Nueva ofensiva judicial por el caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Después de que la jueza esté esperando la fianza para tramitar la querella de Guardianes de la Inocencia, la asociación Acció Cassandra -en defensa de la minoría nacional catalana- ha presentado este jueves ante el juzgado de guardia de Barcelona una querella criminal como acusación popular contra los altos cargos políticos y directivos responsables de la presunta malversación de fondos públicos de la DGAIA.
Los abogados de Cassandra Lluís Gibert i Serrano y Josep Rosell i Fossas han detallado que se querellan por los delitos de malversación (art. 432 y siguientes del Código Penal (CP), prevaricación (artículo 404 del CP), falsedad documental (arts. 390-394 del CP), fraude (arts. 248 ss. CP), encubrimiento (art. 451), acoso laboral (art. 173 bis) y posible financiación ilegal de partidos (arts. 304-306 CP). La querella la dirigen contra los exconsejeros Chackir el Homrani, Violant Cervera, Carles Campuzano, Dolors Bassa, el exsecretario general Josep Ginesta y los exdirectores generales Ester Cabanes, Ricarc Calvo y Georgina Oliva, además de Jasone Latorre directiva responsable de la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Resilis y jefa de servicio SEVAP en Cataluña e Irene Casamitjana, también del SEVAP.
Suman a la querella, como responsables civiles subsidiarias el Departamento de Derechos Sociales, la DGAIA, la FEDAIA, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Fundación Resilis, la Fundación Mercè Fontanilles y todas las personas jurídicas o físicas que resulten responsables. De hecho, la querella menciona hasta diez entidades relacionadas con las fundaciones que gestionaban los servicios de menores tutelados y extutelados de manera concertada con el departamento de Derechos Sociales.
Irregularidades
En este sentido, destacan que los indicios aportados apuntan un abuso sistemático del procedimiento de emergencia, pagos indebidos masivos y «plazas fantasma» así como fraude en la concesión de ayudas y alquileres inflados. Acció Cassandra pide pruebas y apunta que las irregularidades podrían consolidar la tesis de financiación ilegal de partidos a través de lo que llaman «entidades afines».
La querella aporta lo que los letrados bautizan como «conjunto de pruebas documentales, periciales y testimoniales irrefutables» como los informes de la Sindicatura de Cuentas (informes 3/2024 y 6/2025) o la Oficina Antifraude de Cataluña o el Informe de la Sindicatura de Agravios de septiembre de 2025 sobre jóvenes extutelados y la denuncia inicial del alertador protegido “Roger”.
A criterio de Cassandra, estos indicios muestran una «red interconectada de fundaciones y asociaciones que han recibido «adjudicaciones opacas por valor de 788,7 millones de euros entre 2016 y 2020 a 101 entidades, concentrando el 55% en solo 10 entidades». Ahora bien, esperan que la admisión a trámite de la querella permita realizar más diligencias que, para Cassandra, permitirían perfilar aún más la gestión de la DGAIA que califican de delictiva.
