Kaswaa Elkhelaly, periodista egipcia y fundadora de la plataforma de noticias Egyptke, construyó su medio para servir al régimen de Abdel Fattah Al-Sisi. En su carta fundacional, justificó que el portal nacía en respuesta a las demandas del dirigente para desarrollar los medios. No era un medio opositor, no publicaba reportajes críticos con el poder ni daba voz a los disidentes. A pesar de ello, el Consejo Supremo de Regulación de Medios (CSRM) bloqueó el acceso a la web el 7 de abril de 2026, alegando una falta de licencias. La decisión se basó en las recomendaciones del comité de quejas, que detectó prácticas descritas como “perjudiciales para la estabilidad social”. El proceso comenzó debido a una denuncia del Ministerio de Agricultura relacionada con la publicación de informaciones sobre pollos en mal estado que habrían generado alarma en los mercados locales.
Semanas antes del corte del servicio, en diciembre de 2025, la historia se había vuelto más turbia. Una fuerza armada y enmascarada irrumpió en su domicilio, confiscó dispositivos electrónicos y cámaras y detuvo a su hermano, Mundhir, también propietario de la empresa editora, Basket KE Media, y el director editorial del medio, Ahmed Rifaat.
“Es una nueva tendencia”, explica Mohammad Abdel Salam, director ejecutivo de la Asociación por la Libertad de Pensamiento y Expresión (AFTE, por sus siglas en inglés), la principal organización egipcia de derechos digitales. «Ahora ya no atacan a la oposición. También han comenzado a perseguir a personas que solían ser sus seguidores a través de la censura en internet», expresa.
560 webs bloqueadas
El fenómeno en Egipto no nació de un día para otro. Tal como recuerda el activista, el primer gran apagón se produjo el 24 de mayo de 2017, cuando las autoridades bloquearon el acceso a al menos 21 sitios web sin ninguna explicación oficial ni recursos legales para apelar la medida. Desde entonces, el número de portales bloqueados ha crecido. Según el recuento de AFTE, el número de webs y enlaces restringidos ha superado las 540 direcciones, entre medios independientes, plataformas de derechos humanos, herramientas de VPN, blogs y sitios de oposición política. Al menos 132 son medios de comunicación.
Abdel Salam se remite a la aprobación de la ley de ciberdelincuencia (2018), que intentó dar cobertura legal a esta práctica estableciendo condiciones concretas: las decisiones de bloqueo debían remitirse al poder judicial y los afectados tendrían derecho a recurrir. Un marco regulador que, en la práctica, cambió poco. «La mayoría de las decisiones de bloqueo, a través de la Organización Nacional de Telecomunicaciones o el Consejo Supremo de Medios, continúan siendo ilegales», afirma Abdel Salam. «Las toman las agencias de seguridad sin ninguna base legal. Es el caso de Al-Manassa y Mada Masr, los principales medios independientes del país. No hay resolución judicial oficial contra ellos y, sin embargo, continúan bloqueados”, argumenta el activista.
El patrón se repite: los responsables de los medios solicitan licencias al CSRM, pagan las tasas y esperan meses sin recibir respuesta. Luego, un día, el sitio deja de cargar en Egipto. En 2023, AFTE y más de una docena de organizaciones de derechos humanos —como Reporteros Sin Fronteras o Access Now— condenaron el bloqueo de dos medios, Soulta 4 y Masr 360, bajo el pretexto de la falta de licencias. «El bloqueo de estos medios coincide con las discusiones sobre el derecho a la información en el marco del diálogo nacional en curso», señaló AFTE en un comunicado conjunto firmado por organizaciones de 15 países. Esto genera dudas sobre la “seriedad” de las autoridades egipcias.
El mismo Abdel Salam conoce de primera mano lo que describe. En 2018, las autoridades aeroportuarias confiscaron su pasaporte y fue citado por la Agencia de Seguridad Nacional. No obtuvo un nuevo pasaporte hasta 2023. En 2022, agentes de civil pusieron la sede de AFTE en El Cairo bajo vigilancia durante dos semanas. Recientemente, ha sufrido nuevas restricciones de viaje.
