Este martes, 9 de junio, se reanuda la vista oral del caso Kitchen, el operativo policial para robar la información comprometida de las finanzas del PP que poseía el extesorero de la formación Luis Bárcenas. El juicio a la trama de las cloacas del PP llega a su punto final con las últimas declaraciones y los informes de las defensas y de las acusaciones, con el ministerio fiscal a la cabeza. Un caso que ahora parece tapado por la vorágine informativa que ha supuesto el levantamiento del sumario del caso Leire, la presunta trama del PSOE que buscaba información delicada sobre jueces, fiscales y guardias civiles que pudieran comprometer las investigaciones y los casos abiertos contra los socialistas, la Moncloa, el presidente español Pedro Sánchez y su entorno. Al fin y al cabo, la supuesta brigada socialista también buscaba en el pozo de la Kitchen pruebas sobre el PP y, sobre todo, cómo y de qué manera jueces, fiscales y policías iban con más cuidado contra los populares que en los casos que acosan al PSOE.
Las últimas jornadas de la vista oral del caso Kitchen habían declarado los principales acusados: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex número dos, Francisco Martínez, que se juegan 15 años de prisión; el exdirector adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía (DAO) Eugenio Pino y el excomisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo Pérez. Sus declaraciones han sorprendido en el sentido de que, si bien hasta ahora parecía que todos protegían sus intereses frente al resto de acusados, su estrategia de defensa ha virado sustancialmente.
Pero tanto Fernández Díaz como Martínez y Pino solo respondieron a sus defensas, para evitar la trampa de las contradicciones, y solo Villarejo, protagonista operativo de la Kitchen, respondió al fiscal: con una intención, señalar a otros responsables políticos e incluso involucrar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que habría querido utilizar el oscuro operativo para tapar las miserias de Juan Carlos de Borbón y sus supuestos negocios con un traficante de armas. Como asegura un viejo principio de los juicios, las vistas orales son solo un contraste de relatos.
Nuevos responsables políticos
En concreto, todo apunta a que el cambio de estrategia en la defensa consolida la tesis de que el objetivo ha sido sacar de la ecuación al exministro y, de rebote, a su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y señalar a Mariano Rajoy y al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó y actual presidente del Instituto para el Bien Común Global, en la Universidad Francisco de Vitoria. Y con la preocupación expresa de no involucrar a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
La intención es hacer triunfar la idea de que, si hay alguna responsabilidad, recaiga sobre Rajoy o Cosidó, para los cuales los delitos estarían prescritos. En cuanto a Cospedal, hay que tener presente que, en su declaración como testigo, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, extremó las precauciones, advirtiendo a la exministra de Defensa así como a las partes que aún podría ser imputada porque el juez instructor la expurgó del caso con un sobreseimiento provisional y no libre, por tanto, aún podría ser procesada si se encontraran nuevos indicios o pruebas.
«Una operación de inteligencia»
Una de las premisas de las declaraciones ha sido no negar la evidencia de una investigación a Bárcenas, pero buscar la manera de convertirla en legal. Así, Pino intentó abonar esta tesis, que ya habían apuntado varios testigos, como el mismo Cosidó. El exdirector general de la Policía, que testificó el pasado 15 de abril, admitió conocer una «investigación sobre la Gürtel» pero que en ningún caso sabía que la llamaban «operación Kitchen o Cocinero». De hecho, se protegió advirtiendo que su «posición era intentar interferir lo menos posible en las investigaciones policiales», y negó tener una relación de confianza con Villarejo.
Por eso, una de las declaraciones más importantes era la de Pino, único condenado por la operación Cataluña a raíz del caso del pendrive de los Pujol. El ex DAO, máximo mando uniformado del Cuerpo Nacional de Policía durante el primer gobierno del PP, evitó incriminar a la cúpula de Interior, pero tampoco a ningún subordinado, como el mismo Villarejo, que estaba adscrito a su dirección adjunta. Pino describió la Kitchen como una operación de inteligencia para encontrar el dinero que tenía Bárcenas en Suiza, no los papeles, e incluso la extendió en el tiempo, hasta prácticamente 2016, remarcando que Willy Bárcenas, el hijo del extesorero de los populares, preparaba viajes a Sudamérica que sospechaban que era para esconder dinero.
Pino también exculpó a Villarejo. De hecho, lo trató de agente de inteligencia que tenía sus métodos de trabajo y el aval de la dirección adjunta. En este sentido, cabe recordar que el mismo Pino le otorgó y mantuvo hasta tres identidades operativas como agente encubierto. Así lo avala un informe policial firmado el 20 de mayo de 2016 donde se certifican las tres identidades: Francisco Javier Hidalgo Estevez; Manuel Pérez Villar y José Javier Esteban Alonso. Unas identidades que el mismo Villarejo en su declaración aseguró haber utilizado en el operativo para recuperar los papeles de Bárcenas. Pino, en coherencia con el resto de subordinados y mandos que han desfilado por el estrado, insistió en la posibilidad legal de «operaciones de inteligencia» sin control judicial.
Villarejo, dispersando la responsabilidad
Si, por un lado, tanto Fernández Díaz como Martínez habían negado la operación Kitchen, a pesar de los indicios que se han recogido en la causa, especialmente las declaraciones del comisario Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad de Apoyo Operativo del CNP, que se han escuchado en la sala, Villarejo remachó el clavo de la estrategia de dispersión. El comisario apuntó directamente a Cosidó, de quien dijo que en el año 2013 le informó que «había interés en las altas instancias» sobre la información delicada que tenía el extesorero del PP.
De hecho, Cosidó había admitido un encuentro con el comisario pero, eso sí, calificándola de protocolaria. Además, Villarejo relacionó a Cosidó con la exvicepresidenta de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría. Una mención nada gratuita, para añadir que «había muchísimo interés en el caso por el hecho de que Bárcenas podía difundir información de altas instancias del Estado». En este punto, involucró al CNI, los servicios de inteligencia, que entonces dependían de Sáenz de Santamaría, con una supuesta maniobra para neutralizar la información que Bárcenas tuviera sobre los negocios de Juan Carlos de Borbón con Abdul Rahman el-Assir, un traficante de armas investigado en España. Un asunto por el cual Villarejo intercedió con el juez que investigaba el caso.
Villarejo intentó quitar la responsabilidad a Martínez, y de rebote, al exministro. Aunque las relaciones no eran buenas en los últimos tiempos, al contrario, Martínez comenzó su declaración alabando a Villarejo y este le devolvió el favor, tratando de pasar de puntillas sobre su intervención en la Kitchen. En este sentido, dirigió la artillería directamente hacia la Moncloa, asegurando que tenía «la sensación de que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y legítima [con el objetivo de rastrear activos de Bárcenas en el extranjero] porque, si había algo que lo pudiera implicar, trincarlo«. “Tengo la impresión de que tanto el exministro como el secretario de Estado y todos fueron engañados por el genio de Rajoy, que lo resuelve todo con Cardhu”, concluyó. Tras los audios del caso Leire, esta tesis, sin embargo, pierde elementos de verosimilitud.
