El Consejo de Ministros ha aprobado la condonación de parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La aprobación final de este proyecto de ley -validado en primera instancia el pasado 3 de septiembre- permitirá reducir la deuda de las comunidades en 83.252 millones de euros, de los cuales 17.104 millones de euros corresponden a Cataluña, un 20% de la deuda de la Generalitat. La región más beneficiada en términos absolutos será Andalucía, con 18.791 millones, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones. Cabe recordar que la medida es uno de los acuerdos entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.
La portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, ha destacado que la medida beneficia directamente a «todas las comunidades autónomas» que se adhieran, que podrán «corregir el sobreendeudamiento y mejorar su posición a la hora de salir a los mercados». El conjunto de las comunidades ahorrará 6.700 millones de euros en intereses. El método de cálculo se ha basado en tres fases que incluyen la población ajustada, la condonación de la deuda por habitante y la aplicación de un IRPF al alza.
Ahora el proyecto de ley pasa al Congreso de los Diputados, donde el ejecutivo español deberá buscar apoyos para aprobarlo. De momento, la iniciativa cuenta con la oposición del PP aunque el gobierno español ha recordado que siete de cada diez euros serán de comunidades gobernadas por los populares. La Comunidad de Madrid, que no está adherida al FLA, pero a quien se le pueden condonar 8.644 millones de euros de deuda, es quien lidera la oposición entre estos territorios y de hecho ya ha recurrido la medida a la justicia.
Un «acto de justicia» sin privilegios para Cataluña
En este sentido, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aseguraba el pasado mes de septiembre que la condonación de la deuda del FLA es un «acto de justicia» y un «paso necesario» para garantizar la prosperidad del estado español. Considera que es una decisión «necesaria y solidaria» para que todas las autonomías puedan realizar políticas sociales en beneficio de la ciudadanía española: «Cataluña no pide ningún privilegio, al contrario», exclamó. Illa insiste en que la condonación es a favor del interés general de las autonomías y de España, porque compartir la prosperidad es un «motor» para la economía en conjunto, y no un «lastre».
