La propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de declaración de independencia que pide que el Parlamento declare la independencia de Cataluña continúa su trámite. Esta tarde, la Mesa ha tumbado todas las peticiones de reconsideración de PSC, Vox, Ciudadanos y PP. La petición de Vox ha recibido el voto en contra de todos los miembros del órgano, mientras las del PSC, el PP y Ciudadanos han recibido cuatro votos en contra (Junts, ERC y CUP) y solo han contado con el apoyo de los dos miembros que el PSC tiene al órgano rector del Parlamento.
Una vez formalizada el rechazo a todas las peticiones de reconsideración, Ciudadanos ha anunciado que ampliará su denuncia contra el órgano de gobierno de la cámara ante la Fiscalía con estos hechos y, además, ha denunciado que se «pagará» 40.000 euros a sus promotores, en este caso el partido político Solidaridad Catalana, previstos a la ley y ha detallado denunciará la Mesa por malversación. Aun así, fuentes parlamentarias han aclarado que esta dotación económica se otorga a todos los promotores de la ILP que consiguen reunir las 50.000 firmas necesarias para salirla adelante. Así lo establece el artículo 16 de la ley 1/2006 que regula las iniciativas legislativas populares.
El líder de Ciudadanos en el Parlamento, Carlos Carrizosa, ha señalado que, después del rechazo de su petición de reconsideración, presentarán un recurso de amparo al Tribunal Constitucional e «irán a Fiscalía» por los delitos de prevaricación, desobediencia y que ampliarán la denuncia por el delito de malversación cuando la cámara catalana pague estos porque, según él, están pagando con dinero público la agitación y propaganda de un texto que nunca entrará en vigor».
¿Cuál es el siguiente paso de la ILP?
Una vez admitida a trámite la ILP y tumbadas todas las peticiones de reconsideración, Solidaridad, como comisión promotora, tiene que presentar a la comisión de control de las ILP -integrada por tres magistrados del TSJC, tres catedráticos de derecho constitucional o de ciencia política y tres juristas- los pliegos para poder recoger las firmas, puesto que estos tienen que ser validados y sellados. La recogida de firmas no se podrá iniciar hasta que se haya superado este trámite y los promotores dispondrán de 120 días hábiles para recogerlas, y que se pueden prorrogar durante 60 días más por causas justificadas.
En este sentido, el secretario general de Solidaridad, David Folch, detalló en declaraciones en El Mundo que ya han contactado con las entidades “más significativas del país” como son el AMI, el ANC, el Consejo de la República y Òmnium con el objetivo de abrir la recogida de firmas “a toda la gente que quiera participar”. “Si todos colaboramos, seguro que llegaremos a las 50.000 firmas”, subrayó.
