El gobierno español propondrá a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Actualmente, Peramato es fiscal de sala en jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, tiene 35 años de experiencia y cuenta con el reconocimiento unánime del mundo jurídico. También ocupa el cargo de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.
La propuesta de nombramiento llega al día siguiente de la dimisión de García Ortiz, quien este lunes decidió renunciar a su cargo sin esperar a conocer el detalle de la sentencia del Supremo que le ha costado la inhabilitación. El gobierno español ya había aceptado a regañadientes que tendría que sustituir al fiscal general tras la condena por revelar información personal del empresario Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien será juzgado por defraudar a Hacienda.
Una amplia trayectoria en la lucha contra la violencia de género
El gobierno español defiende que Peramato tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la lucha contra la violencia de género y es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue miembro del grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer que elaboró el primer Informe anual del organismo (2007) y ha ocupado el cargo de fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.
El proceso de nombramiento de la nueva fiscal general comenzará este martes en el Consejo de Ministros, que debe aprobar la propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Posteriormente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe emitir un informe no vinculante sobre la idoneidad de la candidata, que después deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso para someterse a una evaluación por parte de los diputados, quienes a pesar de todo no pueden vetar el nombramiento. Una vez finalizados los trámites, el gobierno español ratificará el nombramiento de Peramato como fiscal general del Estado.
