En Andorra aún persiste, con mucha viveza, la intervención de la Banca Privada d’Andorra (BPA), la entidad financiera donde los Pujol tenían el supuesto legado fuera del alcance del fisco español. Una entidad financiera que fue la principal víctima de lo que se conoce como la trama andorrana de la operación Cataluña y que terminó intervenida, cerrada y con su equipo directivo procesado. Sin embargo, el Instituto Andorrano de Derechos Humanos (INDHA) presentó una querella contra los principales responsables políticos y policiales españoles que habrían articulado el operativo. Una querella que aún está activa y que mantiene imputados al expresidente del gobierno español Mariano Rajoy y a sus exministros de Interior y de Hacienda Jorge Fernández Díaz -procesado por la operación Kitchen- y Cristóbal Montoro, imputado en el caso del cártel del gas.
La querella, no obstante, fue objeto de una ampliación en octubre de 2023. Un nuevo escrito en el que se pedía no solo ampliar los delitos en investigación, sino también la imputación de uno de los personajes que en su día se jactó de haber colaborado con las autoridades estadounidenses para facilitar la intervención del banco. En concreto, se trata del teniente coronel de la Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo, la presunta conexión del instituto armado con la operación clandestina contra el Proceso. La ampliación de la querella fue detenida, a la espera de completar las diligencias de la primera parte -la declaración del comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo y de los exministros andorranos Jordi Cinca y Gilbert Saboya- y de la respuesta a las comisiones rogatorias internacionales enviadas a España.
Precisamente, una de las indagatorias fue la declaración de Villarejo, una de las principales pruebas del caso. El comisario, también procesado en el caso Kitchen y protagonista en casi cuarenta piezas separadas de la operación Tándem, declaró el 4 de noviembre de 2025. Ahora hace un año. En su declaración volvió a involucrar a Sánchez Portillo. Una declaración que sirvió al INDHA para reclamar la tramitación inmediata de la ampliación de la querella al haber reunido más indicios. Además, están las declaraciones de miembros de la policía patriótica en el juicio contra los Pujol Ferrusola, donde admitieron haber presionado a los ejecutivos de la BPA para obtener información comprometida de los líderes soberanistas. Por otro lado, la primera inadmisión de la ampliación de la querella se recurrió al Tribunal de Corts andorrano, el órgano judicial superior -un homólogo de la audiencia provincial-, que ha decidido admitir el recurso. En todo caso, ya le han hecho llegar la comisión rogatoria andorrana para que esté informado de la admisión del recurso. Por tanto, ahora dos organismos estudian investigar la participación de miembros de la Guardia Civil en la intervención de la BPA. Sánchez Portillo también ha sido protagonista del caso Leire, porque el supuesto equipo investigador del PSOE buscó información comprometida que acreditara su participación en la operación Cataluña.
Otro agente encubierto
La figura del teniente coronel Basilio Sánchez Portillo es una de las figuras más enigmáticas de la operación Cataluña. Un agente encubierto que también actúa con el nombre de Alfonso Ruiz. Un detalle que el informe 18162/VIII-JG, de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía, de 22 de julio, también recoge. Basilio Sánchez/Alfonso Ruiz reconoció ante la jueza instructora de una denuncia del jefe de la sección de Internacional de la BPA que él mismo había dirigido la investigación contra el banco con una cincuentena de agentes del instituto armado destinados a Cataluña. En aquella instrucción se jactó de que, a raíz de su investigación, el FINCen de los Estados Unidos, la unidad del servicio de prevención de blanqueo, actuó contra la BPA.
La historia de Sánchez Portillo estalló al ser denunciado por uno de los directivos del banco responsable de la sección de internacional de la entidad, Luis Pablo Laplana, en 2015. Un procedimiento judicial que terminó con un curioso archivo, pero, en cambio, delató uno de los puntos claves de la trama. El sumario del caso, al que ha tenido acceso El Món, daría para una novela. Un guardia civil encubierto que tenía como abogado al portavoz de Ciudadanos en el Congreso y candidato de la formación españolista a presidenciable de Madrid, Edmundo Bal. Precisamente, la casualidad también ha querido que Bal defendiera al inspector de la UDEF que se inventó el informe del pendrive de los Pujol y que admitió «animadversión a los Pujol», Álvaro Ibáñez.
El descubrimiento del papel de Sánchez Portillo que vehiculó la denuncia llega gracias a una entrevista del 20 de marzo de 2015 en Antena 3, supuestamente relacionada con la investigación que llevaba a cabo la Guardia Civil sobre un supuesto blanqueo de capitales de la Banca Privada d’Andorra. En la grabación no se le identificaba con el nombre y su imagen aparecía oscurecida en un contraluz para evitar que se le reconociera. El mismo tipo de declaración que hizo en Telecinco. Las dos entrevistas incluían grabaciones de conversaciones telefónicas, autorizadas judicialmente en el marco de las diligencias 26/2012 sobre blanqueo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, en manos entonces de Manuel García-Castellón. La querella de Laplana entendía que las grabaciones estaban sujetas al secreto del sumario y que habría sido el mismo comandante Sánchez Portillo quien las habría filtrado. Por tanto, revelaba material reservado de una investigación policial y judicial secreta.
Un proceso judicial archivado
La querella abrió una investigación policial en la que Sánchez Portillo reconoció que era él el protagonista de la entrevista, dado que la imagen estaba oscurecida expresamente. Sin embargo, en ningún caso admitió que hubiera sido él quien había filtrado los audios alegando que había una cincuentena de personas del juzgado y de la investigación que tenían acceso. La titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid creyó al comandante y decidió archivar el caso el 17 de enero de 2017. Pero la investigación dejó cuestiones en blanco y negro sobre la relación de Andorra con la operación Cataluña, a través de la BPA.
El ocho de marzo de 2016, el comandante declaró ante la jueza y subrayó que gracias a su investigación el FinCEN de los Estados Unidos, la unidad del servicio de prevención de blanqueo, actuó contra la BPA. De hecho, indicaba que a raíz de sus pesquisas el Tesoro de EE.UU. abrió un procedimiento contra la BPA que terminó con su cierre.
La declaración de Sánchez Portillo aclaraba uno de los puntos más oscuros de la trama andorrana: quién pasó información desde España a EE.UU. Todo habría sido gracias a una causa judicializada en España que dirigía él mismo sobre la mafia rusa y en la que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España (SEPBLAC) no vio motivos de reprobación. Ahora, el sumario del caso puesto en relación con la aún abierta causa contra la BPA en Andorra deja entrever que Sánchez Portillo solo es una pieza, clave pero solo una pieza, de la correa de transmisión española con el Tesoro estadounidense para presionar a la BPA y obtener datos de los líderes soberanistas.
