El Gobierno se prepara para responder a las heridas económicas previstas a raíz de la guerra en Oriente Medio. Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, tras la reunión entre el ejecutivo y los partidos del Parlamento para abordar la inquietud generada por el conflicto en Irán. Según ha detallado Dalmau, el ejecutivo presidido por Salvador Illa «desplegará las medidas que sean necesarias» de cara al tejido económico del Principado. Aunque el consejero no ha dado aún un calendario detallado para poner en marcha las medidas, ha asegurado que planean activarlas «lo más pronto posible». Espera que sea «en las próximas semanas», después de que las instituciones comunitarias y el gobierno español hayan anunciado sus propuestas económicas; las cuales deberán ser «complementarias» con las catalanas.
«Nuestro objetivo debe ser siempre articular respuestas de país», ha declarado el consejero, que se ha comprometido, en una atención a los medios tras la reunión con los partidos, a movilizar recursos durante «todo el tiempo que sea necesario» para evitar que los agravios que pueda causar la guerra se extiendan a Cataluña. Entre otras cuestiones, el Gobierno ha puesto en marcha un grupo de trabajo permanente dirigido por la consejera de Economía, Alicia Romero, con los portavoces económicos de los grupos parlamentarios para hacer un seguimiento inmediato de los efectos de la guerra. Consultado sobre las posibles rebajas fiscales que ha reclamado el mundo económico en las últimas semanas, el consejero no ha querido entrar en detalle; y ha remarcado que la Generalitat aplicará la «respuesta más eficiente».
Posiciones divergentes
A pesar de ello, las formaciones parlamentarias no parecen encontrar un objetivo común en cuanto a qué tipo de respuesta debería desplegar el Gobierno. Mientras los Comuns y la CUP reclaman «medidas estructurales» para abordar la potencial crisis, el PSC asegura que, con la hoja de ruta económica que ya tiene sobre la mesa el ejecutivo, se puede enfrentar el terremoto económico que viene. El portavoz socialista en la cámara catalana, Ferran Pedret, ha negado que sea necesario «alterar sustancialmente la estructura fiscal del país» para activar las medidas adecuadas. A ojos de Pedret, los presupuestos que ha aprobado el Consejo Ejecutivo deberían permitir controlar la situación.
El portavoz del grupo parlamentario de Junts, Salvador Vergés, ha celebrado la iniciativa de establecer un grupo de trabajo permanente para seguir la situación; pero ha reclamado medidas «concretas» al ejecutivo. Unas medidas que, a su parecer, han faltado en la reunión con los partidos. Entre otras cuestiones, los independentistas plantean bajar el IRPF a las rentas bajas y medias; y han aprovechado la crisis para insistir en las bonificaciones en los impuestos de sucesiones y de transmisiones de empresas familiares; así como en la donación de la primera vivienda. También ponen sobre la mesa una moratoria de la tasa turística y aumentar la partida para el bono social energético.
Por su parte, los Comuns reclaman establecer un «escudo social» catalán, en línea con el paquete regulador que ha planteado el gobierno español. La presidenta del grupo de la formación en la cámara catalana, Jéssica Albiach, ha exigido al Gobierno catalán que «no se quede corto» en los recursos que dedique a gestionar la crisis. Desde los Comuns plantean medidas para proteger a las pequeñas y medianas empresas, sostener las economías familiares, acelerar las energías renovables y garantizar una vivienda digna. En concreto, proponen bonificar el 50% del precio del comedor escolar en la educación infantil, primaria o secundaria o prestaciones complementarias para personas con hijos a cargo. Por su parte, la portavoz de la CUP, Laure Vega, ha exigido «medidas de carácter estructural»; así como una «fiscalización absoluta de las ayudas a las grandes empresas» que pongan en marcha las administraciones.
