Nuevo juicio en los plazos bíblicos de la justicia española. La sección segunda de la Audiencia Nacional ha remitido una diligencia a las partes de la causa del 3%, que ha investigado posibles comisiones de CDC a través de las adjudicaciones de contratos públicos para la financiación irregular de la formación, donde se solicita hacer un hueco en la agenda para la celebración del juicio oral. Según este documento, al que ha tenido acceso El Món, la vista oral se celebrará entre el 8 de febrero y el 4 de marzo de 2027. Todo esto después de una larga instrucción que concluyó el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
El caso cuenta con 30 procesados, a muchos de los cuales se les solicitan penas de hasta 21 años de prisión. Cabe decir, sin embargo, que parte de los procesados han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía para evitar el riesgo de penas que impliquen ingreso en prisión. Pero los principales investigados del caso, aquellos para quienes el ministerio fiscal pide más pena, van con todo en defensa de su inocencia. De hecho, el caso fue instruido por la fiscalía anticorrupción, de parte del fiscal José Grinda, y ha contado con diversas piezas separadas como la de los exconsejeros que se archivó o la del caso Petra.
El caso Palau y tres piezas separadas
El caso 3% tiene su origen en uno de los casos más mediáticos de corrupción, el desfalco del Palau de la Música Catalana. Un sumario que después de todo aún no se ha aclarado dónde fueron a parar gran parte del dinero que hicieron desaparecer Fèlix Millet y Jordi Montull. El caso del presunto financiamiento irregular de CDC nace en el año 2012, como la derivada de las investigaciones sobre cómo se financiaba el partido que ostentó durante 23 años la presidencia de la Generalitat, por el pago de empresas constructoras de un porcentaje a cambio de las adjudicaciones. De ahí el nombre de “tres por ciento (3%)”, en referencia al porcentaje que presumiblemente se pagaba.
De la instrucción salieron tres piezas separadas. Una, la bautizada como la pieza Infraestructuras,; la pieza separada de blanqueo y donaciones y una tercera pieza separada, que se va alargando, es sobre la UTE Egara, de la concesión del servicio de ambulancias. Entre los acusados se encuentra Andreu Viloca y el exconsejero Germà Gordó, dos nombres a quienes la fiscalía acusa de articular un sistema de financiamiento irregular, también hay además 16 empresas o sociedades mercantiles que participaban, presuntamente, de la misma red. De los 30 acusados, 13 están directamente vinculados a CDC y sus fundaciones Catdem o Fòrum Barcelona, y hay un total de 17 empresarios que tuvieron relaciones con la formación. De hecho, a las empresas imputadas se les reclaman hasta 100 millones de euros de multa. Entre estas empresas destacan Teyco, Urbaser, Copisa y ACS. Según los números de la fiscalía, CDC habría recibido 1,8 millones de euros a través de estos pagos.
