La vigésimo segunda jornada del juicio contra los Pujol Ferrusola tenía uno de los testimonios más esperados, tanto por la acusación como las defensas. Bueno, más bien dos, siempre en el marco de la operación Cataluña y las maniobras de la policía patriótica para buscar información sobre la familia del expresidente y líderes soberanistas como el expresidente Artur Mas y Oriol Junqueras. Después de un comienzo de la vista tropezado, donde un testigo se ha cuadrado ante las formas del representante del ministerio público, y uno de los policías investigadores, llegó el turno de la tanda de testigos andorranos. El primero en subirse al estrado ha sido una de las estrellas del caso, Joan Pau Miquel, el exconsejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA),
Esta es la entidad donde los Pujol Ferrusola tenían el dinero sin declarar a la hacienda española hasta la amnistía aprobada por el ministro Cristóbal Montoro. Un dinero que, según la tesis de la defensa, proviene de la herencia de Florenci Pujol, padre del expresidente. Miquel ha detallado cómo funcionaba el sistema bancario andorrano y el sistema de protección antiblanqueo así como ha negado la existencia de cuentas secretas, y que el hecho de que el dinero de la familia estuviera con un número identificado con una offshore de Panamá, era por el efecto Falciani, una manera de evitar que trabajadores poco cuidadosos de la entidad hicieran de las suyas con la información de los clientes.
Pero, el grueso de la declaración ha sido con las preguntas que le ha formulado el abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, que como quien no quería la cosa le ha tirado de la lengua para comprobar el nivel de implicación de la policía patriótica con el inicio del caso contra la familia. Es decir, con lo que se ha convenido en llamar por parte del tribunal como el «pecado original de la causa».
«El hachazo»
Miquel ha relatado que en junio de 2014, Bonifacio Díez, exagregado de Interior en la embajada de España en Andorra, – y que ya ha declarado en este juicio- contactó con la secretaria del consejo de administración de la BPA, Rosa Castelló, y le trasladó una «serie de mensajes» que iban dirigidos hacia el director y al presidente del Banco. Es decir, para Joan Miquel y para Higini Cierco. El mismo día, que no ha concretado, Celestino Barroso, también exagregado de Interior en la misma legación diplomática española, y pendiente de declarar en el juicio, se encontró con Cierco y le «transmitió un mensaje que provenía de Madrid».
«A los diez minutos estaba en mi despacho, creo que incluso se desplazó con el vehículo del señor Cierco». En el encuentro se produjo una conversación que Miquel grabó porque Cierco le había dicho que Barroso le contaba cosas «extrañas, anómalas». «En síntesis, me decía que si no colaborábamos con el Estado español, el banco moriría, porque tenían suficiente influencia en el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales español, el SEPBLAC, y que unos americanos se harían cargo del banco después de que le hubieran dado un hachazo».
«En primer término le pregunté si la reunión era una gestión oficial», ha comentado Miquel. La respuesta que le habría dado Barroso fue que «pusiera entre comillas» la categoría de oficial. Pero eso, le instó a que hablara «con una persona de Madrid que le daría explicaciones, en qué términos y en qué circunstancias sería lo que le pedirían para evitar que el banco… muriera». Miquel le dio los teléfonos de contacto. Cabe decir, que en ese momento la BPA tenía como filial española Banco de Madrid e Interdin, y que estaba pasando una inspección del Banco de España.
Félix, en el Villamagna
Barroso le acabó enviando un whatsapp que lo atendería un «tal Félix en el hotel Villamagna» de Madrid. El tal Félix era el comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, con quien se reunió tres veces. De hecho, el comisario, admitió utilizar este alias en un encuentro con el comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo. Y, por otro lado, en su declaración admitió los encuentros, pero los redujo a dos. En este contexto, Miquel ha remarcado que intentó identificar quién era Félix y pidió ayuda al abogado José María Fuster Fabra que defendía imputados en el caso Emperador, y del cual había un sumario abierto contra la BPA en la justicia andorrana. Miquel quería saber qué riesgos podía conllevar. Fuster Fabra le dijo que tenía capacidad «ejecutiva» y que era gente «complicada, pero no peligrosa».
En el encuentro, dada la versión de Miquel, Martín Blas le mostró un papel para que lo leyera, y le comentó que «el Estado español está en guerra contra el nacionalismo catalán». «Queremos que colaboren y nos facilite información o cuentas bancarias de las familias de Mas, Junqueras y Pujol». Las «palancas» que utilizarían para coaccionar fueron que «intervendría el SEPBLAC y la embajada norteamericana porque eran muy amigos y trabajaban juntos». En resumen, debía facilitar información y, por otro lado, ratificar información que estaban obteniendo por parte de las autoridades andorranas y de otras personas en Andorra. Miquel replicó que «no tenía acceso a esa información».
Se volvieron a encontrar en el Villamagna, no le dio información y entonces, Martín Blas fue más «violento verbalmente». «La conversación era un poco absurda porque no le quería facilitar nada, no sabía qué le tenía que facilitar y él tampoco me daba información que pudiera verificar». La tercera reunión, según ha dicho, también quedó abierta y pendiente del resultado del encuentro de la boda en La Camarga de Madrid, donde en la misma mesa coincidieron el director adjunto operativo Eugenio Pino, Marcelino Martín Blas y Higini Cierco. De hecho, Miquel ha asegurado que todos sabían que se encontrarían en la boda. Después de la boda no se volvieron a encontrar, un hecho que choca con la versión de Martín Blas.
Un dossier de prensa
Siguiendo este relato, Cierco llamó por la noche después de la boda a Miquel y le comunicó que «no habían hablado de nada, ni me habían pedido nada, y nunca más supimos nada de Martín Blas ni de ningún otro policía». Ahora bien, Miquel ha asegurado que entregó una información que era una especie de «dossier de prensa» que «era inocuo para el banco» pero que podía ser «relevante» para la policía. «No le entregué notas bancarias de los años 30 o 40», contradiciendo lo que explicó Martín Blas.
Poco tiempo después de estos encuentros, el 7 de julio de 2014, aparece la información de El Mundo con la información precisa de las cifras en diferentes cuentas de la familia Pujol Ferrusola. Miquel ha replicado que aquello no era un «pantallazo» sino que era información que «recopilaba transferencias del año 2010 entre AndBank y BPA». La consultora KPGM investigó internamente la filtración porque el cuadro publicado suponía enlazar números con nombres, acceder a los extractos y después identificar una operación concreta del extracto y relacionarlo todo. «KPGM no pudo determinar que la fuente de información fuera la BPA, pero tampoco lo podían excluir». Miquel, como respuesta al abogado Fermín Morales, ha enfatizado que 9 días después del día de la intervención, 10 de marzo de 2015, la policía española estaba en la embajada de España en Andorra, volcando la información bancaria desde las 9 de la mañana aunque la autorización judicial no llegó hasta las 3 de la tarde. Para acabar la declaración, Miquel ha recordado al ministerio fiscal que no denunció los hechos porque «el Estado español es un estado muy poderoso».
