La ley de amnistía se aprobó ahora hace un mes y ya ha beneficiado plenamente a 74 personas, 50 de las cuales son policías. Se trata de 46 policías nacionales y cuatro mozos, 20 manifestantes independentistas y cuatro cargos públicos. Según los datos que ha recopilado el ANC, los altos tribunales de Madrid han amnistiado algunos delitos, pero muchos procesados no contabilizan en esta lista porque todavía tienen alguna pendiente de amnistiar. Mayoritariamente, se han concedido amnistías en Barcelona, mientras que en Lleida y Tarragona no consta ninguna persona amnistiada. En Girona se han amnistiado dos personas, ambas con cargos públicos.
La fiscalía calculaba que la amnistía beneficiaría 486 personas vinculadas a 82 procedimientos, pero de momento solo se los ha aplicado a 74 personas. Òmnium Cultural hizo un cálculo superior, de hasta 1.616 posibles beneficiarios, 697 de los cuales encausados penalmente, y de estos, 540 con procesos abiertos o sin sentencia firme. También contabiliza 919 personas afectadas administrativamente, 875 sancionadas y 34 pendientes del Tribunal de Cuentas.
La lista de los amnistiados hasta ahora
Según ha confirmado la ACN, la amnistía se ha aplicado hasta ahora a 46 policías nacionales que lesionaron votantes el 1-O, cuatro mozos de escuadra investigados por lesiones en una manifestación independentista en Barcelona, el ex consejero de Interior Miquel Buch, condenado para contratar un mozo para hacer de escolta de Puigdemont, lo escolta, el exalcaldesa de Figueres Marta Felip y el secretario municipal de Hostalric, condenado para avalar una multa a unos ciudadanos que arrancaban lazos amarillos. Los veinte amnistiados restantes son manifestantes independentistas investigados o condenados por disturbios en Barcelona.
La ley mujer un plazo de dos meses porque se aplique a todos los afectados, pero por ahora solo se ha aplicado a 74 personas. El resto está pendiente que se le aplique, pero muchos tendrán que esperar porque los tribunales han decidido presentar cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
