El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha amnistiado a la exconsejera republicana Natàlia Garriga, acusada por un delito de desobediencia por la organización y celebración del referéndum del primero de octubre. La titular de la cartera de Cultura durante la legislatura de Pere Aragonès, fue directora de Servicios del Departamento de Economía en los años 2016 y 2017. Los tribunales la acusaban de haber firmado contratos menores durante esta primera etapa que hicieron posible el referéndum. La exconsejera enfrentaba una multa de entre 18.000 y 24.000 euros y una inhabilitación de un año.
La abogacía del Estado había solicitado la amnistía y la fiscalía no se ha opuesto, de manera que los magistrados han archivado la causa que afectaba a Garriga, tal como explica la Agencia Catalana de Noticias. Inicialmente, se le abrió una causa por adjudicar diferentes contratos de unas obras en una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, en Hospitalet de Llobregat. Este espacio debía servir de almacén de datos durante el referéndum y debía acoger la sala de prensa del 1-O. La policía española, en todo caso, lo clausuró el día anterior a la consulta. Se llevaron 118 ordenadores, dos servidores, 275 teléfonos y 15 soportes de tarjeta SIM.
Detalles de la causa judicial archivada
Según el detalle de la causa judicial, la exconsejera, en su etapa en el Departamento de Economía, también veló por conseguir una nave industrial en Bigues i Riells (Vallès Oriental) y pidió una contraseña para acceder al portal ‘referendum.cat’. En un terreno más político, participó de diferentes actos, entre los cuales un “acto de compromiso con el referéndum” convocado por la Secretaría de Economía y Hacienda.
