Acaba de comenzar un nuevo curso político después del primer año de legislatura con el presidente Salvador Illa en la casa dels Canonges. Un inicio con unas previsiones marcadas por la negociación de los presupuestos para 2026, el fiasco de la negociación de la financiación singular, la situación del catalán en Europa, la crisis institucional en España con un fiscal general en el banquillo de los acusados y casos como Montoro, Koldo y sus derivadas que acechan la Moncloa. Por otro lado, el Tribunal Constitucional también deberá dictar sentencia sobre el 25% del castellano que podría abrir una crisis de primer nivel entre la coalición de investidura entre socialistas y republicanos.
Además, en el escenario están Junts y ERC, que juegan con su capacidad en el Congreso, aunque parece que no terminan de salir adelante, y sobre todo, está pendiente la resolución definitiva del exilio de Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín, así como la amnistía de los aún inhabilitados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que tampoco llega. De hecho, estos casos están a merced del Tribunal Constitucional, que deberá decidir sobre los recursos de amparo de los amnistiables, y de lo que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales.
Además, la CUP relevará ya materialmente a la diputada Laia Estrada, lo cual puede significar un cambio de rumbo en el grupo parlamentario y un reparto de tareas diferente respecto a lo que hasta ahora han tenido los cupaires en la cámara catalana. Los Comuns también tienen la tarea de iniciar un cambio de rumbo para ser un partido que rompa las costuras del área metropolitana si quieren, como apuntan algunos de sus veteranos, recuperar la imagen de partido nacional.
En todo caso, una previsión poco arriesgada podría situar diciembre como fecha en que podría resolverse la situación de los condenados y procesados por malversación a raíz del Primero de Octubre, que son los exiliados, no juzgados, y los condenados que aún están inhabilitados. Una agenda que obliga a Junts a preparar la banqueta y a ERC a encarar el reto de las municipales de 2027, tras un largo proceso congresual, y preparar a Junqueras, más que como líder, como candidato a unas elecciones al Parlamento. Todo esto aderezado con la advertencia de Puigdemont lanzada desde la Universidad Catalana de Verano (UCE) el pasado 20 de agosto, cuando subrayó que la reentrada del curso político sería «intensa» y que «pasarán cosas que no han pasado nunca». Eso sí, no detalló ni qué ni a quién afectaban, con el argumento de que no quería «especular».
El TC, coprotagonista
Este septiembre, como ya ha pasado en los últimos años, el Tribunal Constitucional será un protagonista clave. De hecho, el TC es como el «octavo pasajero de la política catalana». Su presencia, aunque no se palpe, siempre se puede percibir. En esta nueva etapa tiene dos grandes decisiones que pueden afectar de lleno el funcionamiento de las instituciones políticas catalanas y desequilibrar por completo la actual «pax illenca» que parece haber impuesto sin mucho esfuerzo un PSC que tiene la llave del Palau de la Generalitat, entrada a la Moncloa, y el poder de tres diputaciones y de ayuntamientos como los de Barcelona, l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Lleida, Tarragona y Reus.
En primer término, los magistrados deben dictar sentencia sobre el recurso contra la ley aprobada de urgencia para detener la imposición del 25% de castellano en las aulas. Una decisión que mantiene una tensión subterránea en ERC, donde ya empiezan a advertir a la dirección de la respuesta que se debe dar según sea la posición del Gobierno. Si el ejecutivo de Illa acata sin problema una resolución que tumbe la solución pactada en el Parlamento por PSC, ERC, Junts y Comuns, voces internas de los republicanos opinan que se debería retirar el apoyo parlamentario. «Es una línea roja que no se puede cruzar», aseguran fuentes de ERC en conversación con El Món.
Además del TC, el TJUE
Por otro lado, el TC también tendrá un papel importantísimo en la resolución del conflicto político con los exiliados y procesados a raíz del Proceso soberanista. El primer pleno de septiembre del Tribunal Constitucional comenzará abriendo la pieza separada de medidas cautelares de Puigdemont, a raíz del recurso de amparo interpuesto por la negativa del Tribunal Supremo a otorgarle la amnistía. En esta pieza separada, los magistrados, en pocas semanas, deberán decidir si levantan las órdenes de detención estatales y facilitan el retorno de los exiliados.
De hecho, la situación es similar a la de Junqueras, Romeva y Bassa, que interpusieron recurso con la petición, como medida cautelar, de que al menos les congelen la inhabilitación y poder ejercer cargos públicos o reintegrarse en la universidad. En este caso, sin embargo, el fiscal ante el TC, Pedro Crespo, se opuso alegando que el recurso se resolvería antes que la duración de su inhabilitación y que no había ninguna contienda electoral inminente que les hiciera encontrar que tienen impedido el ejercicio de ningún derecho político, y también alega que en el momento de ser condenados hacía años que no trabajaban en la universidad. De momento, el TC aún no se ha pronunciado.
