La duodécima jornada del juicio del caso Inipro ha sido más intensa de lo esperado. La mañana de este jueves se encaraba la recta final de la práctica de la prueba con las declaraciones de los principales acusados en un sumario sobre las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Tarragona durante el mandato del socialista Josep Fèlix Ballesteros. La tesis incriminatoria del caso es que el gabinete de alcaldía, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST), contrató una empresa Inipro que a su vez fichó a militantes y simpatizantes del PSC, para fomentar el asociacionismo entre recién llegados, pero en realidad se dedicaban a hacer propaganda y ciberactivismo a favor de Ballesteros y de la formación socialista.
De esta manera, han subido al estrado Antonio Muñoz, exgerente del IMSST, el jefe de gabinete de alcaldía y mano derecha de Ballesteros, Gustavo Cuadrado, y el mismo exalcalde y tótem del PSC en Tarragona. Ballesteros se ha desvinculado de la contratación de Inipro y ha normalizado el grupo de ciberactivistas, así mismo ha remarcado la necesidad de llevar a cabo un proyecto para impulsar el asociacionismo entre recién llegados, y más en años de crisis. Ballesteros ha normalizado que trabajaran en los servicios de Inipro militantes o simpatizantes del PSC que participaran en el grupo de ciberactivismo porque «ser del PSC no es ningún delito». «Por Dios, yo no digo eso», le ha contestado la fiscal. Ballesteros ha admitido que cuando estalló el asunto pidió explicaciones a los implicados y los mismos servicios técnicos del consistorio le explicaron que «la contratación no se habría hecho correctamente». Sin embargo, tenía que firmar las resoluciones de pago por la fórmula «de enriquecimiento injusto» porque el secretario del ayuntamiento, Joan Anton Font, que ayer no pudo testificar y se ha renunciado, le advirtió que podía prevaricar porque el trabajo se había hecho.
Muñoz se ha acogido a su derecho de no responder a las acusaciones del caso -el ministerio fiscal y la CUP- y ha negado cualquier trama. De hecho, ha apuntado que todo tuvo el aval del secretario interventor y que no conocía Inipro antes de contratarla. Por su parte, Cuadrado ha negado la veracidad de los mails inculpatorios y se ha negado a valorarlos porque estaban «manipulados» y eran producto de un «collage». También ha querido resaltar que en la causa faltan documentos del expediente administrativo de Inipro. A pesar de ello, ha admitido que era «poco estético» que militantes o simpatizantes del PSC trabajaran para servicios sociales y a la vez hicieran ciberactivismo a través del Facebook del alcalde. En todo caso, se ha desvinculado absolutamente de la contratación de Inipro.

«Solo habría hecho alguna pregunta»
El exalcalde del PSC en Tarragona ha contestado las preguntas tanto del ministerio fiscal como de la acusación popular de la CUP. Ballesteros ha relatado que se enteró del caso Inipro cuando estalló, es decir, cuando se denunció ante el consejo rector del IMSST y cuando un periodista pidió información del expediente a su jefe de gabinete y de comunicación. En esta línea, reunió a los responsables políticos y técnicos del proyecto, y a los concejales de la oposición tanto de CiU, como los Comuns como del PP. Una vez Antoni Muñoz dimitió de la gerencia, celebró una reunión con toda la plantilla del IMSST para «recentralizar algunos servicios» y redimensionarlo.
Ballesteros ha insistido que nunca tuvo ninguna relación con Inipro y que nunca se dio cuenta de que firmaba para la misma empresa, facturas por enriquecimiento injusto por servicios prestados con una adjudicación caducada. «Si lo hubiera visto habría hecho alguna pregunta pero no lo habría detenido», ha especulado para normalizar este tipo de pagos. Sí, sin embargo, que ha remarcado que el proyecto de promocionar la asociación y el entendimiento con los recién llegados estaba integrado en el Plan de Acción Municipal (PAM). Según la secuencia de los hechos del exalcalde, cuando estalló el escándalo reunió a Muñoz, Pelegrín y técnicos, así como el secretario general, el secretario delegado y el secretario interventor, que le dijeron «que podía ser que el contrato y la adjudicación -negociado sin publicidad- no se hubiera hecho correctamente, pero que el trabajo se había hecho y que entraba dentro de las acciones del PAM y, por lo tanto, no tenía más remedio que pagarlo».
Cuando el abogado de la CUP le ha presionado en los términos de la irregularidad de la contratación, Ballesteros ha saltado como un resorte y le ha espetado a la presidenta del tribunal, Maria Espiau, que el letrado «lo quería llevar hacia su relato». La togada lo ha tenido claro. «Si yo declaro una pregunta pertinente, usted la responde o no, pero no quiero ninguna valoración de los profesionales de esta sala», le ha replicado. Ballesteros ha hecho bondad. El exalcalde sin embargo ha querido enfatizar que en cuanto supo las dudas y las denuncias hizo una auditoría completa y que aplicó sus propuestas para reorganizar el IMSST.

