Contundente sentencia y resolución que podría provocar un efecto dominó en otras resoluciones pendientes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en contra de la opinión del abogado general Maciej Szpunar, ha anulado este jueves la decisión del Parlamento Europeo de marzo de 2021 de retirar la inmunidad europarlamentaria al presidente en el exilio Carles Puigdemont, y a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, eurodiputados de Junts en la anterior legislatura (2019-2024). Una resolución que llega cuando ni Puigdemont es eurodiputado, ni Ponsatí milita en Junts y solo Comín mantiene la expectativa de continuar en Bruselas.
El tribunal con sede en Luxemburgo otorga la razón al exilio, y a su defensa, y contradice la posición de los abogados de la Eurocámara que avalaban retirar la protección parlamentaria a Puigdemont, Comín y Ponsatí a petición del Tribunal Supremo, que los quería juzgar por sedición, malversación y desobediencia en el caso del 1-O. El tribunal considera que el ponente de los suplicatorios podría percibirse como no imparcial. Los efectos inmediatos de la resolución podrían beneficiar a Toni Comín, pendiente de recoger el acta de eurodiputado, precisamente, por estar procesado por el Tribunal Supremo.
Una casación a la resolución del TGUE
De hecho, esto se prolonga desde 2021. Esta resolución es la respuesta al recurso presentado por los tres, contra la sentencia del Tribunal General, dictada el 5 de julio de 2023 sobre la decisión del Parlamento Europeo de no otorgarles la inmunidad parlamentaria y otorgar el suplicatorio a la justicia española, el 9 de marzo de 2021. El recurso presentado buscaba implicar más al TJUE en los derechos parlamentarios. Al fin y al cabo, las defensas confiaban en que normalmente, el TJUE es más audaz en la defensa de los derechos de los parlamentarios que el Tribunal General de la Unión Europea, que es de la jurisdicción administrativa y defiende con más facilidad la decisión de la Eurocámara.
Uno de los puntos fuertes del recurso era la falta de imparcialidad de Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la comisión Iuri, encargada de tramitar los suplicatorios, y del ponente del suplicatorio, eurodiputado búlgaro del mismo grupo de Vox, Angel Dzhambazki. Vázquez ya ni milita en una formación clausurada políticamente. Ahora bien, el tribunal es contundente a la hora de razonar su resolución con una crítica al ponente más que contundente. «Es procedente declarar que este ponente no ofrecía suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima de los recurrentes en cuanto a un posible prejuicio desfavorable hacia ellos, por lo que no se podía considerar que cumplía con la exigencia de imparcialidad», concluyen para dar la razón al exilio.
