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La política española ha tenido, en diferentes momentos de las últimas cinco décadas, una variable que ha condicionado la formación de los gobiernos y la configuración de las mayorías parlamentarias: el peso de los partidos nacionalistas catalanes. Desde la Transición, cuando las fuerzas catalanas tuvieron un papel destacado en la reconstrucción institucional y en la negociación del autogobierno, hasta la actual etapa de fragmentación del Congreso, los diputados soberanistas e independentistas han sido determinantes en algunas de las grandes decisiones de la política estatal.

Pero su influencia no ha sido constante ni ha respondido siempre a una misma estrategia. Durante buena parte de las primeras décadas democráticas, Convergència i Unió (CiU) ejerció de representante principal del nacionalismo catalán en Madrid, con una política de pactos que le permitió negociar competencias, financiación e inversiones a cambio de facilitar la gobernabilidad del Estado. Con el crecimiento del independentismo y la posterior fragmentación parlamentaria, el protagonismo pasó progresivamente a Esquerra Republicana (ERC) y, más adelante, a Junts, que han situado el conflicto político con el Estado en el centro de sus negociaciones.

La historia de esta influencia comienza con las elecciones del 15 de junio de 1977. La primera legislatura de la democracia tuvo una representación catalana plural, con el Pacte Democràtic per Catalunya, Esquerra de Catalunya, la Unió del Centre i de la Democràcia Cristiana de Catalunya, el PSC y el PSUC, entre otras fuerzas. La recuperación de la Generalitat, el retorno de Josep Tarradellas y la negociación del Estatut de Sau marcaron aquella etapa, en la que la reivindicación del autogobierno y del reconocimiento de la realidad nacional catalana tuvo una presencia destacada en la política española.

CiU, la clave de la gobernabilidad

La consolidación de CiU como principal fuerza nacionalista catalana abrió una etapa en la que su representación en el Congreso adquirió un valor político superior al que indicaba el número de escaños. La federación liderada por el presidente Jordi Pujol construyó una estrategia de negociación con los gobiernos españoles que tuvo dos momentos especialmente relevantes: las investiduras de Felipe González en 1993 y de José María Aznar en 1996.

Las elecciones de junio de 1993 pusieron fin a tres mayorías absolutas consecutivas del PSOE. Felipe González ganó los comicios, pero se quedó con 159 diputados, lejos de los 176 necesarios para gobernar con mayoría absoluta. CiU, con 17 escaños, y el PNV, con cinco, se convirtieron en decisivos para la investidura. La federación catalana anunció su apoyo al candidato socialista y Miquel Roca defendió el voto afirmativo como una contribución a la estabilidad política, aunque la negociación sobre la financiación autonómica continuaba abierta.

La influencia de CiU se concretó poco después. El gobierno español impulsó la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas, una reivindicación que Jordi Pujol había situado entre las prioridades de la negociación con Madrid. La medida no fue exclusiva de Cataluña, porque se incorporó al modelo de financiación autonómica del conjunto de comunidades, pero representó un cambio en la participación de los gobiernos territoriales en los ingresos tributarios.

Tres años más tarde, CiU volvería a demostrar su capacidad negociadora. El PP de José María Aznar ganó las elecciones de marzo de 1996 con 156 diputados, sin mayoría absoluta. Los 16 escaños de CiU se convirtieron en una pieza fundamental para la investidura, que Aznar superó con 181 votos favorables, gracias también al apoyo del PNV y Coalición Canaria.

El pacto del Majestic, negociado entre Aznar y Pujol, estableció las bases de la colaboración entre el PP y CiU. Entre los compromisos había un nuevo modelo de financiación autonómica, la cesión del 30% del IRPF, más capacidad normativa sobre determinados tributos, el desarrollo de la policía autonómica y el traspaso de competencias pendientes. La negociación tuvo consecuencias que iban más allá de la investidura y contribuyó a modificar el funcionamiento del sistema autonómico.

Evolución de los resultados de las fuerzas soberanistas en Madrid EL MÓN

Aquella etapa consolidó una fórmula política: una fuerza nacionalista con una representación relativamente reducida podía tener una gran capacidad de influencia cuando el partido ganador no disponía de mayoría absoluta. CiU, que en ningún caso defendía postulados independentistas, utilizaba su peso parlamentario para ampliar el autogobierno y obtener concesiones para Cataluña dentro del marco constitucional. El famoso «peix al cove».

La entrada de ERC y el cambio de estrategia

El año 2004 marcó otro momento significativo. ERC consiguió 8 diputados en las elecciones españolas de marzo y apoyó la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, quien obtuvo 183 votos favorables. La federación nacionalista comenzó así a compartir protagonismo en Madrid con una Esquerra que ganaba peso electoral y que defendía un horizonte nacional diferente al de CiU.

La legislatura coincidió con la reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña, un proceso que situó las relaciones entre Cataluña y el Estado en el centro del debate político. ERC apoyó inicialmente la reforma, pero terminó rechazando el texto aprobado en el Congreso tras las modificaciones introducidas durante la negociación. El nuevo Estatuto fue aprobado en referéndum en 2006, pero la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 recortó varios preceptos y desencadenó una nueva etapa de movilización política y social.

