En medio de la tormenta por las investigaciones de casos de posible corrupción que salpican al PSOE, y que complican el último año de legislatura de Pedro Sánchez, el presidente español ha decidido acelerar su intento de presentar unos presupuestos del Estado cuando nadie los esperaba. Y los hace pasar por delante del nuevo sistema de financiación con una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El CPFF se reunirá antes para poner la segunda piedra de las cuentas estatales con las que Sánchez aspira a terminar la legislatura –aunque tiene casi imposible aprobarlos porque no cuenta con el apoyo de la mayoría de la investidura– que para tratar el nuevo modelo de financiación. Un nuevo sistema que Esquerra acordó con PSOE y PSC para las investiduras de Sánchez y Salvador Illa, respectivamente, y que, posteriormente, también formó parte del tira y afloja para apoyar los presupuestos del ejecutivo de Illa, que se aprobarán este jueves en el Parlamento.
Después de que este lunes el Consejo de Ministros pusiera la primera piedra de los presupuestos estatales –al subir cuatro décimas la previsión de crecimiento del PIB para este año 2026, hasta el 2,6% anual–, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha anunciado que reunirá el lunes el CPFF, así como la Comisión Nacional de Administración Local, para fijar los objetivos de déficit y el techo de gasto de cara a la presentación de los presupuestos para 2027. El anuncio de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera como paso previo para que el Consejo de Ministros apruebe los presupuestos coincide con la reunión de la consejera de Economía, Alícia Romero, con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, para defender el modelo de financiación que ha trabajado conjuntamente con el ejecutivo español. Un encuentro que forma parte de la ronda de contactos con las comunidades que el ejecutivo español anunció el pasado 1 de junio.
Desde el Gobierno, sin embargo, evitan concretar fechas para una nueva reunión del CPFF para tratar la financiación. De hecho, la portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha manifestado que el anuncio lo debe hacer el Ministerio de Hacienda una vez termine la ronda de contactos, y el encuentro se podría celebrar a lo largo del mes de julio. En este sentido, el ministro Arcadi España ha confirmado que se convocará otro CPFF «antes del mes de agosto» como paso previo a la aprobación de la financiación autonómica en el Consejo de Ministros y a la tramitación por parte de las Cortes españolas. El titular de Hacienda ha reiterado que la propuesta que presentarán será «ambiciosa y audaz» y ha defendido que se trata de «una oportunidad única para reforzar el modelo territorial y mejorar la equidad entre ciudadanos».
Una nueva financiación que depende de las investiduras de Sánchez e Illa
El nuevo modelo de financiación viene de lejos, ya que ERC arrancó en el año 2023 el compromiso del PSOE para abordar esta carpeta a cambio de investir a Sánchez. Posteriormente, consiguió el compromiso del PSC para «impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal». De hecho, el pasado mes de julio –casi un año después del acuerdo entre republicanos y socialistas catalanes– Generalitat y gobierno español celebraron una Comisión Bilateral para elevar el acuerdo de investidura a un compromiso entre ejecutivos. Pero no fue hasta el pasado mes de enero que Oriol Junqueras se reunió con Pedro Sánchez en la Moncloa y, posteriormente, anunció que había alcanzado un acuerdo de financiación para Cataluña con el gobierno español. Sin dar muchos detalles, el líder republicano afirmó que la capacidad recaudatoria de la Generalitat se incrementará un 12% o unos 4.700 millones extra para las arcas catalanas.
Después del acuerdo anunciado por Junqueras, hubo el primer intento de presupuestos de Illa, que terminó retirando porque no tenía los apoyos garantizados debido a que el IRPF continuaba estancado. Una vez se produjo la salida de María Jesús Montero del Ministerio de Hacienda, el Gobierno y ERC llegaron a un acuerdo por las cuentas de la Generalitat con el compromiso del ejecutivo de avanzar en la financiación, y con un calendario claro. De hecho, ERC, consciente de las dificultades añadidas que tiene el PSOE por los casos de presunta corrupción, presiona públicamente para que el ejecutivo español avance con la financiación, pero también con la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Los republicanos han defendido por activa y por pasiva estas últimas semanas que, para dar sentido a lo que queda de legislatura, estas «carpetas fundamentales» deben avanzar de acuerdo con el «calendario establecido». En este sentido, y en referencia a los presupuestos españoles, ERC reclama a Sánchez no «saltarse pantallas» y cumplir con las carpetas abiertas.
El acuerdo de presupuestos entre ERC e Illa fija unos plazos
La literalidad del pacto establece que «durante el segundo semestre de 2026 se deben tramitar y aprobar las iniciativas legislativas necesarias para que el nuevo modelo de financiación acordado con el Ministerio de Hacienda pueda ser vigente para el ejercicio de 2027». En cuanto al FLA, el acuerdo con los socialistas catalanes establecía que «dentro del primer semestre de 2026» –que ya ha terminado– debía iniciarse el debate parlamentario del proyecto de ley que el gobierno español presentó en la cámara baja a finales de 2025. A pesar del calendario que marca el acuerdo, el debate sobre el proyecto de ley para la condonación de la deuda deberá aplazarse hasta el próximo período de sesiones, porque en julio solo está previsto un pleno extraordinario para aprobar los objetivos de déficit y el techo de gasto para los presupuestos de Sánchez. Un pleno que no puede tratar el proyecto de ley, que debe abordarse en un pleno ordinario.
