El 16 de agosto de 2023, Junts y ERC forzaron al PSOE a constituir una comisión de investigación sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Fue uno de los puntos imprescindibles para que la socialista mallorquina Francina Armengol se convirtiera en presidenta del Congreso. Una reclamación histórica de los juntistas y republicanos que contó con el apoyo de los Comuns, PNV y EH Bildu. El objetivo de la comisión era averiguar la «verdad» de aquel ataque y disipar dudas sobre los puntos más oscuros así como dirimir responsabilidades políticas.
En cierta manera, el PSOE, y de rebote el PP, sopesaban que la comisión tendría un recorrido corto porque justo antes de constituirse y celebrar su primera sesión, el Tribunal Supremo cerraba el caso, remachando los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional que en apelación ya había rebajado en diez años la pena de los acusados con más años de prisión. Parecía que las cartas estaban marcadas antes de comenzar los trabajos de la comisión con el entendido de que los contrarios a la investigación política, como el PP o Vox, podían alegar que todo ya estaba juzgado y, por tanto, todo estaba dado y bendecido.
Pero precisamente las dos sentencias de la Audiencia Nacional, en primera instancia y en apelación, habían dejado la puerta abierta a saltarse los márgenes de sus hechos privados. Por un lado, el primer tribunal dejó las reglas de juicio bien marcadas dejando claro que juzgaba la participación de los tres acusados en los estragos. Y, por otro lado, la resolución en apelación que distinguía entre la verdad «judicial» y la «verdad». Una diferencia que los jueces utilizaban para recomendar a las partes que si aportaban más pruebas se podrían deducir otras causas para averiguar más detalles del caso. Además, el derecho de tercera generación a saber la verdad de las víctimas y de la sociedad -subjetivo y objetivo- daban más juego a la comisión. El resultado: nuevas informaciones, nuevas revelaciones, nuevos testimonios y nuevos relatos que han causado varios accidentes al Estado. Tanto es así que han renacido las dudas y la desconfianza de los responsables políticos y profesionales que gestionaron aquel atentado, a pesar de la propaganda de los últimos años sobre la buena gestión policial y política de la tragedia.
La desclasificación de documentos
Costó, pero finalmente, la presión de la aritmética parlamentaria obligó a la Moncloa a desclasificar los documentos que tenía el ministerio del Interior y el ministerio de Defensa, donde se ubica el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el imán Abdelbaky Es Satty, que todos tildan de cerebro de la célula yihadista. Los documentos provocaron un terremoto. De entrada, se acreditaba que el imán había tenido seis visitas de los servicios de inteligencia y de los servicios de información de la Guardia Civil en la prisión y no cuatro como recogía el sumario del caso. Además en el dossier, se incluían los informes de las entrevistas y uno de los informes manuscritos por el imán que hizo llegar con detalles, datos e información a los servicios de inteligencia. La carpeta contenía un informe grafológico de la personalidad del imán. Una documentación que prensa concertada y las lecturas políticas interesadas desviaban dando relevancia a la interpretación que el exdirector del CNI, el general Félix Sanz Roldan, hacía de la relación.
Todo esto chocaba con la agresividad de Sanz Roldan que a pesar de admitir contactos de protocolo en la prisión negó cualquier tipo de relación con el imán. De hecho, negó categóricamente cualquier relación de colaboración con el imán. Pero las evidencias delataban al máximo responsable de los servicios de inteligencia. Curiosamente, el entonces jefe de los Mossos d’Esquadra y actual director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, en su comparecencia admitió que el CNI había advertido al cuerpo, a través del jefe de la Comisaría General de Información, entonces el comisario Manuel Castellví, de la relación de los servicios de inteligencia con el imán. Pero Trapero, ya procuró quitarse las pulgas de encima para justificar que no había dado esta información desde el minuto cero alegando que personalmente no le informaron y “no vio ningún documento”. Trapero también añadió que nunca le avisaron antes de los atentados de la figura del imán. La tesis de la conspiración se convertía en la tesis de la negligencia.
Olivera, Forn y el abogado de las víctimas
Una de las otras comparecencias interesantes fue la del comisario José Luis Olivera, director del poderoso Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). “Algo ha fallado”, sentenció para aducir que la explosión de Alcanar la noche antes del atentado en la Rambla en la ecuación de las dudas por la falta de información o de coordinación entre las policías. Era la primera declaración de un alto mando de la seguridad del Estado que admitía errores en la gestión preventiva de los atentados aunque remarcó que era difícil preverlo.
Por otro lado, el consejero de Interior durante los atentados, Quim Forn, compareció para reafirmar que nadie desde el ministerio del Interior o del CNI le advirtió o informó de quién era el imán de Ripoll. Asimismo, criticó con dureza cómo incluso, desde Madrid, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, daba por terminado el episodio, cuando aún no se había localizado a Younnes Abouyaaqoub, el yihadista que provocó dieciséis víctimas mortales entre el atropello de la Rambla y el asesinato a sangre fría de Pau, el chófer del coche con el que huyó de Barcelona y se saltó un control policial. Un episodio aún pendiente de esclarecer de responsabilidad por parte de los policías actuantes.
Por su parte, el abogado de una de las víctimas, Agustí Carles, comparecía aportando documentos que ponían en duda la instrucción de la muerte del imán. Asimismo, presentó un dossier de documentos seleccionados del sumario donde relataba las pistas que había dejado el imán y que resultaban extrañas que ni el CITCO, ni las policías, ni el CNI tuvieran en el radar. Por otro lado, desgranó, también con documentos, el desastre procesal que supuso la identificación del imán de Ripoll así como las dudas generadas por la prueba de ADN practicada en Marruecos nunca reafirmada en la vista oral. La tesis de la negligencia pasaba a la tesis de la temeridad.
Houli remacha el clavo
La última sorpresa para el Estado ha sido el testimonio de Mohamed Houli. De hecho, su testimonio del jueves de esta semana, sorprendió a todos los diputados. Condenado a 43 años de prisión que cumple en la cárcel de Córdoba, Houli compareció físicamente en el Congreso rodeado de grandes medidas de seguridad. Su declaración fue una explosión en la sala Prim del Palacio del Congreso: “El CNI tenía conocimiento de las intenciones del imán y permitió que viniera y nos comiera la cabeza”, sentenció. “Lo digo ahora por miedo a las represalias que me pudieran perjudicar, pero estoy condenado y no tengo nada que perder”, añadió.
La respuesta hizo enfadar a muchos parlamentarios que incluso, o ya antes habían abandonado la sala como el PP, o se negaron a formular preguntas. Houli no quiso explicar nada de su proceso de radicalización, sí que asumió su responsabilidad en los hechos, pero reclamó a los diputados que investigaran cómo el imán, que les había dicho que se reunía con agentes del CNI, tenía esos contactos o lo tenían controlado. Después matizó que era una «opinión» o «conjetura», pero insistió en que el imán les «había jugado», sin aclarar su significado. El resultado ha sido una verdadera revuelta política y mediática contra Houli y sus opiniones.
Houli ha sido la última piedra en el zapato de un Estado que hasta ahora se había negado a explicar lo que sabía, pero diferentes accidentes han hecho que vayan apareciendo piezas del rompecabezas para poder saber no solo qué pasó el 17 de agosto de 2017 sino, y más importante, intentar evitar que haya otro.
