El gobierno español ha aprobado este martes el real decreto que permitirá la regularización de medio millón de migrantes en situación irregular. Según el ejecutivo de Pedro Sánchez será «un requisito imprescindible» no tener antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.
«Estamos modificando el reglamento de la Ley de extranjería y la exigencia de ausencia de antecedentes penales siempre es un requisito en la normativa», ha dicho la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Excepcionalmente, cuando la situación en el país de origen sea difícil, a través del Ministerio de Justicia y la vía diplomática, se podrá ayudar a dar más tiempo para que el interesado obtenga el certificado.
Una declaración responsable no será suficiente
En cualquier caso, será necesario disponer del mencionado certificado de antecedentes penales para conseguir el permiso de residencia. De este modo, se ha eliminado lo que decía el Ministerio del Interior y recomendaba el Consejo de Estado. Para ambos era suficiente con una declaración responsable del interesado.
La apertura del plazo de solicitudes será el jueves 16 de abril de manera telemática, si bien la atención presencial comenzará el 20 de abril. La autorización, que dará derecho a trabajar durante un año, está dirigida a personas en situación irregular y a solicitantes de protección internacional que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026. El objetivo es que el procedimiento sea “ágil, eficaz y sin trabas” y dé respuesta a todas las peticiones en un plazo abierto hasta el 30 de junio, ha valorado la ministra Saiz.
La regularización masiva podría beneficiar entre 120.000 y 150.000 personas en Catalunya, dijo en febrero la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo.
Con el aval de la patronal o la Iglesia católica
Desde China, donde está en viaje oficial, el presidente Sánchez ha defendido la regularización y ha cargado contra el PP, a quien ha recordado que la medida tiene el aval de actores como la patronal o la Iglesia católica. “Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país», en palabras de Sánchez.
Los ciudadanos que quieran regularizar su situación podrán acudir a las oficinas de Extranjería habilitadas, a las oficinas de la Seguridad Social o de la Tesorería de la Seguridad Social, al menos una en cada provincia, así como a las oficinas de Correos de capitales de provincia y localidades de más de 50.000 habitantes.