A pesar del ascenso de ERC, CiU mantuvo una representación importante en el Congreso. En 2008 obtuvo 10 diputados y ERC cayó a 3. En 2011, la federación creció hasta los 16 escaños, pero la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy limitó su capacidad para condicionar la investidura y las decisiones del gobierno español. Es un ejemplo que ilustra una de las claves de la influencia parlamentaria: no basta con tener una representación numerosa, también es necesario que aritméticamente esa representación sea necesaria.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados / Eduardo Parra / Europa Press

El procés rompe el equilibrio en Madrid

El inicio del procés independentista transformó profundamente este equilibrio. La consulta del 9 de noviembre de 2014, con Artur Mas en la presidencia de la Generalitat, las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y el referéndum del 1 de octubre de 2017 situaron la reivindicación de la independencia en el centro de la política catalana y modificaron las estrategias de los partidos en Madrid. La desaparición de CiU y la consolidación de dos fuerzas independentistas diferenciadas, ERC y el espacio postconvergente, dieron paso a una nueva etapa.

En las elecciones españolas de diciembre de 2015, ERC obtuvo 9 diputados y Democracia y Libertad (PdCat), la candidatura heredera de Convergència, 8. La repetición electoral de junio de 2016 mantuvo exactamente esta representación. El independentismo sumaba así 17 escaños, pero el Congreso todavía estaba condicionado por una fragmentación que no se tradujo inmediatamente en una mayoría alternativa de gobierno.

De la moción de censura a las investiduras de Sánchez

El primer gran momento de cambio llegó en junio de 2018, cuando los diputados de ERC y del PDeCAT -nuevas siglas del espacio post convergente- dieron apoyo a la moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy. La iniciativa prosperó con 180 votos favorables y convirtió a Pedro Sánchez en presidente del gobierno español. Los 17 diputados independentistas catalanes contribuyeron a una mayoría que puso fin al gobierno del PP tras la sentencia del caso Gürtel.

La fragmentación del Congreso y la imposibilidad de formar mayorías estables ampliaron aún más el margen de negociación de los partidos independentistas. En las elecciones de abril de 2019, ERC dio un salto hasta los 15 diputados y Junts per Catalunya obtuvo 7. En conjunto, ambas fuerzas sumaban 22 escaños. En la repetición electoral de noviembre, ERC bajó a 13, Junts subió a 8, y la CUP entró al Congreso con 2 representantes. El total independentista alcanzó los 23 diputados, el máximo de la serie.

Pero ese resultado no se tradujo en una estrategia unitaria, a pesar del contexto de represión política y judicial contra los líderes del 1-O. ERC y Junts adoptaron posiciones diferentes ante la investidura de Pedro Sánchez. En enero de 2020, los 13 diputados republicanos se abstuvieron, mientras que Junts votó en contra. Sánchez fue investido en segunda votación con 167 votos favorables, 165 contrarios y 18 abstenciones. Las abstenciones de ERC y EH Bildu permitieron que el candidato socialista superara la mayoría simple necesaria.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras / Eduardo Parra / Europa Press

La negociación adquirió una dimensión diferente después de las elecciones de julio de 2023. El PSOE quedó por detrás del PP en número de votos y escaños, pero pudo articular una mayoría con el apoyo de diversas formaciones territoriales y plurinacionales. ERC y Junts, con 7 diputados cada uno, volvieron a ser imprescindibles para la investidura de Sánchez. Ambos partidos votaron a favor, tras negociar acuerdos separados con los socialistas.

La ley de amnistía se convirtió en el principal compromiso político de la negociación con Junts y ERC, junto con otras demandas sobre lengua, financiación, infraestructuras y reconocimiento nacional. El cambio respecto a la etapa de CiU es evidente: mientras que los pactos de los años noventa se centraban en la ampliación del autogobierno y en la participación en el sistema de financiación, las negociaciones actuales incorporan el conflicto derivado del procés y la situación de los dirigentes y activistas independentistas.

Más escaños no siempre significa más poder

La evolución de la representación soberanista e independentista catalana en Madrid deja una paradoja: los momentos de más fuerza numérica no siempre han coincidido con los de mayor capacidad negociadora. En noviembre de 2019, el independentismo alcanzó los 23 diputados, su máximo histórico en el Congreso. Cuatro años después, Junts y ERC sumaban 14 escaños, pero volvieron a tener la clave de una investidura. La comparación con 1996 es especialmente ilustrativa. CiU consiguió condicionar la formación del gobierno de Aznar con 16 diputados, mientras que en 2023 Junts y ERC negociaron la investidura de Sánchez con 2 escaños menos. En ambos casos, el factor determinante no fue tanto la dimensión de la representación catalana como la necesidad que tenía el partido ganador de encontrar apoyos fuera de su espacio político.

Por otro lado, ser decisivo en una investidura no garantiza que los compromisos se cumplan ni que se traduzcan en mejoras tangibles para Cataluña. La diferencia entre los acuerdos firmados, las medidas aprobadas y su ejecución efectiva es una de las cuestiones que permiten medir el poder real de los diputados catalanes.

Desde la Transición, el nacionalismo catalán ha pasado de negociar el reconocimiento del autogobierno y el despliegue del Estado de las autonomías a condicionar mayorías parlamentarias con demandas vinculadas al conflicto nacional y a la independencia. Han cambiado los partidos, los objetivos y los instrumentos de negociación, pero se mantiene una constante: cuando el Congreso está fragmentado y ningún bloque dispone de suficiente mayoría, los diputados catalanes pueden volver a convertirse en una pieza decisiva de la política española.

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