Como era de esperar, el Tribunal Constitucional, por unanimidad ha decidido mantener activa la orden de detención del presidente en el exilio Carles Puigdemont. De esta manera, el líder de Junts no puede regresar a Cataluña sin riesgo de ser arrestado, mientras no se decida su recurso de amparo por la no aplicación de la ley de amnistía en la causa del Procés que actualmente aún se encuentra en instrucción y en manos de Pablo Llarena, el magistrado del Tribunal Constitucional.
El pleno tenía que resolver las tres peticiones de levantamiento de las medidas cautelares, contra Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín. Los tres pidieron la aplicación del artículo 56.6 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que permite la suspensión de las medidas cautelares mientras se dirime el recurso.
De momento, los magistrados entienden que aceptando la medida cautelar podrían adelantar el sentido de la resolución del recurso de amparo. Por otro lado, y siguiendo el razonamiento de la fiscalía, el tiempo de espera de la resolución es inferior al tiempo que podría tener una condena previsible. En resumen, los magistrados quieren esperar la inminente resolución de las cuestiones prejudiciales planteadas por la justicia española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una sentencia que todo indica que avalará la ley de amnistía en términos de derecho europeo.
Tres ponentes
En el caso de Puigdemont, la ponente ha sido la magistrada catalana y progresista Laura Díez, mientras César Tolosa lo ha sido en el caso de Puig y en la petición de Comín le ha tocado al magistrado Enrique Arnaldo, ambos conservadores y contrarios a la amnistía. El TC compra el razonamiento de la fiscalía y ha decidido desestimar el levantamiento de las medidas a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía. El TC avaló la amnistía por seis votos a favor y cuatro en contra el pasado mes de junio.
