El 18 de julio de 2023, Portugal, el país que derrocó civil y militarmente una dictadura en abril de 1974, aprobó una ley de amnistía. El motivo, lejos de tener un carácter de pacificación de un conflicto, fue la visita del entonces papa Francisco al país para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. La amnistía fue impulsada por el gobierno y aprobada por el parlamento del país y sirvió para exonerar a jóvenes de entre 16 y 30 años de condenas por delitos que no superaran los 8 años de prisión. Esta amnistía fue aprobada poco antes de la amnistía española para el independentismo catalán. La otra amnistía reciente del ámbito europeo fue aprobada en el Reino Unido, para limpiar los procesos abiertos de la guerra sucia unionista contra el independentismo irlandés.
Curiosamente, en plena polémica jurisdiccional por la inaplicación de la amnistía a líderes del Primero de Octubre –como el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, que espera el amparo del Tribunal Constitucional o la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad europea de la ley del olvido penal–, los magistrados españoles han celebrado una cumbre de trabajo con los magistrados portugueses. Un encuentro que ha servido especialmente para defender la posición de los tribunales constitucionales estatales ante el derecho europeo.
En concreto, y según ha comunicado el mismo TC, su presidente, Cándido Conde Pumpido, ha asegurado en la jornada que es «necesaria cierta autocontención del TJUE, ya que la utilización competencial de cláusulas abiertas, como el estado de derecho o la tutela judicial efectiva, aconseja una gran prudencia«. Asimismo, ha pedido una «atención adicional para evitar que la cuestión prejudicial se convierta en instrumento de desplazamiento estratégico de controversias constitucionales, o meramente políticas, de carácter interno de los estados miembros«. Una reflexión nada gratuita en el marco del debate jurisdiccional sobre la aplicación de la amnistía y la renuencia del Tribunal Supremo a aplicarla a los líderes del Proceso y su advertencia de llevar sus casos otra vez al TJUE.
Magistrados progresistas
El título de la jornada de trabajo ha sido Los 40 años de adhesión de Portugal y España a la Unión Europea: problemas constitucionales; las relaciones entre los tribunales constitucionales y el TJUE. Una de las conclusiones del encuentro ha sido determinar, como «principal reto del constitucionalismo europeo», cómo es necesario «articular el derecho de la Unión y la supremacía constitucional sin desnaturalizar ni el proyecto de la UE ni la legitimidad constitucional interna». Un debate que ha estado presente en la aprobación de la amnistía.
En la cumbre ha participado el Tribunal Constitucional de Portugal, encabezado por su presidente José João Abrantes. La primera mesa de trabajo, sobre las cuestiones prejudiciales, ha estado a cargo de María Luisa Segoviano y el magistrado portugués Alfonso Patrão. La segunda sesión ha versado sobre Control de constitucionalidad y control de conformidad con el Derecho de la Unión Europea: diferencias y convergencias paramétricas, con ponencias de la magistrada catalana del TC, Laura Díez Bueso, y de la magistrada del tribunal de Portugal Mariana Canotilho. Por parte del tribunal español, también han asistido la vicepresidenta Inmaculada Montalbán Huertas y el magistrado Ramón Sáez Valcárcel. Todos del sector progresista.
