Poco a poco, y después de 13 años, el juicio del caso Efial, por irregularidades en catorce ayuntamientos catalanes a través de empresas públicas y la consultora que da nombre al caso va llegando al final. Y, como ha pedido este miércoles el presidente del tribunal, el afable en formas José Ricardo de Prada, las declaraciones han sido al trote, porque el magistrado ha dejado claro a las partes que «lo breve, es dos veces bueno; y, si es muy breve, especialmente bueno». Una recomendación que las defensas y las acusaciones, a pesar del tono sonriente, han tomado como una orden clara y directa sin intención de desobedecer, como se ha demostrado, porque a las dos y media de la tarde se ha terminado la práctica de la prueba de todo el juicio.
En cambio, sí que ha habido tira y afloja entre el tribunal y las defensas por la prueba documental, a la vista de que hay documentos como los correos electrónicos que utiliza la fiscalía que no están incorporados al caso y que solo están referenciados en los atestados policiales. De hecho, han reprochado que solo se hayan expuesto partes de los correos, que se encontraban en los informes de la Guardia Civil, y de los cuales las defensas niegan su veracidad y existencia. Una discusión tensa e incluso agria que ha unificado a todas las defensas alegando indefensión. No pueden valorar una prueba que no se encuentra en el sumario y de las cuales solo hay partes, elegidas por la policía judicial. Por eso, han impugnado la aportación, si es que llega, de los correos, por ser tardía y más cuando fue denunciada en cuestiones previas.
Además, también han alertado al tribunal de que hay documentos requeridos desde el primer día del juicio, en la vista preliminar, que fueron aceptados y que aún no se han incorporado cuando mañana se elevarán las conclusiones definitivas y comenzarán los informes de las acusaciones. La fiscalía ha pedido comenzar mañana el trámite de conclusiones porque tiene intención de retirar alguna de las acusaciones o rebajar peticiones, como para Ramón Cuadrado o la reducción para Antoni Martos, que se conformó ayer aplicando el atenuante de confesión y de dilaciones indebidas.
El «colapso», la coartada
Este miércoles se ha reanudado la vista oral con declaraciones de los acusados que ya comenzaron el martes. Por el estrado han desfilado, entre otros, el exalcalde de l’Ametlla de Mar, Andreu Martí; el exalcalde de Ascó, Rafael Vidal; o el exconcejal de Tortosa Ramón Cardús; el expresidente del Consejo Comarcal del Baix Ebre, Ramón Cardús, y la secretaria accidental del Ayuntamiento de Llinars del Vallès, Neus Puig, que tuvieron relación con las contrataciones de la consultora. Todos han justificado la contratación por el «colapso» administrativo y financiero que sufrían las administraciones locales antes del año 2013. Y todos han negado cobrar ningún tipo de comisión por parte de Efial y las empresas demandadas en la trama.
Una de las declaraciones estrella ha sido la del alcalde de l’Ametlla entre 2005 y 2013, Andreu Martí, a quien la fiscalía reclama un total de quince años de prisión por los delitos de soborno, prevaricación continuada, blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos y fraude continuado en concurso público, además de una multa de más de 7 millones de euros. De hecho, los indicios recogidos en los registros en su domicilio han sido munición bastante cargada para sustentar la acusación. En concreto, una caja con documentación que la Guardia Civil encontró en el trastero de su domicilio, para la cual el exalcalde ha encontrado una explicación y, por otro lado, también ha justificado las cuentas en Andorra, un traspaso a la empresa de su esposa, o las llamadas desde las islas Seychelles que pagó el consistorio.
Empresas públicas locales, la solución
Martí, que fue alcalde durante tres mandatos -del 2003 al 2015-, ha defendido la constitución de la Entidad Pública Empresarial Local La Cala Gestió, para desatascar el trabajo administrativo del consistorio. Una empresa pública que cubría así la falta de personal «suficientemente cualificado» del Ayuntamiento y era una estructura que funcionaba con más «eficiencia». La constitución de la entidad tuvo el visto bueno, según ha remarcado, del pleno municipal, del secretario y del interventor del consistorio. De hecho, los cuatro grupos municipales -CiU, ERC, PP y PSC- tenían representación en el consejo de administración.
Siguiendo su relato, tal como también justificó el exalcalde de Torredembarra, Daniel Massagué, en su declaración del martes, estas sociedades y las consultoras que trabajaban facilitaban la devolución del IVA. Una petición «insistente» del secretario y el interventor. En esta línea, ha añadido que se contrató a Efial por un acuerdo de pleno y que en ningún caso fue una opción personal. El sistema utilizado para agilizar las tareas del Ayuntamiento era hacer un «encargo de gestión» a La Cala, que se encargaba de hacer pliegos de cláusulas y los documentos necesarios para los proyectos municipales tanto financieros como administrativos y tramitaba las ofertas que recibía así como la organización de la Mesa de Contratación. «Era el consejo de administración quien decidía a qué empresa que se había presentado se adjudicaba el trabajo», ha subrayado. En síntesis, ha pasado la pelota a los técnicos, secretarios e interventores.
