unos papeles que contenían información delicadísima sobre el partido que ostentaba el poder de la Moncloa y con tentáculos en todas las estructuras de poder del Estado.
Miembros de la policía patriótica admiten en conversación con el Món, que la Kitchen superó los «márgenes de la policía patriótica». «Una cosa es actuar al margen de la legalidad para salvar España, para detener el independentismo, para acabar con ETA o desactivar células yihadistas o grandes redes de crimen organizado; ahora bien, otra cosa, es actuar para salvar el culo de los políticos, eso es otra cosa y es otra tarifa», detallan. De hecho, admiten que la Kitchen fue un «uso partidista de un recurso extraordinario del Estado para intereses poco legítimos».
En todo caso, la Kitchen sobre todo sirvió para radiografiar cómo actuaba la cloaca política y policial española. García-Castellón admite, en sus memorias Habla, para que se conozca (Ediciones Deusto, 2025), que el caso es la «piedra Rosetta de la corrupción en España». De hecho, alertaba que a pesar de la espectacularidad de esta pieza separada de la macrocausa Tándem, solo era una ínfima parte del «1% que se había llegado a saber de las operaciones de la policía patriótica a lo largo de 30 años».
Chóferes, policía y un falso cura
El caso Kitchen tiene todos los elementos de una composición teatral tragicómica. Un tesorero de un partido importantísimo y con poder, absolutamente despistado amenaza con servir a trozos y pedazos la financiación irregular del PP. A partir de aquí, el ministerio del Interior en manos de Fernández Díaz y su segundo, Francisco Martínez, alias Paco Bomba, encargan a la policía patriótica que en una operación clandestina consigan recuperar los documentos.
El operativo se planea bajo el mando de Eugenio Pino, entonces exdirector adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y ahora por ahora, único condenado por la operación Cataluña. Su ejecución estará a cargo de un veterano del servicio como el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, y el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, el amo y señor de la imprescindible Unidad de Apoyo Operativo del CNP (UCAO, en el acrónimo español), ahora incapacitado a raíz de un ictus.
El plan fue captar al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, también procesado en la causa, a cambio de dos mil euros en negro cada mes a cargo de los fondos reservados y una plaza, sin oposición, en el Cuerpo Nacional de Policía, además de una pistola de cerámica de regalo. De hecho, el nombre de la operación Kitchen (cocina en inglés) provenía de considerar a Ríos como «cocinero». De hecho, en las conversaciones de los audios registrados en el sumario, se refieren a Ríos como «cocinero». El caso tuvo momentos oníricos, como el del falso cura Enrique Olivares García, que intentó secuestrar a la mujer de Bárcenas, y que murió internado en la cárcel.
El descubrimiento y la operación Cataluña
La guerra abierta dentro del ministerio del Interior por el caso del Pequeño Nicolás y el caso Gao Ping u Operación Emperador propició que se acabara de destapar la operación Kitchen, y de rebote, la operación Cataluña. Tanto es así que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) firmó la “pieza reservada 1”, a la cual ha tenido acceso El Món, donde consta un informe donde se reportan todos los recibos del dinero reservado a la operación Kitchen. En concreto, hay los recibos, facturas, tiques, justificantes de cobro y de retirada de fondos, así como los reembolsos de gastos. En el listado aparece un recibo firmado el 10 de diciembre de 2013 por Enrique García Castaño, titulado Pago de Operaciones, donde hay cuatro pagos, uno de ellos computado como “gasto de localización de mossos”. Es decir, dinero para captar confidentes o para los investigadores que se desplazaron a Barcelona para buscar topos de la misma Comisaría General de Información de la policía catalana. Una información, sin embargo, que se clasificó y que el juez remitió al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
Un detalle más de la ingente cantidad de material, como audios, correos, whatsapps y notas policiales y un trabajo de hormiga de la Unidad de Asuntos Internos ha podido describir la operación por la cual la fiscalía no se ha estado de elevar las peticiones de penas. Así, para el exministro del Interior pide hasta 15 años de prisión y 33 años de inhabilitación. Para Villarejo, 19 años de prisión, 33 años de inhabilitación absoluta y 9 de especial, por los delitos de encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y soborno.
A Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, que fue el topo de la operación 12 años, cinco meses y 15 días de prisión, más 13 años y 9 meses de inhabilitación absoluta por los mismos delitos que Fernández Díaz. Para Pino, 9 años de prisión y 21 de inhabilitación con el mismo argumento de tipicidad penal que el resto de encausados. Y al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, 12 años de prisión y 21 de inhabilitación. Al exjefe de la División de Asuntos Internos del CNP, Marcelino Martín Blas, dos años y seis meses de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de encubrimiento. Y a Andrés Manuel Gómez Gordo, miembro del Cuerpo Nacional de Policía, le solicita 15 años de prisión y 48 años de inhabilitación absoluta.
