El gobierno español mantiene «plena confianza» en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser procesado por un presunto delito de revelación de secretos. El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, ha cerrado filas con García Ortiz, un fiscal «ejemplar» que siempre ha trabajado «persiguiendo el delito». Bolaños, una de las voces más autorizadas del ejecutivo de Pedro Sánchez, ha recordado que la decisión «no es firme» y ha asegurado que «al final la verdad prevalecerá». Horas antes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido «respeto por la presunción de inocencia».
El magistrado de la Sala Penal Ángel Luis Hurtado ve suficientes indicios para señalar al fiscal como responsable de la filtración de un correo electrónico que había enviado el abogado de Alberto González Amador -la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díez Ayuso– en uno de los procedimientos judiciales. «Mantenemos nuestra confianza en el fiscal general del Estado, porque, entre los fiscales y los defraudadores confesos [en alusión a la pareja de Ayuso], este gobierno está con los fiscales», ha remarcado de nuevo Bolaños en declaraciones a los medios.
Desde el entorno del mismo fiscal insisten en que Ortiz no dimitirá de sus responsabilidades. Personas de su entorno y de la fiscalía general han apuntado esta mañana a diferentes agencias de noticias que el fiscal «se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de esta». Bolaños también ve «perfectamente sostenible» que Ortiz continúe en el cargo a pesar de ser procesado.
El PP pide su dimisión inmediata
El Partido Popular quiere aprovechar el caso Ortiz para llevar a Sánchez a un corredor de salida. Los populares señalan que estas supuestas filtraciones por las que ha sido procesado el fiscal general eran una orden directa del presidente español, y por eso le piden también la dimisión. En un tuit en las redes sociales, el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la decisión del Supremo para cuestionar a su homólogo socialista. «Es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien le daba las instrucciones», ha escrito en las redes.
Una petición secundada poco después por el portavoz del grupo popular en el Congreso en una atención a los medios frente a la sede del PP en Madrid. «Un fiscal general del Estado procesado es un hecho inédito y extremadamente grave que lo inhabilita para continuar en el cargo ni un solo minuto más», ha sentenciado Miguel Tellado. Y el portavoz del partido, Borja Sémper, ha apuntado que Sánchez «lleva 40 días escondido» para no dar explicaciones.
Los socios de Sánchez arremeten contra la pareja de Ayuso
Muy diferentes son las interpretaciones de los socios de gobierno. La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha calificado de «peligroso» el hecho de que el TS procese al fiscal general por «tapar la posible corrupción» del entorno de Ayuso. «Se envía así un mensaje muy peligroso si el que acaba imputado es quien lucha contra el fraude y por la verdad ante las noticias falsas. Da un mensaje de impunidad en última instancia a quien vive de mentir y degradar nuestras instituciones», ha apuntado Hernández.
Antonio Maíllo, coordinador de IU, que tiene un ministerio en el gobierno de Sánchez, ha cuestionado hasta qué punto «está dispuesta la reacción para hacer caer el gobierno». Y desde Podemos -exsocio de gobierno de Sánchez, pero ahora fuera del ejecutivo- también han optado por señalar a la pareja de Ayuso, pero han acusado a los socialistas de no saber detener una «guerra sucia» que viene de los mandatos de Mariano Rajoy, según ha dicho Ione Belarra.
