Octava jornada del juicio contra la familia Pujol-Ferrusola en la Audiencia Nacional. A medida que el listado de testigos se reduce -ya sea porque han comparecido o porque han fallecido (esta mañana se ha comunicado otro caso)- la vista oral gana dificultad, como una libreta de sudokus o las pantallas de un juego de Nintendo. Todo debido a que la Fiscalía ha construido una acusación acumulando una serie de operaciones de Jordi Pujol Ferrusola o su exesposa, Mercè Gironès. Además, los testigos aparecen con un orden bastante particular, es decir, los que declaran presencialmente antes que los telemáticos, independientemente del orden de las cuestiones que se debaten. Dos condiciones que obligan a seguir la vista con un GPS para saber a qué operación corresponde cada testimonio. Y, como en Pulp Fiction, se entra en la peligrosa espiral de continuos flashbacks de hechos sometidos a juicio. Con la dificultad añadida de que muchas de las gestiones se produjeron hace 25 años. De hecho, varias transacciones aún se computaban en pesetas. Y no pasa desapercibido quién se sienta en el banco de los acusados. Como prueba, el abogado del Estado Iñaki Ocio -el mismo que defendió al fiscal general del Estado, Álvaro Garcia Ortiz-, que se refiere a la familia de los expresidentes como «los Pujol de Cataluña«. Todo un concepto.
Volvemos a la sede de Madrid
La jornada se ha iniciado con el testimonio de Socorro Fernández, delegada de Copisa en Madrid, que propuso a la dirección de la compañía, concretamente a Francesc Xavier Tauler, cambiar la sede de la compañía a la capital del Estado. Una operación por la cual la empresa de Jordi Pujol Ferrusola cobró una comisión según una factura aportada al sumario. Fernández se ha quitado las pulgas de encima en esta operación dejando la responsabilidad de encontrar los locales a José Luis Goyneche, el señor del anorak que abrió el turno de testimonios presenciales de la semana.
Fernández ha dejado entrever que la operación de búsqueda y compra se hizo desde Madrid, aunque obtuvo el permiso desde Barcelona. De hecho, ha admitido que le dijeron que «era un buen momento para comprar». Fernández ha asegurado que no recordaba cuándo y con quién firmó la escritura de compra de las nuevas naves porque la operación se registró hace 18 años. En todo caso, el abogado de Pujol Ferrusola ha querido incidir en un detalle. Concretamente, en si había la posibilidad de que desde Barcelona también se hubieran podido buscar locales, y de ahí que Pujol Ferrusola, a través de Imisa, pudiera cobrar una comisión. «No me consta» ha añadido Fernández sin negar la posibilidad.
La pregunta era lo suficientemente pertinente aplicando el principio de Nietzsche. El filósofo afirmaba que era «más importante quién decía algo que el contenido de lo que decía». En este caso es clave, para entender su reticencia a reconocer la posibilidad de que la dirección catalana de Copisa pudiera buscar locales en Madrid a través de Jordi Pujol Ferrusola. Posiblemente, la explicación la da su currículum más contemporáneo por su papel en el consejo de administración de Redeia, el grupo que controla Red Eléctrica Española. Socorro Fernández era presidenta de la Comisión de Nombramientos de Redeia, y presentó su renuncia por, entre otros motivos, la entrada de un independentista de ERC, el economista Albert Castellanos. Así lo informó a bombo y platillo la prensa española el pasado mes de mayo.
José Gomis Cañete, el hombre que podía permitirse hacer desplazar a los notarios para firmar escrituras en su despacho
Especialmente interesante ha sido el segundo y último testimonio presencial del día, José Gomis Cañete. Un alto ejecutivo reconvertido en accionista e inversor de aquellos que no soportan perder ni al dominó del camping, en el hipotético caso de que alguna vez haya ido a un camping. Gomis ha sido claro en sus respuestas que, todo sea dicho de paso, no han ayudado mucho al ministerio fiscal.
Gomis, que provenía de la empresa Transmediterránea, fue fichado por Corporación Banesto -un banco que ni existe- para reflotar una de las empresas del grupo, que después se vendió a fondos de inversión. Gomis ha detallado que después se convirtió –junto con Luis Delso, empresario acusado en la causa– en accionista de Isolux, que llegó a tener 9.000 trabajadores y trabajar en más de 40 países. «Los notarios venían a mi despacho a firmar escrituras», ha indicado para mostrar el tráfico inmobiliario que pasaba por sus manos cuando el fiscal Fernando Bermejo le preguntaba por una escritura en concreto.
El ministerio fiscal ha preguntado sobre su participación en uno de los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, el proyecto Azul de Cortés, que se hacía en México. La fiscalía intenta acreditar que fue una simulación para que el primogénito del expresidente y la que entonces era su esposa, Mercè Gironès, captaran comisiones vinculadas a obras públicas. Con el entendido de que el proyecto fue explotado por Isolux, y esta constructora era adjudicataria de obra pública en Cataluña.
«Yo no regalo nada a Jordi Pujol Ferrusola»
Gomis ha asegurado que el proyecto Azul Cortés fue una inversión privada y ha explicado la participación de Delso, de Pujol Ferrusola y Julio Boris. De hecho, ha expresado al tribunal que fue a verlo en persona y era «impresionante» que tenía una «isla espectacular». El planteamiento era construir un resort turístico de alto nivel, con campo de golf incluido. La lejanía y las condiciones de inversión en México requerían tener a alguien sobre el terreno. Constituyeron una sociedad para invertir, en la que invirtió seis millones y medio de euros con Delso. Pujol Ferrusola puso dos millones y Boris, 1,5.
Gomis ha dejado claro que aceptó el proyecto porque era bueno, porque «tendría la mayoría» y porque era «legal». Cumplía así sus «normas» para invertir. La inversión se derivó con un fideicomiso del proyecto a otra persona para gestionarlo, como obligaba la legislación mexicana, y Jordi Pujol Ferrusola, a través de Imisa, tuvo un 21,5% a cambio, según la fiscalía, «de un peso». Un detalle que ha negado con rotundidad: «No es verdad». De hecho, las defensas después han aportado la cifra invertida en varios pagos por el primogénito de la familia.
Finalmente, el proyecto se vendió a Isolux, que como ha reconocido el consejero delegado, que ha testificado al final de la jornada, Antonio de Padua Portela, se lo quedó para «diversificar el negocio». Y ha añadido que en el consejo de administración que lo decidió no estaban ni Delso, ni Gomis, por conflicto de intereses. En total, Isolux pagó 83 millones de euros y cada uno, ha remarcado Gomis, «cobró el porcentaje de beneficios que le correspondía». Pujol Ferrusola cobró 15,2 millones de euros, lo que correspondía a su parte. De hecho, todos ganaron seis veces lo que habían invertido. «Yo no regalo nada a nadie, no tenía ningún motivo para regalar nada a Jordi Pujol Ferrusola», ha rematado Gomis. Una manera muy clara de decir que no era nada personal, ni político, solo negocios. Un buen negocio.