Martí ha negado haber recibido pagos o comisiones por la adjudicación de diversas obras de Efial, de su responsable, Antoni Martos, del empresario Josep Manel Bassols, el ingeniero municipal Jaume Beltran o las constructoras Oproler, Construcciones Peache, Benito Arnó o la sociedad Deep Blue Business. «Nunca. Además no lo habría permitido», ha argumentado para contrarrestar las acusaciones de la fiscalía y de la acusación particular del Ayuntamiento.
Un piso de alquiler y una caja
Pero, a Martí, la fiscalía anticorrupción le pide más pena que a nadie por los ingresos que tenía, sus cuentas en Andorra y los documentos comprometidos que encontraron en el registro de su domicilio. En concreto, una caja con documentos de Efial en su trastero con una serie de anotaciones consistentes en una relación de adjudicaciones de contratos del Ayuntamiento de l’Ametlla de Mar, en que se hace indicación del importe de la adjudicación, un porcentaje de adjudicataria del contrato. La fiscalía está convencida de que es una hoja de las comisiones que recibía.
El exalcalde, sin embargo, ha rebatido el relato alegando el patrimonio familiar. Por un lado, por parte de madre, dos embarcaciones de pesca de arrastre y, por parte paterna, la propiedad de supermercados y activos inmobiliarios y gestión de capitales. Esto implicaba que ya tenía cuentas en Andorra, con 2,4 millones acumulados, antes de ser alcalde y pisos en alquiler que hacía trabajar con Oriol Mestre, un gestor bancario que movía el dinero a sociedades financieras de Panamá, por importe de 497.950 euros. Precisamente, uno de estos pisos del patrimonio familiar lo había alquilado a personal de Efial y cuando se terminó el contrato, entraron a hacer «limpieza» y se «encontraron una caja donde se leía Efial» y la guardaron en el trastero. La caja la encontraron los agentes de la Guardia Civil, pero, no se ha aclarado por qué la caja no se entregó a los inquilinos porque Martí solo ha respondido a su defensa.
Por otro lado, sobre las llamadas desde las Islas Seychelles, ha narrado que se encontraba de viaje de bodas -una boda que ha sido protagonista también del caso a raíz de un ingreso de uno de los imputados a través de una empresa sin actividad- y se declaró el incendio de Horta de Sant Joan y tenía que hablar con el Consejo Comarcal, del cual formaba parte. «Al volver, se decidió que pagara el Ayuntamiento las llamadas tal como aceptó la interventora», ha concretado.
«No éramos amigos»
El expresidente del Consejo Comarcal del Baix Ebre, Ramón Cardús, en calidad de administrador de la sociedad Deep Blue Business, también ha declarado solo respondiendo a su defensa. Tanto la fiscalía como la acusación particular del Ayuntamiento de l’Ametlla de Mar le piden cuatro años de prisión por el delito de soborno. La tesis acusatoria es que la sociedad, que no tenía actividad y que solo tenía gastos personales -según Hacienda-, era instrumental para el cobro de comisiones entre 2009 y 2015 en el entramado societario del exalcalde y su expareja -a través de su sociedad AL LOPD-. El cálculo es que en seis años habrían ingresado 766.000 euros, 71.3000 transferidos a cuentas de Cardús o familiares, 124.000 por gastos domésticos y 525.000 reintegrados en metálico.
Cardús, agente comercial de constructoras a través de Deep Blue Business, ha negado haber pagado ningún soborno. «Nunca. Es muy triste comparecer en un tema que pone en duda mi honorabilidad porque yo no merezco esto», ha sentenciado. Ha negado conocer la empresa AL LOPD y ha justificado un ingreso de 1.200 euros efectuado a Martí como regalo por su boda, a la cual fue invitado. «Fui a la boda como las 500 personas que fueron, pero no éramos amigos», ha aclarado. En todo caso, como agente comercial, trabajó para conseguir contratos a empresas que resultaron adjudicatarias de obras de La Cala Gestió, como es el caso de Construcciones Peache y Benito Arnó. De hecho, ha dicho que se enteraba por las «ruedas de prensa» de futuras obras urbanísticas interesantes para sus clientes.
Por su parte, el exalcalde de Ascó Rafael Vidal ha alabado el trabajo «eficiente» de Efial, pero ha negado haber cobrado ningún soborno. Uno de los puntos débiles de su declaración -le piden 3 años de prisión por soborno- es que nombraron a Antoni Martos, que ha conformado la pena, como gerente de la empresa pública Ascó Serveis. El exsecretario municipal y un concejal de la oposición cuestionaron el poder de Martos y Efial a la hora de licitar y adjudicar concursos por encima de las competencias que se le podían legalmente delegar. Para Vidal, el mismo gobierno municipal aceptó el informe de Martos asegurando que no existía «ninguna incompatibilidad» en la contratación, con la cual el presidente de Efial se convertía también en director general de la empresa municipal. «No tenía relación con las empresas que se presentaban a licitación de Ascó Serveis», ha argumentado. En la misma línea, Vidal ha negado haber encargado un informe para contradecir las reservas expresadas por el secretario municipal sobre la relación con Efial.
