Òmnium Cultural, Irídia y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) han presentado un escrito al juzgado de instrucción número 7 de Barcelona para exigir la no aplicación de la amnistía a los 46 policías nacionales que agredieron votantes durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. La fiscalía, al contrario, ha pedido la amnistía con el argumento que la actuación de los agentes para impedir el referéndum como mucho supondría delitos de lesiones, lesiones leves o maltrato de obra leve. Las acusaciones, en cambio, consideran que las cargas supusieron un delito contra la integridad moral, a pesar de que la fiscalía lo descarta y considera que no fueron bastante graves para no ser amnistiados.

Las entidades soberanistas consideran que la ley de amnistía no tiene que beneficiar «los responsables de la brutalidad policial» del 1-O y señalan que es incompatible con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Así, argumentan que los actos que se los imputan tienen que quedar exentos de la amnistía porque pueden representar delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes que superan el umbral de gravedad en conformidad con la jurisprudencia del TEDH. El artículo 2 de la ley de amnistía, consideran, los excluye.

Las organizaciones personadas, que aseguran no estar sorprendidas por la decisión de la fiscalía, contradicen los argumentos presentados por el ministerio público, que este jueves se posicionó a favor de la aplicación de la amnistía. Además, alegan que los hechos no pueden incluirse en el ámbito de aplicación del artículo 1 de la ley, puesto que estas actuaciones policiales no iban dirigidas a impedir delitos ni infracciones administrativas.

Policía Nacional Referéndum 1-O escuela Ramon Llull
Policía Nacional en una carga en la escuela Ramon Llull durante el referéndum del 1-O

Anuncian que plantarán batalla judicial en caso de que se los aplique la amnistía

Por último, las entidades denuncian la lentitud de los procedimientos judiciales contra los agentes policiales por la «vulneración de derechos fundamentales» y critican que siete años después de los hechos no se haya celebrado ningún juicio y las víctimas de violencia policial «todavía no hayan podido acceder a su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación». En el comunicado hecho público este viernes, Òmnium, Irídia y el ANC advierten que continuarán ejerciendo su rol de acusación popular y anuncian que, en caso de que se aplique la ley de amnistía a los ‘piolins’ del 1-O acudirán a las instancias necesarias para no dejar impune la violencia policial.

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