Vigilancia masiva
El bloqueo de webs es la parte visible del sistema, pero la vigilancia masiva es su dimensión más inquietante. AFTE identificó al menos cinco instituciones estatales que hoy en día perpetúan el control de la actividad digital de los ciudadanos: la Fiscalía General, el Departamento General de Tecnología de la Información del Ministerio del Interior, el CSRM, las universidades públicas y la Autoridad Nacional de Medios. “No hay ninguna base legal clara en la legislación represiva egipcia que otorgue a las autoridades el derecho a llevar a cabo este tipo de vigilancia masiva”, explica Abdel Salam. En la práctica, «el Ministerio del Interior ha establecido múltiples mecanismos para monitorear toda clase de actividad en redes sociales: publicaciones en Facebook, contenido político y, más recientemente, vídeos en TikTok. Incluso si el usuario los publicó como entretenimiento».
Activo en la vigilancia digital desde al menos 2011, el caso más revelador es el del Departamento de Tecnología de la Información del Ministerio del Interior. Según la ONG de Abdel Salam, en 2016 un funcionario del órgano elaboró un informe de seguimiento de una página de Facebook llamada Gat Negre 2 que publicaba críticas al ejército y la policía. El administrador del sitio web, Mamdouh Safwat, obtuvo una orden de detención. Registraron su domicilio, confiscaron los dispositivos electrónicos y accedieron a las credenciales de Facebook. Lo interrogaron sobre su participación en la revolución de la Primavera Árabe de 2011 y su pertenencia a movimientos políticos.
La unidad de monitoreo egipcia detectó un vídeo de una joven creadora de contenido en TikTok, Haneen Hossam, y la detuvo con la acusación de atentar contra “los valores de la familia egipcia”. Tras su absolución, la Fiscalía abrió un segundo caso y la condenó a diez años de prisión, una pena que le fue reducida a tres años tras un nuevo juicio.
No es un caso aislado. El CSRM también ha utilizado sus mecanismos de seguimiento para presentar denuncias contra profesores universitarios que criticaron a sus altos cargos en Facebook. Universidades públicas han expedientado a profesores, algunos con resultado de despido, por comentarios en las redes, a través de sus Departamentos de Relaciones Públicas o de Seguridad. La Autoridad Nacional de Medios destituyó en 2018, con sentencia del Tribunal Supremo, a un director de grabaciones de exteriores por publicar “frases inadecuadas” sobre el presidente en la cuenta de la red social de Meta.
China y Rusia, exportadores del manual
Lo que ocurre en Egipto no es un fenómeno aislado. Para Carles Ortolà, profesor de Inteligencia Estratégica en la UB y especialista en amenazas tecnológicas, la censura en el mundo árabe forma parte de un patrón global con dos grandes exportadores del manual: China y Rusia. «La censura digital no es un botón rojo que un régimen activa puntualmente», explica. “Es una arquitectura compleja, estructurada y engrasada durante mucho tiempo, con dos capas superpuestas: una técnica, donde los gobiernos se interponen físicamente entre la ciudadanía y la red global, y otra de narrativa, con marcos legislativos severos que hacen que saltarse esta infraestructura tenga un coste personal muy alto”.
China encarna el modelo integral: el Gran Cortafuegos actúa de aduana digital nacional, con sistemas de captación de datos que alimentan los servicios públicos y los aparatos de seguridad. Rusia opta por otra solución para censurar la disidencia en línea, más sofisticada: un sistema descentralizado donde la censura opera en todos los nodos intermedios, con una precisión “quirúrgica” que evita la sensación de bloqueo total y mantiene una apariencia de normalidad.
