La delegación europea de Ciudadanos ha enviado una carta al resto de Estados de la Unión Europea para aclarar que el catalán, el gallego y el euskera “no son lenguas oficiales de España, como exige la normativa europea”, sino de algunas comunidades autónomas. Lo ha hecho después de que el gobierno español haya pedido que lo estén en la UE, una petición que la formación naranja no ve con buenos ojos, considerando que Pedro Sánchez tendría que aprobar antes su reconocimiento en el ámbito nacional.

En el escrito, considera que el ejecutivo en funciones “busca un atajo” para conseguir el apoyo en la investidura y pide que “el consejo se abstenga de convertirse en una plataforma para deliberar sobre asuntos de política interna española”. El partido naranja señala que haría falta un cambio constitucional, puesto que la actual Carta Magna reconoce formalmente la cooficialidad de varias lenguas, pero «designa el español como única lengua oficial a nivel nacional».

Eurocámara en una imagen de archivo / ACN

Ciudadanos defiende que si quieren que el catalán, el gallego y el euskera sean oficiales a Europa, antes «tienen que iniciar un proceso de enmienda constitucional» y «reunir el consenso político necesario en el Congreso que, hasta ahora, no existe». Por otro lado, critica que el gobierno de Pedro Sánchez, que está en funciones, sigue «motivaciones políticas» con esta medida, que a parecer suyo «eclipsa» el papel que tendría que hacer la Presidencia de turno del Consejo.

«Firme compromiso con el multilingüismo»

En todo caso, Ciudadanos recalca que la UE y España comparten un «firme compromiso con el multilingüismo» y subraya que el catalán, el euskera y el gallego ya se pueden utilizar a las instituciones de la UE desde el 2005 cuando se estableció el uso oficial de lenguas suplementarias al Consejo y, potencialmente, a otros órganos de la UE como es el caso de la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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