En este contexto, el escenario lleva a pensar que los magistrados del TC esperan la resolución de las cuestiones prejudiciales interpuestas por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Audiencia Nacional y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú. El informe del abogado general podría estar a finales de octubre y la resolución en noviembre. Por tanto, es posible que el TC haga cálculos para ir aparejado con el TJUE. La decisión del TJUE puede acabar de avalar, por la puerta trasera, la ley de amnistía, y levantar los últimos obstáculos interpuestos por la parte más conservadora de la judicatura. Una decisión que afecta de lleno a otras causas como los procesados por terrorismo en el marco de la operación Judas y la amnistía para el jefe de filas de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, o para el actual gerente de los republicanos, Lluís Salvadó.
Negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2026
En esta biosfera política y jurídica, ya bastante compleja, aparece la negociación de los presupuestos de Illa, que trabaja con los números prorrogados del anterior gobierno, presidido por Pere Aragonès. Illa lanzó la pelota adelante este año confiando en que podría negociar con más calma los presupuestos de 2026. Pero las cosas quizás serán un poco más complicadas para la consejería de Alícia Romero. Las expectativas del acuerdo de investidura quedan lejos de lo que habían pactado aunque ERC vendió como un éxito el traspaso de Rodalies a una empresa de mayoría estatal.
Ahora bien, la joya de la corona del acuerdo de los republicanos con los socialistas fue la financiación singular, de la cual lo más caliente todavía está en el fregadero. Bastante trabajo tuvo Romero para convocar la comisión bilateral, que no terminó de convencer ni a buena parte del núcleo de Junqueras ni a cargos territoriales que ven el acuerdo con el PSC como un lastre. De hecho, Junqueras elevó el listón de la negociación desde Prada, señalando que no se llegaría a ningún acuerdo presupuestario si la negociación de la nueva financiación no avanzaba y si continuaba en la mesa de negociación la vicepresidenta y responsable económica de la Moncloa, María Jesús Montero.
Esta negociación supondrá tener muy presente la evolución de los casos judiciales que afectan de lleno al PSOE. La carga del poder judicial contra la Moncloa puede ser demoledora y no se ha visto neutralizada por el caso Montoro. La evolución del caso Koldo, con Santos Cerdán o el exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE, José Luis Ábalos, puede hacer más difíciles las relaciones entre independentistas y los socialistas. O bien la debilidad de la Moncloa se puede aprovechar para exprimir acuerdos que difícilmente en otras circunstancias se podrían conseguir.
¿Y las municipales?
La aceleración política también marca los tiempos. La maquinaria de los partidos se ha puesto en marcha de cara a las municipales de 2027. Solo el PSC tiene casi todos sus espacios consolidados, porque ya ha llevado a cabo los relevos más sensibles, como los de l’Hospitalet de Llobregat, catedral municipal de los socialistas, o el de Santa Coloma de Gramenet, que incluso ha provocado que Gabriel Rufián deje de ser concejal y se centre en sus asuntos en Madrid. La CUP también busca rehacerse del batacazo electoral de 2023 y mantener en primera posición a Lluc Salellas, alcalde de Girona. Precisamente, la CUP Nororiental es la que, últimamente, ha hecho un hueco mediático a través del uso de las redes con un discurso modernizado del anticapitalismo que también intenta contrarrestar la ofensiva de la Organización Juvenil Socialista (OJS), que le ha quitado buena parte del electorado joven.
Por su parte, ERC busca rematar el trabajo de los congresos regionales y comarcales de la formación, para terminar de aprovechar su capilaridad territorial y consolidar plazas como Manresa, con Marc Aloy, Falset, Amposta, Moià o Tàrrega, remontar en Tarragona o Lleida –donde en 2023 pasaron de tener la alcaldía a ser irrelevantes en el pleno– o intentar volver a gobernar Montblanc o Sort. Por ahora, Barcelona es lo que más inquieta a los republicanos, con una Elisenda Alamany que parece no convencer a la plenitud de la siempre compleja Federación de Barcelona, así como Girona, donde aún no se ha elegido candidato.
Junts también quiere apresurarse a mantener las alcaldías que tiene y tratarán de dar protagonismo a los alcaldes de Calella (Maresme) y de Figueres (Alt Empordà) para contrarrestar el discurso de inmigración, seguridad y orden que se ha impregnado de extrema derecha. La amenaza de Aliança Catalana, sin embargo, pesa sobre los juntaires, pero voces de otros partidos advierten que los de Sílvia Orriols son como una «bomba de racimo», que una vez estalla afecta a todos los contrincantes políticos, también al PSC en sus feudos del área metropolitana barcelonesa.
