La presión política sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz del grave accidente ferroviario de Urda, en Toledo, se incrementa a medida que se acerca su comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados. La oposición y su socio en el ejecutivo español han puesto en marcha una ofensiva para exigir su dimisión. En un contexto marcado por la indignación ciudadana y el creciente malestar territorial tras el segundo accidente mortal registrado en la misma línea en menos de un año, los diferentes grupos exigen responsabilidades políticas de alto nivel y señalan directamente la gestión del ejecutivo español y la falta de inversiones en la seguridad de la red de alta velocidad.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono de la confrontación al reclamar directamente la dimisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y del propio Óscar Puente. Tras reunirse con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios, Feijóo ha advertido que el gobierno «ha olvidado la cultura de la seguridad» y ha defendido que la asunción de responsabilidades políticas «no puede esperar» al resultado de ninguna investigación judicial. El dirigente popular ha definido la tragedia de Urda como «la dramática gota que colma el vaso» y ha criticado duramente que el ejecutivo quiera «convertir» el siniestro en un «plan de acoso contra un único operario de la estación de Atocha». Al mismo tiempo, el PP también quiere ejercer presión sobre Pedro Sánchez y ha solicitado su comparecencia urgente en la Comisión Permanente del Congreso, al considerar «insuficiente» que solo dé explicaciones el ministro de Transportes.
Por su parte, Vox ha dado un paso más en el ámbito legal al presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes y varios directivos de Adif por supuesto homicidio y lesiones por imprudencia grave por comisión u omisión. La formación de Santiago Abascal fundamenta la querella en el supuesto incumplimiento de los deberes de supervisión y control en materia de seguridad ferroviaria y en el supuesto fracaso en la ejecución de los compromisos acordados tras los accidentes de Adamuz y Gelida. En paralelo, el diputado José María Figaredo cree que Óscar Puente –a quien ha tildado de «criminal»– debería dimitir. Figaredo también ha acusado al gobierno español de «corrupto, traidor, criminal y mentiroso» y ha asegurado que el ejecutivo «se está escondiendo detrás de un trabajador para evadir su responsabilidad». Con todo, y con la mirada puesta en el 29-N, la única formación que no suspendió los actos de campaña el día del accidente ha exigido sacar «a los psicópatas y criminales de la Moncloa».
ERC y Junts intensifican el cerco y reclaman inversiones y explicaciones al máximo nivel
Desde Cataluña, las reacciones también apuntan a Puente y a la Moncloa. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado a Adif y al ministro que «den la cara», recordando que España destina a conservar la red ferroviaria la mitad de la media europea y exigiendo inversiones urgentes y garantías de seguridad. En la misma línea, el cabeza de lista republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha exigido responsabilidades y ha criticado que una sola persona no puede cargar con la responsabilidad de la vida de cientos.
Por su parte, la candidata de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha calificado la dimisión de Puente de «inaplazable» y, al igual que ha hecho el PP, ha reclamado que sea el propio Pedro Sánchez quien comparezca urgentemente en la cámara baja, recordando que se había prometido revisar el sistema de seguridad LZB después de Adamuz. La cabeza de lista de la formación de Carles Puigdemont para el 29-N también ha mostrado su sorpresa por la filtración interesada de los audios del centro de control de Atocha antes de que concluya la investigación judicial.
Por otro lado, el PNB considera que Puente debe «aclarar los hechos», pero también «asumir responsabilidades». La portavoz del PNB en el Congreso y candidata por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, ha pedido «las mayores responsabilidades, tanto a nivel técnico como a nivel político”, y ha recordado ”lo que dijo el presidente Sánchez, porque, tras el accidente, dijo que era un hecho inasumible». «Y compartimos esta afirmación, es un hecho inasumible», ha sentenciado.
Frente Amplio rechaza cargar toda la culpa sobre el factor humano
La cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, que forma tándem con el ministro Ernest Urtasun, se ha sumado a las exigencias de dimisión inmediata de Puente y ha calificado de «imprescindible» que se asuman responsabilidades políticas de alto nivel ante una tragedia que se ha vuelto a repetir en menos de un año a pesar de las promesas del ministerio. Colau ha considerado «inaceptable» que se señale a un trabajador o se reduzca todo al «factor humano», defendiendo que lo que ha fallado es un sistema de seguridad muy complejo que requiere una revisión colectiva y rigurosa de fondo, al tiempo que ha criticado que el tono utilizado por el ministro en sus explicaciones no era el adecuado para la gravedad de la situación. El del Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado, también ha pedido «responsabilidades políticas» y ve «imprescindible» la dimisión del ministro.
Puente resiste y descarta renunciar al cargo
Ante esta avalancha transversal de críticas y peticiones de cese, Óscar Puente resiste y ha descartado de manera tajante dimitir. El ministro ha asegurado que cuenta con la plena confianza del presidente español para enderezar la situación y centrar los esfuerzos en aclarar el accidente, el segundo en nueve meses. El titular de Transportes ha apuntado como posible causa del siniestro a una incidencia en el centro de control de mando de Atocha, y ha replicado que no se esconderá detrás de nadie ni utilizará a ningún trabajador como escudo. Paralelamente, ha cargado duramente contra el PP por intentar «hacer carnaza política» con las víctimas mortales y ha defendido su gestión en medio de una crisis que hace tambalear la credibilidad de la red de alta velocidad española, a la espera de su comparecencia inminente en el Congreso.
