La Generalitat ha iniciado un expediente sancionador por la protesta contra el rey que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) convocó durante una visita de Felip VI a Montserrat el pasado verano. Así lo ha denunciado este jueves la entidad, que califica este procedimiento iniciado por el Departamento de Interior como un «grave ataque a la libertad de expresión» y que ya ha presentado alegaciones al respecto.
En un comunicado hecho público este mediodía, la ANC indica que -más allá de las alegaciones- han solicitado el archivo del expediente sancionador abierto «por no ser sancionable el ejercicio del derecho de manifestación como derecho fundamental». La entidad presidida por Lluís Llach critica que el atestado policial de aquel 23 de junio está basado en «hechos absolutamente falsos» y que «incluye descripciones de hechos artificiosos para justificar su actuación y sanciones administrativas». Reiteran de esta manera que «no existe ninguna prueba que acredite ninguna agresión» por parte de los manifestantes y añaden que los «momentos de tensión» que se pudieron vivir fueron «generados por los empujones y los golpes de porra de los Mossos d’Esquadra contra los manifestantes».
«La desobediencia civil no es un delito. Es una expresión democrática que busca proteger derechos fundamentales. Y se hace aún más necesaria cuando estos derechos son restringidos por aquellas instituciones que deberían garantizarlos. Defender la protesta pacífica, la libertad de expresión y la desobediencia como herramienta legítima es defender la democracia», insisten en la nota.
⬛️⬜️ L'Assemblea denuncia un greu atac a la llibertat d'expressió per part del Departament d'Interior.
— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) January 15, 2026
✍️La desobediència com a causa justa contra els Borbons i la repressió https://t.co/ge5tNWcpUU
S'ha iniciat un procediment sancionador contra l’Assemblea arran de la protesta… pic.twitter.com/ocbuylqgnu
Petición de dimisión de la consejera Parlon
Es importante recordar que la ANC ya pidió a principios del pasado mes de julio la dimisión de la consejera Núria Parlon precisamente por el dispositivo policial en la protesta en Montserrat, que terminó con dos personas denunciadas y una docena más identificadas por los Mossos. En cambio, el Gobierno defendió en aquel momento que el despliegue fue «adecuado» para celebrar el acto «con total normalidad».
