Si los servicios secretos ya son, por naturaleza, herméticos, ahora también lo es su control. Así se desprende de la situación actual de la Comisión Delegada del gobierno español para los Asuntos de Inteligencia. Es decir, el núcleo duro de la Moncloa autorizado a tener conocimiento de los informes que emite el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta comisión es el primer órgano de control político de los servicios secretos y depende directamente del ejecutivo español. Incluso en la web del mismo CNI lo mencionan antes de que la famosa Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, donde el secretario de Estado director del CNI da explicaciones a los diputados españoles.
Una alianza entre Vox, el PP y el Tribunal Constitucional ha dejado esta figura en el limbo y teóricamente inoperativa. La carencia de explicaciones por parte del gobierno de Pedro Sánchez sobre el funcionamiento, la composición y las reuniones de este organismo ha obligado a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, a pedir explicaciones por escrito al ejecutivo español ante la negativa a recibir respuestas más directas o claras por parte del núcleo duro de la Moncloa.
Pablo Iglesias, la excusa para paralizar la comisión del CNI
Las dudas sobre su funcionamiento se remontan a mayo del 2021, cuando el Tribunal Constitucional estimó un recurso de Vox, que denunciaba la modificación legal que permitía al entonces vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, tener acceso a los dosieres y la información generada por el CNI. A partir de aquella resolución, tanto la composición de la comisión como si ha celebrado alguna reunión son un misterio. En agosto pasado la Moncloa reconocía por escrito que la comisión nunca se reunió mientras Iglesias era número dos del gobierno.
Ahora, Nogueras trata de conocer quién se reúne con los servicios de inteligencia y quién sabe la información que genera, o bien si únicamente la actual secretaria de estado directora del CNI, Esperanza Casteleiro, despacha directamente con Pedro Sánchez, sin pasar ningún más filtro ni compartir la información secreta o reservada con los miembros del ejecutivo que pueden hacer uso de esta información en sus programas de gobierno.
Una batalla legal en el Supremo y el TC como pantalla
La situación de la Comisión Delegada para los Asuntos de Inteligencia con Sánchez empezó su singladura como órgano colegiado el 25 de febrero del 2020. Tenía que ser presidida por la entonces vicepresidenta primera del gobierno español y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y la Memoria Democrática, Carmen Calvo. A las reuniones de la comisión tenían que asistir los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Defensa, Arancha González; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Una composición regulada en el Real Decreto 399/2020 de 25 de febrero. Vox y PP interpusieron un recurso ante la sala III del Tribunal Supremo, la del contencioso–administrativo, que tumbó el recurso sin entrar en el fondo de la cuestión por carencia de legitimación activa de los recurrentes. A partir de entonces, el gobierno de Sánchez fue con pies de plomo y continuó sin convocar la comisión, pero la estrategia de la derecha no se quedó ahí. Pocos meses después, Vox, con el apoyo posterior del PP, interpuso otro recurso, esta vez ante el Tribunal Constitucional, contra el Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social de la Covid.
Esta normativa, impulsada por la Moncloa, incorporaba una disposición que modificaba la ley del CNI y l
Secretismo y opacidad: Junts pide explicaciones
Casi dos años después, esta comisión se mantiene bajo una total opacidad que roza la clandestinidad. El 8 de agosto pasado, el mismo gobierno español admitía por escrito que Iglesias nunca pudo asistir a ninguna de sus reuniones porque, simplemente, la comisión nunca se reunió. La Moncloa recordaba, de todas maneras, que las deliberaciones y decisiones de esta comisión son clasificadas como secretas, pero esto no afecta la información sobre su composición y ni sobre su actividad. De aquí que Junts per Catalunya sospeche que la comisión está en falso porque el artículo que regulaba su composición se anuló.
Nogueras ha registrado tres preguntas por escrito para pedir quién conforma a estas alturas esta comisión y, sobre todo, con qué norma se nombran sus integrantes. Dos preguntas claves por saber quién tiene acceso a información confidencial, sobre todo de las actividades que desde el CNI se han llevado a cabo para espiar el independentismo, como en el caso del uso de Pegasus en el Catalangate. En este contexto, la líder juntaire a Madrid también reclama, en una tercera pregunta, si el gobierno español piensa hacer cambios la ley reguladora de los servicios de inteligencia del Estado. La importancia de saber quien controla desde el ejecutivo el CNI también es básica, para Juntos, para decidir si se tienen que pedir explicaciones de control aunque sea a la Comisión de Control de Créditos de los Gastos Reservados, conocida popularmente como la comisión de secretos oficiales.
