Terremoto político en el Parlament a poco menos de un mes de las elecciones municipales del 28 de mayo y coincidiendo con el día en que la Junta Electoral Central se reúne para decidir si ordena la retirada del escaño a la presidenta suspensa de la cámara, Laura Borràs. Este miércoles por la tarde, en el último pleno antes de los comicios y mientras la JEC delibera, se hará el debate a la totalidad sobre dos propuestas de reforma del reglamento del Parlament impulsadas por el PSC, por un lado, y ERC y la CUP, de la otra. La propuesta de los socialistas busca, precisamente, destronar reglamentariamente Borràs como presidenta, en el margen del que diga la junta electoral sobre el escaño. Y el objetivo de la reforma de ERC y la CUP es, en cambio, reformular el voto delegado para el diputado de Junts per Catalunya Lluís Puig, exiliado en Bélgica junto con Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín.
Estas dos propuestas, que se tramitan por la vía de urgencia, se debatirán conjuntamente y se votarán de forma separada. Si prosperan, no quiere decir que se apliquen automáticamente, sino que se abrirá una ponencia de ley y el debate final será después de las elecciones. Aun así, los grupos parlamentarios podrán hacer este miércoles su último baile de bastones antes de los comicios, y se palpará como están las relaciones entre unos y otros como posible síntoma de los pactos postelectorales que pueda haber, a pesar de que la aritmética será variable y adaptada en cada municipio.
Hacer caer Laura Borràs
La reforma del reglamento del Parlament propuesta del PSC podría servir para añadir al reglamento un supuesto que hasta ahora no estaba: facilitar que la Mesa pueda expulsar uno de sus miembros. A la espera de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) con relación al escaño de Laura Borràs después de las alegaciones presentadas por la cámara, los socialistas quieren dotar de herramientas en el Parlament para poder tomarle el cargo como presidenta.
Junts per Catalunya defenderá en el debate la enmienda a la totalidad que ha presentado contra esta reforma socialista. El partido de Borràs y Jordi Turull quiere impedir que salga adelante el trámite parlamentario. En cambio, el PSC defenderá su propuesta a la espera de la posición de ERC y otros grupos parlamentarios como los comunes, la CUP y los de la derecha españolista. Si prospera, empezará el trámite como por la ponencia de ley. Si el PSC pierde la votación del debate a la totalidad, la propuesta quedará parada. La posición de los republicanos y cupaires no ha quedado clara, y es que ERC considera que tiene «muchos claroscuros» y no comparten «el enfoque». En cambio, los comunes lo ven como un «buen punto de partida» para que el Parlament pueda establecer los mecanismos de cambio de su presidencia cuando considere que hace falta.
La propuesta de los socialistas pide que el pleno del Parlament pueda deponer el presidente de la cámara o cualquier otro miembro de la Mesa por pérdida de confianza de la mayoría o bien para que haya salido del grupo parlamentario por el cual fue elegido diputado. La pérdida del cargo, pero, no implica la retirada del escaño.
El voto de Lluís Puig
A pesar de que se debatirá de forma conjunta, la propuesta de reforma del reglamento de ERC y CUP se votará de forma separada a la del PSC. En este caso ha sido Vox quien ha presentado la enmienda a la totalidad, mientras que queda la duda sobre las posiciones de Junts y el PSC, por razones diferentes. Aun así, la portavoz socialista ya avisó hace unas semanas que hay cosas que «no ven claras».
ERC y la CUP quieren ampliar las casuísticas de delegación de voto, ya existente hasta ahora en el Parlament, para incluir situaciones excepcionales «de especial gravedad en que, por el hecho que impiden, el desarrollo de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias, se considere bastante justificado». Con la norma actual, el voto delegado se limita a los casos de permisos de maternidad o paternidad, de hospitalización y de incapacidad prolongada.
Y en cuanto al voto telemático, se propone, por primera vez, incorporarlo al reglamento del Parlament. Proponen que la Mesa lo pueda autorizar en «situaciones excepcionales de especial gravedad en que, por el hecho que impiden el desarrollo de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias, se considere bastante justificado«. En este caso, es la Mesa del Parlament quien tiene que establecer los criterios generales para delimitar los supuestos.
El objetivo es esquivar los tribunales españoles, que ya tumbaron hace unas semanas el sistema de voto delegado que utiliza el diputado exiliado de Junts, Lluís Puig. De hecho, como que el TS suspendió el voto delegado de Puig, la Mesa acordó hace unas semanas una medida momentánea, el que denominó «voto telemático transitorio«. Se trata de un sistema utilizado durante la pandemia y que permite al diputado votar por correo. Aun así, el PSC se opuso.
Contra los discursos de odio
ERC y la CUP también incluyen, en la reforma del reglamento Parlament que proponen, un sistema por «parar los discursos de odio». Es una medida que va dirigida a Vox, que ya ha avisado que si prospera lo llevará al TC. El texto propuesto dice que los diputados «no pueden incurrir en el discurso de odio o intolerante ni incitar a la discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen, condición social, etnia, lengua, discapacidad o cualquier otra».
Así mismo, la reforma fija los criterios para valorar si se produce un discurso de odio y establece que se tendrán que tener en cuenta las «intenciones identificables del orador«, la «percepción de la intervención por parte del público» y si perjudica la dignidad y reputación del Parlamento, entre otros factores. La propuesta incorpora explícitamente los «discursos de odio» como uno de los motivos que puede comportar que la presidencia del Parlamento grite a la orden y, incluso, expulse diputados del hemiciclo.
La modificación que proponen Esquerra y CUP concreta también que un diputado o diputada que no firme lo compromiso de tolerancia cero ante la discriminación y el acoso, como es el caso de los de Vox, no podrá ser escogido para los órganos del Parlamento, ni ser nombrados ponentes ni formar parte de delegaciones oficiales.
Republicanos y cupaires vuelan además que el código de conducta pase a ser una parte más del reglamento, con el objetivo de reforzar el carácter legal. Y, finalmente, que las declaraciones institucionales del Parlament se puedan acordar por mayoría cualificada de dos tercios a la Junta de Portavoces, sin que haga falta la unanimidad que se requiere ahora mismo. De hecho, desde la entrada de Vox en la cámara catalana no se aprueban declaraciones institucionales por carencia de unanimidad.
