La legislatura que apenas empieza en el Congreso de los Diputados será larga y llena de disgustos para el presidente español, Pedro Sánchez. El decreto ómnibus de medidas sociales, muy criticado por Junts por un artículo que podría amenazar la aplicación de la ley de amnistía, pondrá a prueba la capacidad negociadora del PSOE y será un buen termómetro para comprobar el alcance del nuevo talante negociador de Junts. El partido de Carles Puigdemont ha amenazado en varias ocasiones con tumbar el decreto si el gobierno español no modifica un apartado que permitiría paralizar causas judiciales cuando un magistrado plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En Junts, que no se cansan de repetir que no se fían nada del PSOE, creen que es una maniobra de la Moncloa para dilatar la aplicación de la ley de amnistía y trasladar toda la responsabilidad a la justicia europea. Desde el gobierno español, en cambio, defienden que se trata de una mera transposición de la legislación europea. El entorno al partido de Puigdemont sospecha que podría tratarse de una concesión del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al Poder Judicial para intentar rebajar la tensión de los últimos meses. Sea como fuere, los dos partidos mantienen posturas enfrentadas y, si no hay ningún adelanto durante el fin de semana, la nueva legislatura podría empezar con un primer fracaso para el gobierno Sánchez.

Reunión de Junts y PSOE en Barcelona
El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se han reunido este jueves en Barcelona para intentar acercar posturas, según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado fuentes del partido a la Agencia Catalana de Noticias (ACN). El encuentro acabó sin acuerdo y Turull trasladó a Cerdán que Junts mantendrá su voto negativo a la norma porque el artículo citado “puede poner trabas a la ley de amnistía”.
Sin los votos de Junts, el decreto está condenado al fracaso y tampoco ven claro tramitarlo como proyecto de ley porque consideran que podría ser una “trampa” de los socialistas. La formación independentista ha ofrecido al PSOE que vuelva a presentar el decreto sin el artículo de la discordia. “Se puede retirar el decreto y hacer otro al cabo de cinco minutos sin estas cosas”, explican fuentes del partido. ERC, Bildu y el PNV todavía no se han posicionado públicamente sobre que votarán la semana que viene al pleno del Congreso, que también tiene que convalidar dos decretos más, uno del Ministerio de Transportes y otro de medidas anticrisis que también están en el aire.
Los nacionalistas vascos, igual que Junts, han criticado la estrategia del gobierno español de llevar en el Congreso decretos ómnibus —un cajón de sastre legislativo que complica la negociación y las enmiendas— y ha reclamado a Pedro Sánchez que en el futuro se abstenga de presentar más. También existe cierta preocupación entre los socios del PSOE porque los primeros decretos contienen varios apartados que invaden las competencias de la Generalitat o impulsan medidas polémicas como el encarecimiento de la energía durante los primeros meses del año.