Julio Iglesias fue denunciado hace nueve meses por dos ex empleadas que lo acusaban de haber atentado contra su libertad sexual mientras trabajaban en sus mansiones en República Dominicana y las Bahamas. La lista de delitos que querían imputarle era muy larga, ya que aseguraban haber vivido «un auténtico infierno» con «lesiones, abusos sexuales, condiciones abusivas y trato vejatorio«. Lo describieron como un auténtico monstruo y querían que pagara las consecuencias de sus actos, pero la justicia española consideró que no tenía competencia para juzgar este caso.
La fiscal concluyó que los tribunales españoles no tenían jurisdicción porque los hechos habían ocurrido en el extranjero, las ex empleadas no eran españolas y tampoco habían viajado a España con él. No podía investigarse el caso aquí porque no había «ningún vínculo personal o territorial» con el país, decían. Además, que Julio Iglesias no vive en España y este era otro de los motivos para impedir que la justicia española pudiera intervenir.
La defensa de las dos mujeres recurrió contra esta decisión, claro está, y ahora la Audiencia Nacional ha cambiado de criterio. Sorprendentemente, el fiscal que ha revisado el caso ha considerado que los tribunales españoles sí son competentes para investigar los hechos denunciados. Así lo asegura eldiario.es, que confirma que ya se ha enviado el informe al juez que deberá decidir si abre o no la investigación.
¿Qué podría pasarle a Julio Iglesias si acaban investigando esta denuncia contra él?
La pelota está en la Audiencia Nacional, que deberá decidir si acepta la querella o si opta por hacer que no prospere. El caso ha entrado en una nueva fase judicial y este cambio de parecer habrá enfadado a Julio Iglesias. Si aceptan investigar la querella contra él, el cantante podría enfrentarse a un procedimiento penal por presuntos delitos muy graves, como agresiones sexuales, tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral y delitos contra los derechos de las trabajadoras. Si la causa prospera, podría ser citado a declarar y el juez podría ordenar diligencias para recoger pruebas e interrogar testigos. En caso de que la investigación encontrara indicios suficientes, el procedimiento podría llegar a juicio.
Las consecuencias penales podrían ser importantes, ya que el delito de tráfico de seres humanos prevé, en general, penas de cinco a ocho años de prisión, mientras que el tipo básico de agresión sexual puede conllevar de uno a cuatro años, con penas superiores en las modalidades agravadas. Las penas concretas dependerían de los hechos que se pudieran demostrar y de los delitos que se acabaran apreciando. Él ha negado todas las acusaciones y ha aportado conversaciones de WhatsApp con ellas en las que se muestran tiernas con él, pero se trata de unas acusaciones muy graves que pueden afectar aún más a su reputación.
