El fiscal del juicio contra los Pujol Ferrusola, Fernando Bermejo, ha sido el encargado de iniciar la cuenta atrás para el final de la vista oral. Bermejo ha comenzado esta mañana la 36ª jornada del juicio, ahora ya solo contra los hijos del expresidente Pujol, de quien ayer el tribunal decretó el sobreseimiento libre, y contra varios empresarios que fueron socios de sus hijos Jordi y Josep. El ministerio público ha pronunciado su informe ante el tribunal de valoración y análisis de la prueba valorada, pero los primeros minutos ya han permitido constatar de qué pie cojea su conclusión y el carácter político de su intervención.
De entrada, ha utilizado la frase de un testigo que aseguró que en Cataluña era casi una tradición familiar tener dinero en Andorra. A partir de esta afirmación, Bermejo ha aprovechado para introducir la cuña política usando el truco de la tortilla, es decir, le da la vuelta a la tortilla y acusa a los demás de haberla quemado. En concreto, el fiscal ha diferenciado entre tres tipos de catalanes: las «familias acomodadas», «los catalanes nacidos en Cataluña» y los «catalanes que vinieron desde otras partes de España para contribuir a la prosperidad de Cataluña».
A partir de aquí, se ha esforzado argumentando que el juicio no es «político» porque «no ataca a Cataluña sino que la defiende». Todo ello porque los supuestos delitos cometidos, como el delito fiscal o el blanqueo, hacen que el juicio sea «en defensa de Cataluña». En este sentido, ha contrapuesto el discurso que supuestamente, según el fiscal, alegaba el pujolismo durante sus años de mandato, «España nos roba», con el hecho de esconder dinero al fisco español. Bermejo ha remarcado «el poder y la influencia del presidente y de su entorno social», y ha asegurado que «no es la persona que hemos visto en esta jornada».
«Perspectiva»
El fiscal Bermejo, consciente de que la prueba es puramente especulativa, ha invertido la carga de la prueba sobre la herencia de Florenci Pujol. De hecho, considera que está obligado a acreditar la existencia del legado. En cambio, sobre el origen del dinero, se ha acomodado en el concepto «perspectiva». Es decir, valorar los indicios recogidos desde la «perspectiva» de la corrupción. Un terreno que ha destacado porque el fiscal sabe perfectamente que el derecho penal se basa en hechos probados y no en presunciones o «perspectivas».
En este sentido, ha subrayado que el origen del crecimiento de la herencia era alrededor de los años 1990 y 1992, «el año de las Olimpiadas de Barcelona», ha enfatizado. Así, ha valorado las compensaciones y los movimientos de los fondos que tenían en Andorra los hermanos como prueba de presuntas comisiones recibidas por parte de supuestas comisiones para hipotéticas adjudicaciones con la administración catalana. De hecho, ha pronunciado el nombre de empresas especialmente elegidas. Una, por haber sido adjudicataria de un contrato de 1,8 millones en la L9 del Metro -sin más explicación- y una imputada en el caso del 3%.
«La familia Pujol tejió una red de clientelismo para defraudar, lograr una gran fortuna y perjudicar a la sociedad catalana», ha concluido. Así ha comentado que los empresarios pagaban una «matrícula» a la familia como aquel que paga una «matrícula de un gimnasio» y luego iban pagando cuotas del «3%», recordando la causa, aún pendiente de juzgar, del financiamiento irregular de CDC.
Victòria Álvarez, la policía patriótica y Andorra
En las tres horas largas de su informe, también ha mencionado a Victòria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola. De hecho, ha puesto en valor la declaración de Álvarez en sede judicial, que durmió el sueño de los justos, y ha negado que se realizaran pesquisas antes del comunicado de confesión del presidente Pujol, en el cual, por cierto, no menciona Andorra. De hecho, ha parecido que el mismo fiscal reconvertía la comida de La Camarga en una primera denuncia contra la familia Pujol-Ferrusola. Una manera de sacar de la ecuación la imagen publicada en El Mundo, con los fondos de la familia en Andorra.
En el mismo sentido, ha expurgado del caso cualquier derivada de la operación Cataluña y de la policía patriótica restando valor a las declaraciones practicadas donde se reconocieron abiertamente las presiones por parte de sus integrantes a la dirección de la Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad donde la familia tenía el dinero que, teóricamente procedía de la herencia. Una interpretación con la que ha querido recalcar que el juicio Pujol no es un juicio político, aunque, ha enmarcado solo al comenzar el informe el papel político de Jordi Pujol y Soley y su familia.
(Más información próximamente)
