El debate político en Cataluña se ha instalado en un ultimátum: se pide a Junts una adhesión incondicional a un proyecto que apenas este viernes se ha enviado a las autonomías –es decir, en el caso de Cataluña, a la Generalitat de Salvador Illa, que ya le da apoyo de salida– para que el Consejo de Ministros lo valide. Nadie más lo ha visto. Y aun así, en las últimas semanas, la maquinaria de gobierno del PSC –con el apoyo de Esquerra Republicana– ha lanzado una ofensiva contra Junts per Catalunya. El objetivo es conseguir que el partido de Carles Puigdemont garantice el apoyo de sus siete diputados clave en el Congreso para sacar adelante el nuevo modelo de financiación. Se está exigiendo un apoyo a una arquitectura fiscal y legal de la cual aún no se ha presentado el modelo definitivo, ya que apenas se debatirá el 29 de julio en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La estrategia del ejecutivo de Salvador Illa y la de Oriol Junqueras es instalar en la opinión pública la narrativa de que o se está con la nueva financiación o se está en el boicot al país. Socialistas y republicanos intentan poner a Junts entre la espada y la pared advirtiendo que oponerse al nuevo modelo haría perder miles de millones de euros destinados a servicios esenciales como la sanidad o la educación. Se trata de una pinza política que quiere cargar sobre las espaldas de los de Puigdemont toda la responsabilidad de un eventual fracaso de la reforma en Madrid.
El presidente de la Generalitat ha pedido a Junts que «esté a la altura» y vote a favor de la propuesta del nuevo modelo de financiación que “supone 4.700 millones de euros más para Cataluña”, 4.686 para ser exactos, según las cifras que se han hecho públicas este viernes. Illa, consciente de que el apoyo de los de Junts es clave para que la nueva financiación vea la luz, no ha cerrado la puerta a hablar con Carles Puigdemont sobre la medida. Junqueras, por su parte, ha reclamado a los miembros de Junts que «se dejen de peleas, de reproches, de amenazas y que piensen en Cataluña». En la línea de lo expresado por Illa, el líder de ERC ha dicho que «Cataluña no se puede permitir tirar por la borda 4.700 millones» y espera que los postconvergentes actúen con «la máxima responsabilidad».
Junts resiste a la presión del Gobierno y republicanos
Ante este escenario, Junts resiste y deja claro que ve muy difícil apoyar algo que aún no existe y argumentan que «no hay ningún texto legislativo presentado en el Congreso sobre este nuevo modelo de financiación». «Lo que parece que nos proponen no es un nuevo modelo de financiación, sino perpetuar el café para todos que hemos tenido hasta ahora y que sabemos que comporta un déficit fiscal para los catalanes», defienden desde las filas de Junts. El último ejemplo de esto se vivió esta misma semana en el Parlamento, donde el diputado de Junts Antoni Castellà criticó el acuerdo entre republicanos y socialistas en el Parlamento: «¿Por qué el Gobierno ha tirado la toalla y renuncia a que los 22.000 millones de euros que se van cada año de Cataluña se queden aquí para financiar los servicios públicos y el futuro de Cataluña?», espetó en referencia al déficit fiscal. Junts critica que el nuevo modelo no permite a Cataluña salir del régimen común y reitera su apuesta por el concierto económico y cree que, si se quiere, hay una mayoría para sacarlo adelante.
En cambio, el Gobierno no quiere ni oír hablar del concierto porque, según defiende, no hay mayoría en el Congreso para esta propuesta. La consejera de Economía, Alícia Romero, ha reclamado esta semana a Junts que «no generen frustración» y los ha invitado, de nuevo, a permitir tramitar la nueva financiación en el Congreso de los Diputados: «Hay muchos elementos de mejora en este nuevo modelo de financiación. ¿A ustedes no les gusta lo suficiente? Lo entiendo. Permitan su tramitación. Y en la tramitación, negociémoslo, mejorémoslo, pero no perdamos la oportunidad«. De momento, Junts no se mueve de la posición. La portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, replicó a la consejera a través de redes, y dejó claro que los de Junts no están dispuestos a transitar por «caminos que enriquecen Madrid y que continúan vaciando los bolsillos de los catalanes».
El camino que le queda a la financiación a partir del Consejo de Política Fiscal y Financiera
El proceso para aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica arrancará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 29 de julio, donde el gobierno español deberá debatir y pactar la propuesta de manera multilateral con las comunidades autónomas para obtener el voto favorable de la mayoría absoluta, pero ya tiene asegurado el apoyo necesario.
En este órgano al gobierno español le corresponden el 50% de los votos y a las comunidades autónomas, entre todas, el otro 50%. Es decir, con el voto favorable del gobierno español y el de la Generalitat es suficiente para que quede aprobada la propuesta de la nueva financiación. La única condición para sacarla adelante es que todas las comunidades envíen representación. Así, si algunas de las comunidades presididas por el PP no envían representación, la propuesta no puede salir adelante aunque tenga el apoyo de los ejecutivos de Pedro Sánchez y de Salvador Illa, respectivamente.
Si se supera este trámite, el Consejo de Ministros dará luz verde al texto como proyecto de ley, lo que activará la última y definitiva fase en las Cortes Generales. Allí, el texto se registrará en el Congreso de los Diputados para abrir la ronda de negociaciones y enmiendas con los grupos parlamentarios; una tramitación que concluirá con una votación en el pleno que requiere mayoría absoluta antes de pasar por el Senado para que lo valide, aunque la cámara baja mantendrá la potestad de levantar cualquier veto para la aprobación final.
