Unas 140 entidades y decenas de personalidades de la cultura, la política y el periodismo de Cataluña ha protestado este lunes en Barcelona contra la obsesión de la justicia española por vincular el caso Tsunami Democrático con supuestos delitos de terrorismo. Denuncian que la investigación por terrorismo de la causa, que ahora está a la Audiencia Nacional, pero podría traspasarse al Tribunal Supremo, “criminaliza el derecho a la protesta, limita los derechos fundamentales y silencia la disidencia política”, afirman en el manifiesto, firmado por 144 organizaciones de la sociedad civil catalana.
También acusan al juez del Tsunami, Manuel García Castellón, de dirigir una actuación “de carácter autoritario que restringe el espacio de la sociedad civil y pose en peligro los principios democráticos y del Estado de derecho” y alertan que detrás del caso hay una “clara intención” de “desgastar al gobierno estatal y a la mayoría parlamentaria en la tramitación de la amnistía”.

Entidades y personalidades muy diversas claman por el caso Tsunami
Entre las entidades firmantes del manifiesto están la ANC, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), CCOO, la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (Confavc), el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Òmnium, UGT o Unió de Pagesos. A parte, más de 200 personalidades de renombre como Jordi Évole, Carlos Bardem, Clara Peya, Eduard Farelo, Laura Rosel, Lildami o Marina Rossell también han apoyado la iniciativa.
La protesta llega la semana después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo se haya posicionado de manera oficial y haya descartado que la causa Tsunami, que vincula a Carles Puigdemont, Marta Rovira o Ruben Wagensberg con la organización de las protestas postsentencia, se pueda tratar como un caso de terrorismo. Los firmantes del manifiesto insisten que hay una “escalada” de la represión contra el derecho a la protesta y ven la causa judicial contra Tsunami como un “ataque directo al ejercicio de los derechos fundamentales”.
El caso Tsunami, una “banalización” del terrorismo
Víctimas de ETA y del atentado de 2017 en la Rambla de Barcelona también han criticado la vinculación del Tsunami con el terrorismo. En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), Jesús Fructuoso —hermano de Juan, la primera víctima civil de ETA en Cataluña— ha asegurado que se siente “insultado” por los vínculos de un movimiento de protesta con delitos de terrorismo y cree que la justicia española está “banalizando” el término. Javier Martínez, padre del niño de 3 años asesinado el 17-A, avisa que “banalizar el terrorismo hace mucho daño a todas las víctimas”. La abogada Jone Goirizelaia, que ha defendido numerosos miembros de la izquierda abertzale acusados de colaboración con ETA, ha señalado que la justicia española “ha trasladado al 100%” en Cataluña la estrategia de represión de los movimientos sociales que hizo en el País Vasco.