El IMSST y el Ciberactivismo
Por otra parte, ha expuesto que nombró a Victoria Pelegrin como concejala de asuntos sociales, aunque pensaba que debía ir a Urbanismo, y ésta le propuso que pondría a Muñoz como gerente del IMSST. «Le di el visto bueno, aunque yo no debía darle», ha aclarado. Los contactos que había tenido con Muñoz eran en actos lúdicos igual que con Alejandro Caballero, también acusado, miembro de las Juventudes Socialistas de Cataluña (JSC) y que trabajaba para Inipro en el proyecto. «Actos con más de 500 o 600 personas», ha concretado.
En esta línea, la acusación ha entrado de lleno en la cuestión del ciberactivismo, la actividad que según las acusaciones hacían de manera encubierta los trabajadores de Inipro contratados por el ayuntamiento. Ballesteros ha valorado el grupo «ciberactivistas» porque «no llevaba ninguna red» y los ha definido como una «sectorial de voluntarios» que hacían retuits y publicaciones en Facebook, una propaganda que «hacía bien al PSC, para mí, y a la ciudad». «Que yo sepa ser del PSC no es ningún delito!», ha replicado el alcalde cuando el ministerio fiscal le hacía ver que los ciberactivistas eran los trabajadores contratados por el IMSST a través de Inipro.

Antonio Muñoz: «No conocía Inipro»
Muñoz se ha sentado en el estrado y solo ha contestado a su defensa. Una manera de ahorrarse preguntas sobre la gran prueba del caso, los correos electrónicos que las defensas han impugnado y que la Guardia Civil. Muñoz ha incidido en los beneficios del programa del asociacionismo de los recién llegados -con «incluso vocalías en las asociaciones de vecinos»- y el aval del informe de necesidad que hizo el ayuntamiento. Muñoz se ha quitado las pulgas de encima por la contratación a través de una licitación negociada sin publicidad. «Fue lo que dijo el secretario interventor», ha argüido.
También ha subrayado que no conocía de nada a las tres empresas que se presentaron a la licitación y las relaciones entre ellas, solo que conoció a Josep Campàs, una vez que le fue a explicar su «catálogo de servicios» al IMSST porque trabajaba en otros ayuntamientos. «Nunca dije a Inipro a quién debían contratar», ha remarcado. En este sentido, ha manifestado que aunque intentó cambiar la modalidad contractual o de licitación, no le recomendaron los servicios del consistorio porque se habría alargado en el tiempo.
Gustava Cuadrado
Una de las declaraciones más esperadas era la del exjefe de gabinete de Ballesteros, Gustavo Cuadrado, que el mismo alcalde lo ha definido como persona de «máxima confianza». Cuadrado ha comenzado su declaración respondiendo a todos pero advirtiendo que no daba credibilidad a los mails incriminatorios porque habían sido «manipulados». No ha reconocido ninguno de los correos del sumario y se ha visto inmerso en una contradicción entre su declaración en instrucción a la de esta mañana en la sala de vistas de la prisión de Tarragona cuando ha negado haber tenido ningún contacto con el administrador de Inirpo, Josep Campàs, antes de que estallara el escándalo. El abogado de la CUP también ha encontrado otra contradicción, pero tras un análisis detallado, el tribunal no la ha aceptado. Cuadrado se ha quitado toda la responsabilidad de encima sobre las contrataciones de Inipro aunque los indicios recogidos apuntan que en septiembre de 2009, nueve meses antes de la contratación de Inipro ya envió un correo a Muñoz con el contacto de su administrador. El viernes declararán cinco acusados más, entre los que destaca el de Pelegrín, quien ostentaba la dirección política del IMSST.