Esta tecnología se ha convertido en producto de exportación. En septiembre de 2025, recuerda Ortolà, se filtraron documentos del Partido Comunista Chino que reconocían la transferencia tecnológica a países como Myanmar, Etiopía, Kazajistán o Pakistán. Rusia lo ha hecho con países como Bielorrusia, Corea del Norte o Uganda. «Quien depende de tu infraestructura de censura también depende de ti para mantenerla operativa», señala Ortolà. “La dependencia técnica se convierte en alineamiento estratégico”.
Ortolà subraya un mecanismo menos visible, pero eficaz: lo que activistas y académicos comienzan a llamar “violencia algorítmica”. «Los algoritmos no necesitan prohibir un contenido para hacerlo desaparecer de la conversación pública. Solo se necesita reducir su distribución, no recomendarlo o colocarlo tres resultados más abajo. La censura también es invisibilización.» Durante la guerra de Gaza, investigadores de la organización Human Rights Watch documentaron cómo los algoritmos de Meta habrían aplicado sistemáticamente este mecanismo sobre contenido palestino. Este está técnicamente publicado, pero sepultado bajo capas de otra información hasta resultar inaccesible.
Según el Centro Europeo de Estudios Populistas, la empresa norteamericana-canadiense Sandvien suministró tecnología DPI para interceptar comunicaciones, mientras que la china Huawei participó en proyectos de “ciudad segura” dentro de la Ruta de la Seda Digital. La Nueva Capital Administrativa egipcia, el proyecto urbanístico desarrollado por la China State Construction Engineering Corporation, incorpora 6.000 cámaras con reconocimiento facial y sistemas inteligentes de la corporación tecnológica Honeywell.
La connivencia occidental
Tanto Abdel Salam como Ortolà coinciden en un diagnóstico: Occidente mira hacia otro lado. «Especialmente, después del 7 de octubre, la idea de defender los derechos humanos en el mundo está en un momento crítico», afirma el activista, ya que considera que los países occidentales están centrados en el papel de Egipto como factor de estabilidad regional. Lamenta que “los derechos humanos han pasado al último punto de su agenda, a favor de la seguridad, la migración y la gestión de conflictos regionales”.
Con buenas relaciones con el régimen de Abdel Fattah al-Sisi y posiciones reconocidas internacionalmente en materias de derechos humanos –incluida su oposición pública al genocidio en Gaza–, el defensor de los derechos en Egipto cree que el gobierno español tendría “la credibilidad y la comprensión común de los valores de los derechos” para abrir esta conversación con El Cairo. La asociación Egipto-UE sería, según él, otro canal para presionar en esta dirección.
La suma de todos los mecanismos apunta a un objetivo que va más allá de la represión individual. «El botín que persiguen estos regímenes no es ni la detención de disidentes ni el bloqueo de información», argumenta el profesor catalán, sino «lograr que el periodista, activista o ciudadano corriente se autocensure antes de escribir nada». “Que sea él mismo quien se recorte los pensamientos antes de publicarlos, quien elija no hacer la llamada, quien no realice la búsqueda en Google”.
En Egipto, este objetivo está bien encaminado. “El miedo ha aumentado dentro de la sociedad en los últimos años”, confirma Abdel Salam. «Si eres un ciudadano normal y cada día ves cómo el Ministerio del Interior detiene a personas por publicar vídeos bailando, tendrás miedo. Es catastrófico».
El caso Egyptke ilustra la lógica de un sistema que trasciende la mera distinción entre aliados y enemigos. Cualquiera puede convertirse en objetivo si en algún momento resulta un inconveniente. La misma Kaswaa Elkhelaly, fundadora de un medio presentado como respuesta a la idea de Al-Sisi de “desarrollar los medios”, se encontró solicitando auxilio al mismo presidente después de que una fuerza enmascarada irrumpiera en su casa. «Solo hay una cosa peor que la censura, y es la autocensura», concluye Ortolà citando un dicho popular. En Egipto, ambas conviven desde hace años.
