El Juzgado de instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat ha citado como investigados a nueve dirigentes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a raíz de una denuncia de Societat Civil Catalana (SCC), que adelantó El Món, por unas irregularidades contables que recogió un informe de la Sindicatura de Cuentas de los ejercicios 2021 y 2022. Los hechos se remontan al período entre 2015 y 2021, cuando gobernaba la cúpula anterior a la actual, que inició el mandato en marzo de 2022, y la entidad españolista, según ha detallado el TSJC en un comunicado, presentó la denuncia por un presunto delito de malversación. La denuncia hace referencia a una serie de presuntas irregularidades que se cometieron por parte del anterior Consejo de Gobierno de la CCMA, pero implica a la dirección actual y dos cargos directivos actuales de la CCMA.
Fuentes de la CCMA han trasladado a El Món que la actual dirección corrigió las irregularidades detectadas por la Sindicatura y el órgano fiscalizador ha aportado un informe a la magistrada donde “no ve ningún indicio de delito penal ni contable”. Las mismas fuentes, además, consideran que se trata de una nueva denuncia con un claro “trasfondo político” para “deslegitimar y desestabilizar los medios públicos de este país que trabajan por la lengua y la cultura catalana” y, por otro lado, ven mala fe en llevar al juzgado a la actual cúpula de la CCMA por hechos ocurridos durante el anterior mandato. En este sentido, el ente público afirma que se personará ante el juzgado porque considera que el caso se desmonta muy rápidamente, ya que no ha habido ningún delito ni ilegalidad por parte de ningún miembro del actual Consejo de Gobierno ni del equipo directivo de la CCMA.
A estas alturas, sin embargo, el magistrado ha citado a declarar entre abril y mayo de 2026 a los miembros del actual consejo de gobierno de la CCMA, que inició el mandato en marzo de 2022. Es decir, la presidenta Rosa Romà, la vicepresidenta Àngels Ponsa, el secretario Lluís Garriga, y los consejeros Carme Figueras, Lluís Noguera, Gemma Ribas y Josep Riera. Asimismo, también han sido citados Andreu J. Martínez, actual director de gestión presupuestaria, empresa verde y servicios generales de la CCMA; y Lluís Bernabé, director ejecutivo de La Marató.
Societat Civil Catalana pide verificar si ha habido conductas similares
Por su parte, Societat Civil Catalana denuncia que los hechos comprobados por la Sindicatura en los ejercicios 2021 y 2022 “podrían no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal”. Es por ello que en la denuncia la entidad españolista solicita diligencias específicas para verificar “si conductas similares se han producido también en ejercicios anteriores o posteriores”. En la denuncia, los servicios jurídicos de SCC solicitaban la apertura de diligencias por los posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con la gestión ilícita de recursos públicos.
