Tensa. Así ha sido la primera sesión de control del curso político al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlamento de Cataluña, que se ha celebrado dos días después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral. Esta mañana, Illa ha tenido que hacer frente a reproches de la oposición y también de sus socios prioritarios por ámbitos como la amnistía, el derecho a decidir, Rodalies y, obviamente, la vivienda. Illa ha tenido que escuchar reproches de Junts per Catalunya, PP, Vox y la CUP, pero también de Esquerra Republicana y, en menor grado, de los Comuns. Illa se ha defendido de todos los ataques de los grupos parlamentarios, y ha centrado sus respuestas en la cita electoral del próximo 29 de noviembre porque, según ha advertido, se deberá elegir entre «coalición progresista o coalición involucionista». La sesión de control ha evidenciado que los partidos, y sobre todo los socialistas, ya están inmersos en la campaña electoral de cara a la cita de finales de noviembre.
La traca de la tensión la ha abierto la presidenta del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Mònica Sales, que ha mostrado un papel en blanco para reprochar al presidente que no se haya avanzado en ninguno de los compromisos con Cataluña: la nueva financiación, la condonación de la deuda, la gestión del IRPF, el consorcio de inversiones, el traspaso de Rodalies, el poder de decisión en el Aeropuerto del Prat y en la Zona Franca, los Mossos en puertos y aeropuertos o el acceso a la vivienda. «Pedro Sánchez le ha dejado con las manos vacías», ha sentenciado, y le ha preguntado cómo piensa acabar la legislatura si «no puede cumplir los principales acuerdos de investidura». Además, cree que el líder socialista no buscaba un acuerdo para resolver el problema de la vivienda, «quería una excusa para convocar elecciones». Por otro lado, Sales ha celebrado el levantamiento de las órdenes de detención contra el presidente en el exilio Carles Puigdemont y de los consejeros Lluís Puig y Toni Comín, pero seguidamente ha recordado a Illa que ahora defiende la amnistía cuando antes se había opuesto de forma rotunda. Illa no se ha achicado y ha pedido a Sales «un poco de humildad» porque la amnistía «es una victoria de todos», y le ha preguntado dónde está Junts ante la dicotomía «o coalición progresista o coalición involucionista». Ante las quejas por el enésimo caos de Rodalies, Illa ha culpado al sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, de la parada del servicio de este miércoles y ha recordado que la seguridad de las vías «no es una cuestión subjetiva».
Después le ha tocado el turno al presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, que ha sorprendido a todos preguntando al presidente por qué el grupo socialista votó junto a PP, Vox y Aliança Catalana una propuesta de resolución que defendía una estrategia catalana antifascista y antirracista basada en la defensa de la democracia. Illa ha admitido que desconocía el contenido del texto, pero Jové le ha remarcado que votaron en contra porque se incluía el derecho a la autodeterminación. «¿El antifascismo del PSC acaba donde empieza el derecho a la autodeterminación de los pueblos?», le ha preguntado Jové, que también ha cuestionado su credibilidad y la de Sánchez si, «además de no cumplir con los pactos, se erigen en garantes de un antifascismo que llega hasta donde la unidad de España se ve amenazada». Así mismo, le ha recordado que la amnistía no es el fin de nada y le ha invitado a ponerse manos a la obra en la resolución del conflicto político entre Cataluña y España «dando la voz al pueblo de Cataluña». Illa ha sido contundente en la respuesta y ha dejado claro que él no está a favor de un referéndum: «Estamos a favor de que ustedes lo puedan defender», ha contestado a ERC. Illa se ha quitado las pulgas de encima diciendo que Cataluña podrá el 29 de noviembre y ha pedido el voto para la coalición progresista porque «hará avanzar el federalismo en el ámbito español y europeo». El otro socio prioritario de los socialistas, los Comuns, han centrado los reproches en materia de vivienda. El portavoz David Cid ha criticado que Illa hace muchos «anuncios», que luego quedan en papel mojado. «Los anuncios no pagan el alquiler y la hipoteca», le ha espetado, y ha denunciado la inacción del ejecutivo socialista con la unidad de desahucios porque «debía estar en marcha en septiembre de 2025 y hoy no está en marcha». «¿Por qué su Gobierno es incapaz de hacer cumplir la ley de derecho a vivienda?», le ha preguntado, lamentando que el ejecutivo «no hace todo lo que puede». El presidente de la Generalitat ha alegado que están desplegando medidas «de acuerdo con el marco legal». «¿Me recomienda que me salte la ley?», le ha replicado, y ha recordado que la «última palabra de un desahucio la tiene un juez».
Una «expropiación a plazos»
El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha centrado su intervención en la vivienda y ha cargado duramente contra la propuesta estrella de Salvador Illa en el debate de política general, basada en la compra conjunta de vivienda para los mayores de 40 años que no puedan pagar una hipoteca. Según el dirigente popular, esta «psicodélica propuesta» supone una «expropiación a plazos» y ha afirmado que la Generalitat es «el verdadero fondo buitre» con «un odio feroz a la propiedad». Fernández ha pedido al presidente que «deje a la gente vivir libre» y ha asegurado que será el PP quien «arreglará» la crisis de la vivienda porque dispone de «mejores propuestas». En el turno de réplica, Illa ha rechazado las «lecciones» de los populares, ha afirmado que Alberto Núñez Feijóo «no merece el apoyo de Cataluña» y ha acusado al PP de haber hundido el mercado inmobiliario durante su gobierno en «rescatar bancos y negarse a rescatar personas». Por su parte, Vox ha definido Cataluña como «el laboratorio del ‘Volem acollir'» y ha sentenciado que el país «será la tumba política del PSOE». Illa ha reaccionado calificando la formación de Ignacio Garriga de «fraude» y ha garantizado que Cataluña «nunca será con quien bloquea el acceso a la vivienda y beneficia a las élites». Así mismo, el presidente ha cuestionado «dónde está la prioridad nacional» del grupo de derecha radical ante casos de desahucio como el de Maricarmen en Madrid.
Illa acepta una reunión por las competencias en vivienda
En cuanto a la vivienda, el presidente de la Generalitat se ha mostrado dispuesto a reunirse con la CUP para abordar la petición de reclamar al Estado «todas las competencias en vivienda», una iniciativa que la diputada anticapitalista Laure Vega le ha pedido formalmente durante la sesión de control en cumplimiento de una propuesta de resolución aprobada en el debate de política general. Aunque Vega ha ofrecido encontrarse de manera inmediata para dotar a Cataluña de «todas las herramientas» y convertir la vivienda en un derecho, Illa ha accedido al encuentro valorando la actitud constructiva de la formación, si bien ha advertido que el contexto electoral puede dificultar el avance de ciertas medidas y ha dejado claro a los anticapitalistas que no se moverá en ningún caso del marco de la legalidad. A pesar del punto de acuerdo, Illa no se ha ahorrado los reproches de la portavoz cupaire, que ha instado al presidente de la Generalitat a «mover ficha» y pasar a la acción: «El lugar correcto de la historia no son los discursos del Parlamento, es hacer justicia y estar al lado de los que ponen el cuerpo contra un desahucio». Finalmente, la líder de Aliança Catalana ha recordado que hace tres años de los atentados de Hamás que dejaron 1.200 muertos en Israel y ha dicho que en «Cataluña tenemos un Gobierno empeñado en pagar túneles subterráneos a Gaza». «¿Quién le ha encargado esta pregunta? ¿Recibe dinero de Israel? ¿A favor de quién está? Es una auténtica demagoga», ha replicado el presidente.
