La Generalitat y el gobierno español han dado versiones diferentes sobre la posibilidad de que los estudiantes de medicina que deben comenzar la especialidad realicen las pruebas del MIR en catalán. En dos respuestas a preguntas por escrito de Junts per Catalunya en el Parlamento y en el Senado, contestan diferente y opuesto. Mientras la consejera de Salud, Olga Pané, asegura que el Ministerio de Sanidad está analizando la posibilidad, el gobierno español ha dejado claro que estas pruebas «es obligatorio realizarlas en castellano». Fuentes de la formación de Carles Puigdemont aseguran que, o bien la consejera les ha «mentido» o bien el ministerio le ha dicho una cosa a ella y otra a Junts. Y añaden que entienden que la respuesta de Pané no tiene valor porque el ministerio prevalece y ha dejado claro que no tiene ningún interés en permitir que estas pruebas se puedan hacer en catalán. Un hecho que consideran un «menosprecio» a las lenguas oficiales del estado español. También afirman que continuarán «trabajando para que se pueda hacer en catalán».
El choque de versiones tiene, en la parte catalana, la respuesta de Pané, quien el 16 de abril aseguraba que el Ministerio de Sanidad está analizando la posibilidad de que las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada se puedan hacer en catalán. Junts per Catalunya le había pedido, en la cámara catalana, qué medidas estaban en marcha para conseguir que los estudiantes puedan realizar las pruebas para las plazas de médico interno residente (MIR) en lengua catalana. Pané manifestaba que el Ministerio de Salud es «consciente de esta cuestión y ha informado que la está analizando, en el marco de sus competencias». En una breve respuesta, la titular de la cartera de Salud del gobierno catalán se limitaba a decir que el ejecutivo de Salvador Illa «permanece atento a la evolución de este trabajo» y que «continuará participando en los espacios de coordinación institucional correspondientes».
Pero la respuesta de la consejera se contradice con la que había dado el Ministerio de Sanidad solo un mes antes, el 13 de marzo, donde dejó claro que estas pruebas solo se pueden hacer en lengua castellana. «La formación sanitaria especializada tiene carácter estatal, único y simultáneo en todo el territorio, se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como por los criterios de homogeneidad, objetividad y seguridad jurídica que deben presidir todo proceso selectivo de ámbito nacional», expone el ejecutivo español. Y añade que «la utilización del castellano en la elaboración y la realización de la prueba responde a su condición de lengua oficial del Estado, de acuerdo con el artículo 3.1 de la Constitución española, y garantiza la uniformidad técnica del examen, la equivalencia de las condiciones de realización y la comparabilidad objetiva de los resultados en todo el territorio».
El Gobierno rechaza negociar con el gobierno español el fin al distrito único estatal
Otro aspecto que se reivindica desde el ámbito profesional sanitario es la posibilidad de poner fin al distrito único estatal para repartir las plazas universitarias, una propuesta que Junts ha propuesto en el Parlamento en varias ocasiones y que siempre ha encontrado el rechazo del PSC. De hecho, como ya informó este diario en su momento, la consejera de Universidades, Núria Montserrat, se reunió en octubre del año pasado con decanos y decanas de las facultades de Medicina de las universidades catalanas y les trasladó que no puede suprimir el distrito único porque se escapa de su ámbito competencial, y apuesta por desplegar medidas que sean “viables” y, al mismo tiempo, “efectivas” para responder a esta demanda, pero siempre dentro de su «alcance competencial.
Montserrat admitió que durante la reunión se trató el Real decreto 69/2000, la norma que regula los procedimientos de ingreso en los centros universitarios, y que establece el distrito universitario único, pero defendió que el objetivo de esta ley es «garantizar la movilidad del estudiantado en todo el Estado español, con independencia de dónde hayan cursado sus estudios previos y hayan realizado las pruebas de acceso», y trasladó a los decanos que es imposible eliminar este marco legal.
